Columna de Pilar Larroulet: Escuelas como espacios de protección

Columna de Pilar Larroulet: Escuelas como espacios de protección

La violencia contra niños, niñas y adolescentes conlleva consecuencias de largo plazo para quienes la sufren y para la sociedad, con impactos demostrados en términos de salud, logros educacionales, empleo, y futura violencia. Una identificación temprana permite mitigar en parte estas consecuencias. En ello, docentes y profesionales de la educación juegan un rol fundamental dada la interacción continua con estudiantes y su responsabilidad como denunciantes de estos delitos.

En marzo de 2020, las escuelas cerraron en Chile a raíz de la pandemia del Covid. El objetivo central fue detener el contagio del virus y, con ello, prevenir la pérdida de vidas humanas. En eso nos enfocamos como país. Sin embargo, no fuimos igualmente proactivos en promover la apertura de los establecimientos. Si contrastamos con otras regiones, Latinoamérica es el continente que mantuvo por más tiempo las escuelas cerradas. En el caso de Chile, a junio de 2021 —cuando ya todos los docentes estaban vacunados—, menos de un 50% de las escuelas había retomado —al menos parcialmente— la educación presencial.

Según nuestras estimaciones, este cierre y retraso en la apertura tuvo graves consecuencias en las denuncias de violencia contra NNA. Mirando casos policiales, el cierre de escuela implicó una caída en 23% en denuncias de violencia intrafamiliar contra NNA, 36% en denuncias de abuso sexual contra NNA, y 9% en denuncias de violación contra NNA. Si bien se observa un aumento en denuncias a medida que las escuelas vuelven a tener clases presenciales, este aumento no alcanza los niveles previos a la pandemia sino hasta fines de 2021. En números absolutos, esto se traduce en alrededor de mil casos de NNA que, habiendo sido víctimas de violencia, no fueron derivados a los canales de respuesta adecuada. Si bien vemos un patrón similar en cierres de vacaciones cada año, la recuperación en esos casos es más rápida, probablemente vinculado a diferencias en tasas de asistencia.

Desgraciadamente, los colegios siguen cerrándose por múltiples razones, y la inasistencia escolar se ha mantenido en niveles superiores al período previo a la pandemia. Según datos del Ministerio de Educación, entre 2022 y 2023, 140 establecimientos debieron suspender clases por hechos de violencia. Este año, muchos más lo hicieron para convertirse en locales de votación o para la toma de la prueba de admisión universitaria. Si bien estos cierres suelen ser cortos, pueden tener grandes consecuencias para el bienestar de niños, niñas, y adolescentes, que debiesen ser considerados a la hora de tomar decisiones.

Por Pilar Larroulet, Rutgers University, en conjunto con Damian Clarke, Daniel Pailañir y Daniela Quintana, Universidad de Chile