Columna de Raimundo Undurraga: Abandono escolar

Columna de Raimundo Undurraga: Abandono escolar

En el contexto pospandemia, el abandono escolar ha ido tomado un carácter de emergencia nacional. Según el Centro de Estudios del Mineduc, el número de estudiantes desvinculados entre un año y otro en Chile aumentó en torno a un 25% entre 2019 y 2023. Entre 2023 y 2024 se observan signos de quiebre en esta tendencia, lo cual es una noticia alentadora. No obstante, el orden de magnitud del abandono escolar sigue siendo preocupante: alrededor de 48.000 casos, el grueso estudiantes de educación media. Aquí no sólo está en juego la vulneración misma del derecho a la educación de menores en edad escolar y las consecuencias que ello tiene en sus trayectorias vitales, sino también las externalidades sociales que esto implica. Si el abandono escolar aumenta las chances de que un niño, niña o adolescente cometa infracciones penales (hecho que la evidencia comparada sugiere con bastante contundencia), las consecuencias sociales que se derivan de su expansión exceden el ámbito puramente educacional. Para avanzar se requiere resolver un nudo crítico que la actual legislación no define con la debida claridad: ¿Quién se responsabiliza por las y los estudiantes en condición de abandono escolar?

Más allá del ámbito legal, un punto central es la disponibilidad de información sobre estudiantes desvinculados, y los incentivos que tengan las escuelas para hacer uso de ella. Muchas escuelas no tienen los recursos adecuados para realizar un seguimiento de la trayectoria educacional de estudiantes que se retiraron de su escuela. Por su parte, el Mineduc, a través de la plataforma SIGE (Sistema de Información General de Estudiantes), monitorea diariamente el universo de movimientos de matrícula en todo el país, lo cual le permite identificar a tiempo a estudiantes que habiéndose retirado de una escuela no volvieron a matricularse en ninguna otra. Haciendo uso de esta ventaja de información, el año 2022 el Mineduc implementó los Reportes de Trayectorias Irregulares e Interrumpidas, los cuales proveen una lista de todas y todos los estudiantes que abandonaron o se retiraron de cada escuela y no se matricularon en otro establecimiento. Los reportes son enviados periódicamente, de forma personalizada a cada escuela. Entre sus objetivos está sensibilizar a las escuelas sobre el abandono escolar de sus ex estudiantes retirados, incentivándolas a activar sus redes para contactar a sus familias y promover su rematriculación, ya sea en la misma escuela u otra. La política busca de algún modo subsanar los vacíos de responsabilidad que admite la actual legislación, con un Estado que invita a las escuelas a colaborar en la revinculación de estudiantes en situación de abandono. La pregunta de primer orden: ¿Sirven estos reportes para reducir el abandono escolar?

En un estudio reciente realizado en conjunto con Manuel Alcaíno (Unesco), y en colaboración con el Mineduc, mostramos que la política de reportabilidad a las escuelas es efectiva. Utilizando métodos de inferencia causal, se estima que estudiantes desvinculados que fueron listados en los reportes aumentaron entre un 17% y un 24% la probabilidad de rematriculación y promoción de grado, especialmente en estudiantes de enseñanza media. Como consecuencia de la revinculación escolar, el estudio, a su vez, muestra que estar listado en los reportes redujo en un 79% la probabilidad de cometer infracciones penales tipificadas bajo la Ley de Responsabilidad Penal Adolescente (LRPA). En régimen, esto implica que anualmente los reportes facilitan la revinculación de cerca de 6.500 estudiantes que abandonan la escuela, y evitan que aproximadamente 3.500 jóvenes cometan infracciones penales año a año.

La política destaca por sus bajos costos de implementación. Mientras los reportes se construyen en base a información recopilada diariamente en la plataforma SIGE, el envío a las escuelas es vía la plataforma electrónica de comunicación entre el Mineduc y las escuelas, la cual no requiere mayor adaptación para subir los reportes. En régimen, el programa prácticamente no tiene costos fijos, y los costos variables son relativamente reducidos (principalmente la contratación de un equipo de profesionales expertos en ciencia de datos). Lo anterior hace de los reportes una política no sólo eficaz, sino, además, altamente costo-efectiva: el costo de implementar los reportes es marginal comparado con los retornos educacionales y salariales que tiene completar la educación básica y media de un estudiante en riesgo de deserción escolar. Por otra parte, están los ahorros asociados a costos de prevención, consecuencia y respuesta a los delitos que, como demuestra el estudio, se reducen sustancialmente producto del reporte.

Sólo como botón de muestra: una estimación sitúa el costo promedio por delito en Chile en alrededor de USD 9.600 (Alfaro et al., 2024), cifra que, literalmente, supera en más de 100 veces el costo de implementación promedio del reporte por estudiante desvinculado. Si llevamos estos números a escala nacional, en régimen el programa genera ahorros anuales del orden de los USD 30 millones, equivalentes al 0,01% del PIB de 2022. Cabe destacar que esta estimación es conservadora: el costo promedio por delito naturalmente subestima el costo de los delitos violentos, que son el tipo de delitos predominantes entre jóvenes infractores bajo la Ley de Responsabilidad Penal Adolescente (LRPA). A su vez, los ahorros estimados no incluyen la reducción de delitos en la adultez atribuibles a la revinculación escolar ni los retornos educativos y laborales a largo plazo de estudiantes rematriculados, lo cual aumentaría aún más la costo-efectividad de la política.

La política de reportes del Mineduc demuestra que un uso inteligente de la información disponible en el Estado combinado con tecnologías de información de bajo costo, y en coordinación con las escuelas, permite diseñar políticas costo-efectivas para reducir el abandono escolar y el crimen en población adolescente.

Por cierto, los reportes no son suficientes para asegurar la trayectoria educativa de las y los estudiantes. Es crucial diseñar políticas a nivel de las escuelas y capas intermedias que busquen prevenir y acompañar a estudiantes en riesgo de deserción escolar. Asimismo, se requiere avanzar en la comprensión de las dinámicas de abandono a lo largo del año escolar e identificar estudiantes que abandonaron su educación en años anteriores (esto último es crucial para una adecuada contabilidad del abandono escolar, que actualmente sólo abarca una dimensión interanual, dejando fuera a estudiantes desvinculados en años previos a cada ciclo interanual). Lo anterior no solo es posible a la luz de un ministerio que ha demostrado gran capacidad para innovar en el uso productivo de sus datos administrativos, sino necesario para garantizar derechos y enfrentar así los desafíos educativos, sociales y de seguridad que el país enfrenta.

Por Raimundo Undurraga, Ingeniería Industrial, Universidad de Chile, y Núcleo Milenio MIGRA