¿Cómo desatarán el nudo de las tierras del conflicto mapuche los comisionados por La Paz? Las ideas que surgen de la instancia

¿Cómo desatarán el nudo de las tierras del conflicto mapuche los comisionados por La Paz? Las ideas que surgen de la instancia

La Comisión Presidencial para la Paz y el Entendimiento debe entregar el 12 de enero al Presidente Gabriel Boric una propuesta que aborde el conflicto mapuche en el Biobío, La Araucanía, Los Ríos y Los Lagos. Por estos días, los ocho comisionados -Francisco Huenchumilla, Alfredo Moreno, Carmen Gloria Aravena, Gloria Callupe, Nicolás Figari, Adolfo Millabur, Sebastián Naveillán y Emilia Nuyado- han aportado documentos en los que entregan sus propuestas y conclusiones, algunas de las cuales dio a conocer La Tercera.

Y aunque hay algunos puntos en común, quizás si el nudo más difícil de destrabar será el de la reparación de tierras. Cómo y a quiénes entregar es un gran tema, más aún porque el documento final de la comisión debe ser ratificado unánimemente por sus integrantes para darle validez.

Y ahí fue el comisionado y senador Huenchumilla (DC) el que propuso un documento base a partir del cual se ha ido trabajando. Sobre la solución de tierras, ese escrito propone concretamente la creación de un Banco de Tierras “como órgano autónomo con patrimonio y personalidad jurídica propia, para lo cual se dictará una ley, que cuente con recursos suficientes para la gestión, adquisición, y administración de tierras destinadas a la reparación. Contará con los recursos suficientes para cumplir cabalmente con su propósito”. Y suma que “el Fisco podrá disponer de inmuebles y transferirlos al Banco de Tierras con los mismos fines”, así como que el banco podrá comprar tierras directamente a particulares o las ya ofrecidas a la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (Conadi).

La idea de Huenchumilla es que todas las comunidades que cuenten con aplicabilidad deben ser reparadas mediante tierras, en un plazo de cinco años a partir del 1 de enero de 2025. Para cumplir con la reparación, propone un Fondo Financiero de Reparación, de cargo del Fisco de Chile mediante el Ministerio de Hacienda, con un presupuesto de tres mil millones de dólares.

Además, Huenchumilla propone la creación de la Comisión Nacional de Reparación Mapuche (Conarema) y señala que esta comisión será la encargada de resolver las peticiones que se formulen. “La Conarema deberá dar prioridad a la reparación en tierras, contemplando sólo subsidiariamente en casos determinados los mecanismos alternativos de reparación que deben ser aceptados libremente por quienes hacen la reclamación”, se lee en ese documento.

Por otra parte, el senador aborda la regulación y reconocimiento de tierras indígenas, proponiendo regular y potenciar el otorgamiento de los goces en tierras indígenas, donde los servicios del Estado deben flexibilizar los requisitos para facilitar el acceso a los beneficios de inversión. A su vez, sugiere identificar, catastrar y proteger la propiedad indígena, con algunas medidas en pos de ello, como la creación de una Defensoría de Tierras Indígena.

Algunas de estas ideas son apoyadas por la comisionada y diputada Nuyado (PS), quien desmenuzó el documento base con algunas observaciones. Por ejemplo, dice que los lineamientos de la Conarema deben ser discutidos en el Congreso.

En cuanto a tierras forestales, la diputada PS toma el texto de Huenchumilla y dice que cuando se adquieran predios de este tipo los adjudicatarios podrán requerir la desafectación del uso del suelo y tendrán la posibilidad de establecer contratos con los vendedores para mantener la aptitud forestal del predio. Por otra parte, asegura que todas las tierras entregadas por el Estado deberán entregarse con estudios técnicos. “Tras la compra deberá generarse participativamente un plan de habitabilidad y fomento productivo”, dice. Sobre el usufructo, por ejemplo, Huenchumilla señala que desde el momento que la persona jurídica mapuche tome posesión de un predio, la empresa forestal que esté allí deberá pagar arriendo y que una vez efectuada la cosecha, “la persona jurídica mapuche adoptará en forma autónoma el modelo de desarrollo a seguir para el predio respectivo”. A esto último, por ejemplo, también adhiere la senadora Aravena.

