Columna de Susana Sierra: Lavado de Activos, disfrazando el dinero ilegal

Columna de Susana Sierra: Lavado de Activos, disfrazando el dinero ilegal

El lavado de activos ha adquirido relevancia en los últimos años, protagonizando varios escándalos que han sacudido a la sociedad chilena. Pagos en sobres, fraudes con facturas falsas, creación de empresas fantasmas o el uso de testaferros, son solo algunas de las tácticas utilizadas para disfrazar el dinero sucio y darle una falsa apariencia de legalidad.

Este delito, que antes asociábamos exclusivamente al crimen organizado y al narcotráfico, ha evolucionado, conectándose con delitos económicos y casos de corrupción que involucran tanto a instituciones públicas como privadas, a través de fraudes tributarios, contrabando, malversación de fondos o el cohecho, lo que demuestra su transversalidad e impacto en todos los ámbitos.

Un estudio reciente del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT) reveló justamente que la corrupción y el lavado de activos están estrechamente vinculados, teniendo una “relación simbiótica” donde se refuerzan mutuamente. Mientras la corrupción facilita el lavado de activos al generar recursos ilícitos y debilitar las instituciones; el lavado de activos permite la legitimación de esos fondos corruptos. El informe indica que comprender esa fuerte relación es un primer paso para generar las herramientas que permitan implementar políticas efectivas que detengan este círculo vicioso.

A lo anterior se suma la creciente sofisticación de las organizaciones criminales, que ha dificultado el rastreo de dinero ilícito, facilitando su infiltración en la economía formal. Un ejemplo son las barberías, donde se sospecha que algunas de ellas podrían ser fachadas para el lavado de dinero. La contralora Dorothy Pérez sugirió mayor fiscalización de sus patentes comerciales y declaraciones de capital para detectar indicios de blanqueo de activos.

Este fenómeno nos lleva a reflexionar: ¿cuántas veces, sin intención, hemos ayudado a un lavador a concretar su acción? Por ejemplo, al permitir transacciones sin verificar su origen o al vender un bien de valor mediante dinero en efectivo sin cuestionar su procedencia.

Las consecuencias del lavado de activos son diversas y entre las más inmediatas está la erosión de la credibilidad institucional, lo que, a su vez, afecta la competitividad y estabilidad de la economía nacional, aumentando la presión sobre reguladores y empresas por prevenir y fiscalizar de manera más eficiente.

Según la PDI, en nuestro país, durante la primera mitad de 2024 se incautaron más de $3.700 millones de origen ilícito, monto superior a los $2.737 millones requisados durante todo 2019. Paralelamente, la Unidad de Análisis Financiero (UAF) ha dado cuenta de un aumento importante en las investigaciones, los Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS) y las fiscalizaciones. Estas cifras reflejan un intento por reforzar el control, pero también evidencian la magnitud creciente del problema.

Un esfuerzo a nivel nacional es el Tercer Plan de Acción de la Estrategia Nacional para Prevenir y Combatir el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo, lanzado hace un año, donde participan diversas instituciones nacionales, y que incluye 54 compromisos con metas hasta 2027, que abarcan desde la identificación de riesgos hasta la capacitación y cooperación interinstitucional. Además, se han presentado proyectos de ley como el Registro Nacional de Beneficiarios Finales o el que implementa un Subsistema de Inteligencia Económica, ingresados en 2023, que refuerzan las herramientas del SII, Aduanas y la UAF para detectar operaciones sospechosas.

Pero, como ni las leyes ni las medidas estatales son suficientes, es fundamental que las organizaciones comprendan que el combate contra el lavado de activos empieza por casa. El primer paso es contar con programas de compliance robustos y supervisados periódicamente para proteger la reputación corporativa y evitar verse involucradas —por acción u omisión— en este delito.

La debida diligencia es clave para conocer a fondo con quién se hacen negocios, ya sean clientes, proveedores o aliados estratégicos, identificando a las personas detrás de la empresa y el origen de los fondos. Asimismo, se debe contar con políticas claras de aceptación de clientes, trazabilidad y controles cruzados para verificar información, establecer contrapesos y garantizar la transparencia. Además se deben evitar pagos en efectivo de grandes sumas.

De poco sirven las políticas escritas si los trabajadores no las conocen ni se comprometen con ellas. Por eso, crear una cultura de integridad es tan relevante como los mismos controles. Sensibilizar a los equipos sobre los riesgos convierte la prevención en el primer escudo contra la corrupción, y por lo tanto, contra el lavado de activos.

El combate contra este problema requiere mucho más que leyes; demanda una colaboración público–privado efectiva. No basta con buenos deseos, sino con acción y compromiso real de cada uno de nosotros, porque todos podemos ser cómplices sin saberlo, permitiendo que dinero sucio se disfrace de legalidad, amenazando la integridad de nuestras instituciones, la economía y la confianza pública.