Corte de Santiago destraba causa y despeja la cancha para que la Fiscalía formalice al hijo del supremo Manuel Valderrama

Corte de Santiago destraba causa y despeja la cancha para que la Fiscalía formalice al hijo del supremo Manuel Valderrama

Fue el 1 de junio de 2017 cuando la familia Padilla Arellano ingresó una querella ante el 7mo. Juzgado de Garantía de Santiago con la intención de que la Fiscalía investigara los delitos vinculados a las maniobras que se ejecutaron para que un terreno de 8,6 hectáreas -ubicado en San Bernardo y que recibieron de herencia- terminara vendiéndose “a un precio mínimo” a la empresa Compañía Minera Santa Laura Limitada. Sin embargo, la querella se ha transformado en una oscura y larga tramitación, que lleva más de siete años, y en los que solo han aparecido obstáculos para avanzar. Pese a eso, hace menos de una semana llegó una nueva señal de que la indagatoria podría reactivarse.

Para comprender esta intrincada investigación hay que remontarse al origen, hace siete años atrás, para luego entender el estado actual de la causa. El caso es una verdadera madeja que involucra personajes más que conocidos en el mundo judicial y que en los últimos días han estado en la primera línea de la opinión pública por estar salpicados en el caso de corrupción que se abrió tras la incautación del celular del penalista Luis Hermosilla.

El caso tiene tres querellados. El primero es el juez partidor Manuel Valderrama Escobar, hijo del ministro de la Sala Penal de la Corte Suprema Manuel Valderrama Rebolledo. Para enfrentar su caso en estos siete años Valderrama Escobar ha fichado a varios de los defensores más emblemáticos en el mundo judicial, como por ejemplo el actual fiscal nacional Ángel Valencia; al actual defensor de la ministra Ángela Vivanco, el penalista Juan Carlos Manríquez, y ahora último el patrocinio lo tienen el excompañero de estudio de Valencia, el abogado Luis Masferrer, y el penalista Samuel Donoso.

A Valderrama Escobar se suman dos querellados más. Uno es el dueño de la Minera Santa Laura, el empresario Juan Cristi. A él lo defiende el abogado Mario Vargas, el mismo que está involucrado como representante de la empresa chileno-bielorrusa y que desató el escándalo en la Corte Suprema al punto de ser uno de los cargos que levantó el pleno en contra de la suspendida jueza Vivanco.

El tercero es el abogado Eduardo Lagos, dueño de la sociedad Inversiones Lagos y Lagos Limitada, una firma que también está involucrada en este caso. A Lagos lo defendía el exfiscal regional Oriente Manuel Guerra hasta el jueves de la semana pasada. Ese día presentó su renuncia al patrocinio y dejó a su exrepresentado en manos de la Defensoría Penal Pública. Guerra también quedó salpicado por el caso Audio y está imputado en la indagatoria que lleva la Fiscalía Regional de Arica por eventuales irregularidades cometidas en el marco de la tramitación del caso Penta.

Lagos -exdiputado radical- también es otro de los involucrados en la trama bielorrusa de la Suprema, ya que junto con Vargas fue uno de los tres abogados que representaron a ese consorcio internacional en el polémico recurso de protección que se presentó en contra de Codelco que ahora está siendo indagado por la Fiscalía Regional de Los Lagos.

Los delitos

El corazón de la causa, según consta en la querella y los hechos que ha ido acreditando la Fiscalía, apunta a que Cristi, Lagos y Valderrama Escobar habrían realizados gestiones en conjunto para intentar vender el terreno de los Padilla Arellano a la Compañía Minera Santa Laura Limitada por un precio mucho menor. Para lograrlo le habrían pagado a Valderrama Escobar, ya que él sería el responsable de rematar el predio por un precio cercano a los $2 mil millones. Esto en circunstancias en que la familia que recibió el predio en herencia lo quería vender en casi $6.500 millones.

Uno de los antecedentes que están hace años en manos del Ministerio Público son los depósitos que habría recibido Valderrama Escobar por parte de la Compañía Minera Santa Limitada y la sociedad Inversiones Lagos y Lagos Limitada.

El caso, que en un inicio estuvo radicada en la Fiscalía Regional Metropolitana Centro Norte y en manos del fiscal Marcelo Carrasco, fue avanzando en la indagatoria. Fuentes del Ministerio Público cuentan que tanto Carrasco como las unidades especializadas de la Fiscalía Nacional estuvieron de acuerdo en que los hechos eran lo suficientemente robustos como para solicitar la formalización de los tres imputados por los delitos de cohecho, prevaricación y apropiación indebida.

