Columna de Pía Greene: Una institucionalidad deficiente

Columna de Pía Greene: Una institucionalidad deficiente

Tras más de tres años desde su ingreso, la comisión mixta del Congreso despachó el proyecto que crea el Ministerio de Seguridad. El debate no estuvo exento de tensiones y nuevamente hubo un déficit en la mirada técnica y especializada.

Existe extensa literatura y evidencia que la calidad de la institucionalidad influye en la eficacia de las políticas públicas. Desde el año 2006, durante el primer gobierno de la Presidenta Bachelet nació la idea de impulsar una nueva institucionalidad, sin embargo, en 2011, luego de cinco años de debate sobre la pertinencia de los cambios, los efectos políticos de estos y tramitación legislativa por parte del Ejecutivo y en el Congreso Nacional, nació el nuevo Ministerio del Interior y Seguridad Pública, que no cumplió con el fin para el que fue ideado: separar dos temas fundamentales: la conducción política y seguridad pública.

Así, 10 años después se presentó un nuevo proyecto, no obstante, el debate se mantuvo en la arena política y aún carece de elementos que son indispensables para lograr un impacto positivo en las políticas relacionadas al tema.

Si bien existen algunos puntos que aportarán a una mayor coordinación entre instituciones con funciones y/o atribuciones en la materia, como el intercambio de información entre servicios, el Sistema Nacional de Protección Ciudadana o la posibilidad de convocar a fuerzas de tarea, el diseño no responde a una realidad compleja, un fenómeno criminal dinámico y en evolución que requiere más que una declaración de buenas intenciones. El proyecto no deja establecidas metas u objetivos conjuntos, incentivos o presupuestos condicionados que logren hacer exigible la acción decidida de diversas instituciones en torno a un problema común.

Un segundo tema relevante es la descentralización, la cual aún no ha logrado ser resuelta de manera definitiva ni adecuada. En la actualidad, el resguardo del orden público recae sobre los delegados presidenciales, representantes del presidente de la República en las regiones. El nuevo proyecto traspasa esta facultad a una nueva figura de secretarios regionales ministeriales, los cuales podrán requerir el auxilio de la fuerza pública en el territorio de su competencia, en conformidad con la ley y contarán con otras atribuciones en materias de seguridad. Sin embargo, será el delegado presidencial, dependiente del Ministerio del Interior, quien liderará los consejos regionales de seguridad y de prevención del delito, lo que podría generar una dispersión del liderazgo en materia de seguridad.

Finalmente, frente a la urgente necesidad de abordar la seguridad desde una mirada integral, es indispensable incluir los peligros de la naturaleza y las potenciales consecuencias de estos en la nueva estructura institucional. Tanto la práctica como la experiencia comparada ha demostrado que, en caso de emergencias, las instituciones que deben actuar con rapidez y coordinación son las mismas que tienen un rol en materia de seguridad. Sin embargo, el Servicio Nacional de Prevención y Respuestas ante Desastres se mantiene en Interior. Un nuevo flanco de descoordinación.

Existen múltiples desafíos en materia de seguridad. El cambio de la forma como se daban los delitos, el aumento de la violencia y la instalación del crimen organizado en el país exigen medidas concretas, basadas en evidencia y con mirada técnica para avanzar en un tema de especial complejidad. La institucionalidad es relevante para la implementación de políticas públicas y hoy existe una oportunidad para avanzar en este tema y, junto a ello, avanzar en seguridad.

Por Pía Greene, investigadora Centro de Estudios en Seguridad y Crimen Organizado, Universidad San Sebastián