Columna de Soledad Alvear: El caso Ojeda y la Corte Penal Internacional

Columna de Soledad Alvear: El caso Ojeda y la Corte Penal Internacional

Hace pocos días se recordó el secuestro y asesinato del teniente venezolano Ronald Ojeda, quien tenía estatus de refugiado en Chile.

Las investigaciones de la Fiscalía han conducido, descartando las otras posibilidades, a concluir que en este crimen han existido motivaciones políticas y que fue digitado desde el extranjero. Los antecedentes reunidos en la investigación dan cuenta de testimonios que implicarían a autoridades del régimen de Nicolás Maduro, como es el caso en Diosdado Cabello, en la organización y financiamiento de este crimen.

De confirmarse lo anterior, en sede judicial, constituiría una evidencia más de la gravísimas violaciones masivas y sistemáticas a los derechos humanos y la comisión de crímenes de lesa humanidad que lleva a cabo hace años el régimen de Nicolás Maduro persiguiendo a quienes se oponen a su régimen dictatorial.

Recordemos que este tipo de crímenes también fueron cometidos por el régimen de Pinochet contra el general Prats en Buenos Aires, Bernardo Leighton en Roma y Orlando Letelier en Washington.

Las autoridades chilenas han señalado que nuestro país enviará antecedentes de este caso a la Corte Penal Internacional.

Creemos que esta es una opción factible y acertada.

Para comprender cómo se inscribe esta opción, en el ejercicio de la jurisdicción en este caso por parte de nuestro país, hay que partir de la base que la Corte Penal Internacional ejerce jurisdicción complementaria -esto es en forma subsidiaria- a la que llevan a cabo los diversos Estados y sólo puede conocer los casos cuando los Estados no quieran o no puedan hacer justicia.

Esto es lo que motivó a la Fiscalía de la Corte Penal Internacional a abrir un examen preliminar, a inicios de 2018, sobre la situación de Venezuela por presuntos crímenes de competencia de la CPI y que luego ese mismo año recibió una remisión conjunta de Argentina, Canadá, Chile, Colombia, Paraguay y Perú, para que se investiguen los crímenes lesa humanidad cometidos en ese país. Esta investigación fue autorizada por la Corte Penal Internacional y las reclamaciones efectuadas por el Estado venezolano fueron rechazadas.

En el caso de la investigación por el crimen del teniente Ojeda, Chile tiene la voluntad de seguir ejerciendo su jurisdicción, por lo que no cabe remitir el caso como tal a dicha Corte, inhibiéndose la Fiscalía de seguir con la investigación.

Sin embargo, es perfectamente posible que Chile ponga en conocimiento de la Corte Penal Internacional antecedentes de este caso, como elementos de contexto, que evidencian un patrón de conducta del régimen de Maduro en la comisión de crímenes de lesa humanidad dentro de la investigación en curso en la CPI.

Esperamos que tanto las investigaciones desarrolladas en Chile como las que lleva a cabo la Corte Penal Internacional conduzcan a que se haga plena justicia respecto de este tipo de crímenes.

Por Soledad Alvear, abogada