Columna de Ricardo Abuauad: Proteger a ciegas

Columna de Ricardo Abuauad: Proteger a ciegas

En junio de 2024, la delegada de la RM llamó a una evacuación preventiva por riesgo de inundación en campamentos de La Florida, Talagante y Lampa. Hace un mes, un incendio destruyó 50 viviendas en el campamento Dignidad. Y sabemos que las altas temperaturas de las próximas semanas aumentan la posibilidad de fuego en varias regiones, la de Valparaíso entre ellas. Lo intuimos: vivir en un campamento expone más a sus habitantes a riesgos naturales. Pero nuestra planificación no reconoce esa situación, básicamente porque no está actualizada. Siendo así, poco puede hacer para protegerlos.

TECHO ya lo había evidenciado en octubre de 2023: el 91,3% de los campamentos del país (102.000 hogares) está en riesgo de derrumbe por sismos, aluviones, erupciones, remoción en masa, inundaciones, incendios o tsunamis. En el caso de la Región Metropolitana, y solo si consideramos el caso de las inundaciones, ese porcentaje es de 67%. En resumen, todos los que viven en campamentos están gravemente amenazados.

TECHO profundiza ahora sobre esta situación en “¿Dónde se ubican los campamentos? Análisis de su localización en base a los instrumentos de planificación territorial”. Si queremos entender los riesgos para los campamentos a partir de lo que reconocen los instrumentos de planificación, el porcentaje aparece sorprendentemente bajo (22%). De acuerdo con esos documentos, ningún campamento de la Región de Valparaíso o Santiago está expuesto a incendios, por poner un ejemplo. Sin embargo, si se consultan otras fuentes serias, más allá de los planes reguladores, el porcentaje de aquellos en riesgo, para los 1.100 casos analizados, es por supuesto altísimo, de 85%.

¿Dónde está la explicación de esa diferencia? ¿Por qué los instrumentos de planificación minimizan el riesgo de las zonas en las que se ubican los campamentos? La explicación es simple, y gravísima: los planes de estas comunas están mayoritariamente obsoletos. De las 179 comunas del país en las que se ubican los 1.290 campamentos activos, 28 no tienen instrumentos de planificación vigente. De las que sí lo tienen, solo 39% tiene un plan regulador actualizado, de menos de 10 años (que es lo que propone la LGUC), o está en estudios para tenerlo. Pocos planes, incluso los vigentes, reconocen zonas de riesgo. Es cierto que se han generado, como respuesta a esta falta de planificación, planes de reducción de riesgos de desastre, pero no son normativos (tomarlos en consideración es opcional) e, incluso así, en el 45% de estas comunas no está vigente o no tiene personal capacitado para elaborarlo.

Vivir en campamentos no solo expone al crimen organizado y a la exclusión social; los riesgos naturales son una amenaza permanente. Poco puede hacer la planificación al respecto si la falta de actualización de sus instrumentos hace que esta situación no se reconozca, no se entienda, no se norme. ¿Proteger a los habitantes de los campamentos de esos riesgos? Por ahora, y sin el conocimiento necesario, palos de ciego.

Por Ricardo Abuauad, decano Campus Creativo UNAB y profesor UC