Sobre el estatuto protector de tierras indígenas Nuyado asevera que se debe mantener la inalienabilidad de las tierras indígenas y el mercado restringido de las tierras existente al día de hoy, sólo comerciables entre personas indígenas de un mismo pueblo indígena, aunque con algunas flexibilidades. Además, asegura que “se deben introducir las modificaciones y reformas legales necesarias para establecer que las empresas extractivistas practiquen participación en las utilidades a las personas individuales o jurídicas indígenas afectadas”.

Por su parte, Naveillán, comisionado y presidente de la Asociación de Agricultores Malleco A.G., dice en su documento que lo que debe primar a la hora de resolver el nudo de tierras es el principio rector del “respeto a la propiedad privada”.

Con eso como contexto, señala respecto de la oferta de tierras que las comunidades podrán disponer de las tierras que actualmente se encuentran ofrecidas en Conadi, y una vez que estas no estén disponibles, solo tendrán como opción la compensación económica.

Además, asevra que para las comunidades con demanda cerrada no es posible atender nuevamente estos casos, mientras que las comunidades con demanda incompleta tendrán preferencia para la compensación económica. Asimismo, para las comunidades con aplicabilidad y sin compra propone que tengan la opción de elegir entre tierras, siempre y cuando se encuentren en la misma comuna, o una compensación económica. Finalmente, aquellas comunidades con solicitud en análisis sólo podrán optar a una compensación económica.

Propone que sea una nueva entidad a cargo de la Unidad de Coordinación de Asuntos Indígenas del Ministerio de Desarrollo Social la que tome las reclamaciones de tierras bajo criterios objetivos “los cuales podrán ser solo respecto de los desmedros derivados de los títulos de Merced (antiguamente se otorgaron a representantes indígenas mediante ley para deslindarles terrenos) que sean comprobables”. Lo anterior, agrega, necesariamente hace poner fin a la entrega de aplicabilidades bajo la forma que actualmente se otorgan.

“No será posible adquirir predios que actualmente se encuentran usurpados, aun cuando con el propietario consienta en ello”, señala hacia la parte final del acápite de tierras de su documento, el que además asegura que ante “la escasa posibilidad de contar con información fidedigna, no es posible la tramitación de solicitudes basadas en ocupaciones ancestrales”. Y cierra: “Debe existir una cláusula en la escritura de compraventa o entrega de beneficios donde la comunidad, las personas que la integran y su descendencia, renuncian a cualquier demanda futura”, así como que aquellas personas que han participado en hechos de violencia no podrán ser objeto de beneficio por parte del Estado.

Por su parte, los comisionados Callupe y Millabur señalan en su documento conjunto que de las 12.267.000 hectáreas que representan las cuatro regiones se debe evaluar cuánto es posible restituir, descontando ciudades, caminos, o pequeñas propiedades particulares. “De dicha superficie resultante, el Estado debe asumir el compromiso político de reparar al pueblo mapuche con un porcentaje determinado, y en un tiempo determinado”, aseveran.

Para ello dividen a los solicitantes en el estado de sus demandas, con reglas para cada grupo. Para algunos la reparación debe ser en tierras, mientras que para otros se podrían abordar otras soluciones, como tierras alternativas o compensaciones económicas.

Para esto aseguran que debe haber una institucionalidad que procese las demandas e implemente la reparación. Proponen que se creen órganos para estos efectos -de Tierras Mapuche o de Reparación Mapuche-, hasta lo cual es Conadi la que debe seguir procesando las solicitudes de aplicabilidad.

