Congreso despacha Ley de Presupuesto con indicación de examen de drogas obligatorio para el Presidente y sus ministros

Congreso despacha Ley de Presupuesto con indicación de examen de drogas obligatorio para el Presidente y sus ministros

Tras una extensa discusión en ambas Cámaras, el Senado aprobó con 37 votos favorables y uno en contra el informe de la comisión mixta del proyecto de Ley de Presupuesto 2025, que incluye la polémica moción que presentó el diputado y secretario general de la Unión Demócrata Independiente (UDI), Juan Antonio Coloma, para obligar al Presidente y sus secretarios de Estado a someterse a un test de drogas. Una vez que fue visada en la Cámara, el Ejecutivo manifestó su rechazo, sin embargo, los parlamentarios no dieron pie atrás. De esta forma, tanto el Mandatario Gabriel Boric como sus ministros deberán realizarse el examen semestralmente, tal como lo señala la indicación.

La Sala del Senado ratificó el consenso luego de que a primera hora la Cámara de Diputados diera su visto bueno con 106 votos a favor, 16 en contra y cuatro abstenciones.

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La molestia de La Moneda fue manifestada en la Sala por el ministro de Hacienda, Mario Marcel, quien advirtió que acudirán al Tribunal Constitucional en los casos que lo ameriten.

Al respecto, Marcel señaló que la Ley de Presupuesto no es “simplemente un vehículo legislativo para cualquier materia que surja, por muy encomiable, por muy meritorio que sea, eso no quiere decir que tenga que reflejarse o resolverse a través de una glosa presupuestaria”.

“Recurriremos al Tribunal Constitucional en todos aquellos casos en que tenemos la convicción de que se aprobaron glosas que escapan del marco constitucional de la Ley de Presupuesto. No voy a entrar en el detalle de cada una de ellas porque es importante enfatizar el criterio. No es que uno esté a favor o en contra del contenido de esa glosa, el tema es si esa es una materia que se puede aprobar o no. Que se aprobó respetando la normativa constitucional sobre facultades de parlamentarios y ejecutivas en la formación que se refiere a lo que es el objeto de la ley de presupuesto, incluyendo también su glosa. No es que estemos a favor o en contra de lo que se estableció respecto a la ley Lafkenche o respecto de los test de drogas o una multiplicidad de otros temas”, explicó.

Otra autoridad que criticó la decisión fue el ministro de la Secretaría General de la Presidencia (Segpres), Álvaro Elizalde, quien hace unos días señaló que “si se va a regular por ley, debe hacerse con una ley de carácter permanente, no a través de una glosa presupuestaria que es ambigua y carece de detalles sobre su implementación”.

El secretario de Estado además subrayó que la normativa vigente ya regula los exámenes, incluyendo procedimientos claros sobre cómo se realizan y sus efectos.

Otro de los puntos controversiales que finalmente fue visado es la reposición de los gastos reservados de la Subsecretaría del Interior, que inicialmente tenían un presupuesto asignado de mil pesos tras la polémica por el caso Monsalve.

Asimismo, se aprobó la reintegración de los recursos destinados al Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH).

Los nudos críticos que destrabó la comisión mixta

Previo a la discusión en el Senado, la Sala de la Cámara de Diputados visó el informe de la comisión mixta, el cual resolvió 20 nudos que se encontraban trabados.

En general, el ánimo de llegar a acuerdos prevaleció en el Hemiciclo. Por ejemplo, desde el oficialismo se valoró la reposición de los recursos a Senda, la Defensoría Penal Pública y el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH).

Pese a los acuerdos celebrados, desde este sector anunciaron que insistirán en el Tribunal Constitucional (TC) en algunas aristas como que se ratificó la negación de recursos al Minsal para terapias hormonales a menores por disforia de género y la restricción a la gratuidad en la educación superior a estudiantes que hayan sido sancionados por Aula Segura. Además, el Congreso aprobó otro artículo considerado inadmisible por el Ejecutivo como uno que reduce a $0 el avalúo fiscal de las propiedades de adultos mayores beneficiarios de la Pensión Garantizada Universal (PGU).

En tanto, desde Chile Vamos valoraron el compromiso del gobierno para reintegrar el Fondo de Estabilización Económica y Social.

La bancada republicana, por su parte, mantuvo sus críticas al proyecto.