Confianza legítima: Un principio en riesgo para los trabajadores del Estado

Confianza legítima: Un principio en riesgo para los trabajadores del Estado

Por Eric Campos, Secretario General de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT)

La «confianza legítima» es un principio fundamental en el ámbito laboral, particularmente para los trabajadores del Estado que se encuentran bajo contratos a plazo fijo o a contrata. Este principio establece que, tras la renovación continua de sus contratos, los trabajadores adquieren una expectativa razonable de continuidad en sus empleos, lo que contribuye a su estabilidad laboral. En Chile, la Contraloría General de la República había protegido históricamente esta confianza legítima, reconociendo que los empleados del Estado que renovaban contratos por al menos dos años tenían derecho a esperar la continuidad en sus labores.

Sin embargo, el reciente dictamen de la Contraloría General, bajo la dirección de la nueva contralora Dorothy Pérez, ha modificado profundamente esta visión. Ahora, la Contraloría se abstendrá de intervenir en conflictos relacionados con la confianza legítima, trasladando estos casos a los tribunales y alineando su criterio con el fallo de la Corte Suprema que establece que este principio solo se configura después de cinco años de servicio ininterrumpido. Esta modificación es un golpe directo a la estabilidad laboral de miles de trabajadores del sector público, quienes, a partir de este cambio, quedan desprotegidos y expuestos a una precariedad aún mayor.

El impacto de este dictamen se traduce en la desprotección de los empleados a contrata, que ahora deberán embarcarse en procesos judiciales largos y costosos para defender su estabilidad, generando una situación de desamparo que la propia ANEF y la CUT han calificado como «maltrato» por parte del Estado hacia sus propios trabajadores. Este cambio no solo erosiona las condiciones de trabajo, sino que también socava los principios de equidad y justicia dentro del sector público, al distanciar aún más a los trabajadores a contrata de los derechos y garantías que sí tienen los empleados de planta.

Desde una perspectiva político-sindical, este dictamen representa una clara victoria para sectores de la derecha política y económica, que celebran la reducción de derechos y de estabilidad en el empleo público. En un contexto en el que los trabajadores del Estado ya enfrentan condiciones precarias y salarios insuficientes, este cambio profundiza la lógica de flexibilización laboral impuesta por los sectores conservadores que buscan un Estado reducido y sometido a criterios de «eficiencia» a costa de los derechos de sus trabajadores.

Es momento de articular una respuesta contundente. Desde el movimiento sindical, no podemos permitir que los derechos de los trabajadores sean sacrificados en nombre de intereses políticos. La defensa de la confianza legítima es un pilar en nuestra lucha por la dignidad laboral en el sector público. Este dictamen debe entenderse como un llamado a la organización y a la movilización en defensa de la estabilidad de quienes sostienen el funcionamiento del Estado chileno.

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