Al igual que otros comisionados, proponen un fondo especial de reparaciones, pero bajo la supervigilancia del Ministerio de Pueblos Indígenas que también sugieren que se cree. “Su función será administrar los recursos para efectos de adquirir los predios demandados”, se lee. Asimismo, con las compras que realice este fondo, se deberá formar un banco de tierras. Detallan que el fondo adjudicará un mínimo de doce hectáreas agrícolas por familia, o su equivalente en dinero, y que tratándose de tierras forestales deberá adjudicar un mínimo de treinta hectáreas por familia.

Al igual que Nuyado, hacen referencia al estatuto jurídico de protección de las tierras indígenas, el que aseguran debe mantener la inalienabilidad de las tierras como principio rector, solo enajenables entre personas o comunidades indígenas de un mismo pueblo, pero con la misma flexibilidad que proponía Huenchumilla en el documento base.

Moreno en tanto, excanciller y también comisionado, propone utilizar el valor presente de lo ya comprometido para efectos de reparación, también mediante un Fondo de Reparación, el que dice debe destinar sus recursos no solo a tierras, sino a otros bienes. En específico sobre las tierras, asevera que las que se puedan adquirir provendrán de las ya ofrecidas por sus propietarios a Conadi, las de aptitud agrícola que las empresas forestales deseen vender, o algunas actualmente de propiedad del Estado.

Dice, eso sí, que “no se adquirirían tierras agrícolas que no hayan sido ofrecidas a Conadi previo a este acuerdo para evitar que continúe la violencia para obligar a los actuales propietarios a vender”, y que “los agricultores, al igual que los mapuches tienen un gran apego a su tierra y no se debe resolver una injusticia con otra injusticia”.

Además, propone reducir las restricciones que afectan al uso de las tierras ya entregadas y por entregar, permitiendo los arriendos, medierías y otros por plazos de hasta 50 años, manteniendo las restricciones a las ventas y garantías a no indígenas. Suma también que los terrenos forestados que se entreguen tendrán la limitación de cumplir el contrato vigente “permitiendo libertad a la comunidad propietaria para su uso futuro después de la cosecha”, o pagos de contrato por uso de tierra a las comunidades.

Finalmente, la comisionada y senadora republicana Aravena señala que “es indispensable fijar como criterio orientador que el derecho de propiedad es un derecho fundamental”. Con eso como marco propone admitir figuras como arriendos, fideicomisos y otros contratos, asegurando sí que las tierras mantengan su carácter indígena, o que las tierras indígenas no podrán ser enajenadas, embargadas ni adquiridas por prescripción. Pone, también, plazo para la presentación de solicitudes de adjudicación de tierras indígenas, el que eleva a tres años desde la entrada en vigencia de la ley. “Pasado este plazo, no se admitirán nuevas solicitudes”.

Sobre la resolución de solicitudes de tierras propone la creación de un órgano colegiado, compuesto por especialistas en derecho y con autonomía técnica y funcional. Y, al igual que otros comisionados y “en el entendido que la disponibilidad de tierras para ser compradas es escasa”, también sugiere la creación de la Conarema y de un Banco de Tierras.

La senadora también aborda a las “víctimas de la violencia y el terrorismo”. Para ellos propone reconstrucción y compensación por inmuebles afectados, compensación económica por lucro cesante y daños a la producción, o indemnización por daño moral, físico y psicológico.

Consultado al respecto, Víctor Ramos, secretario ejecutivo de la comisión, dice que todos sus miembros “siguen trabajando para lo que estamos mandatados: llegar a un acuerdo que permita recomendar medidas concretas y duraderas para una nueva y mejor relación entre el Estado y el pueblo mapuche, y todos los habitantes de las regiones entre Biobío y Los Lagos”.

“En esta labor, todos y cada uno de las y los comisionados han aportado con sus propuestas y puntos de vista sobre diversas materias y por distintas vías. Es crucial entender que esta problemática es sensible para el país, y por lo mismo el texto que emane del consenso final será el único testimonio para el necesario debate y análisis”, añade, antes de resaltar “el valor de apoyar el trabajo honesto, serio, sistemático y voluntario de cada uno de los ocho comisionados y comisionadas”.