Sin embargo, las mismas fuentes cuentan que en un hecho poco común, el fiscal Carrasco se enfrentó a una maquinaria de recursos para “dilatar excesivamente esta causa”. Eso implicó tres recursos de inaplicabilidad ante el Tribunal Constitucional que tuvieron suspendida la causa durante meses. De hecho, Carrasco intentó dos veces fijar audiencia para formalizar, pero ante cada intento tuvo un nuevo obstáculo procesal.

Cambio de Fiscalía

Cuando se despejó lo del TC -con algunas inaplicabilidades acogidas y otras rechazadas- llegó la arremetida para inhabilitar al fiscal Carrasco. Así lo hizo Guerra con un escrito ingresado directamente al fiscal nacional Valencia en que pedían quitarle el caso a la Centro Norte. Lo mismo hicieron Donoso y el penalista Gabriel Zaliasnik el 6 de junio de 2024 en representación de Valderrama Escobar.

Valencia no lo resolvió y tampoco podría haberlo hecho ya que fue exdefensor de Valderrama Escobar. Esa petición la vio como fiscal nacional (S) el fiscal regional Metropolitano Sur, Héctor Barros. En ese momento se optó por trasladar la causa a la Fiscalía Regional Metropolitana Oriente, cuya fiscal regional, Lorena Parra, decidió dejarla en manos del fiscal jefe de la Fiscalía Local Las Condes, Felipe Sepúlveda.

Cuando la causa llegó al persecutor Sepúlveda se le puso freno a la rapidez con la que Carrasco había llevado el caso ad portas de la formalización. De hecho, Sepúlveda tuvo que ser parte de un nuevo intento por obstaculizar la causa, cuando las defensas de los imputados quisieron que el caso se viera en el 4to. Juzgado de Garantía de Santiago y no en el 7mo. Juzgado de Garantía de Santiago. En esa contienda de competencia solo hubo dos opositores: el querellante de la familia, abogado Carlos Hidalgo, y los querellantes por parte del Servicio de Impuestos Internos (SII).

Esta última pugna se resolvió hace menos de una semana. La decisión quedó en manos de la Corte de Santiago en una sala integrada por el ministro Antonio Ulloa -cercano al defensor Mario Vargas-, la fiscal judicial Ana María Hernández y la abogada integrante Catalina Infante. El tribunal de alzada capitalino decidió por unanimidad que el caso debe verse en el 7mo. Juzgado de Garantía de Santiago.

Con ese hecho despejado, ahora la familia espera que la Fiscalía reactive su tramitación y vuelva a solicitar la formalización de los imputados. Más aun en el contexto actual de crisis del Poder Judicial y de cuestionamientos a los ministros de la Corte Suprema por el uso indebido de sus influencias para intervenir en nombramientos o en la tramitación de algunas causas.

Una nueva oportunidad

“Como querellantes creemos que esta es una oportunidad única para la Fiscalía de demostrar que este no es uno de los casos en que las influencias pueden superar los hechos de la investigación penal que dan cuenta claramente de los delitos de prevaricación, cohecho, soborno y apropiación indebida respecto de los imputados”, dice Hidalgo a La Tercera.

Hidalgo agrega que “esta es una causa en que antes de solicitarse la audiencia de formalización por parte del fiscal Carrasco se hizo consulta a diversas unidades especializadas de la Fiscalía Regional y Nacional y se coincidió en que existían antecedentes para hacerlo”.

Hidalgo cree que “el ingreso reciente de distintos abogados a las defensas, como Guerra, Vargas, Donoso y Zaliasnik, fue un antecedente clave para lograr “un inédito cambio de Fiscalía Regional y de fiscal instructor de la investigación, algo que raramente sucede, de hecho no lo había visto en más de 15 años de ejercicio en esta área”. A juicio de Hidalgo, esto daría “luces de la existencia de presiones para evitar que exista formalización”. “Ahora es el turno de la fiscal regional Parra y en particular del fiscal Sepúlveda de demostrar que esto no es así y solicitar la audiencia de formalización respectiva”, sentencia el querellante.

Por parte de la defensa de Valderrama Escobar van a insistir en la inexistencia de los ilícitos imputados. “La Fiscalía Oriente está recién en proceso de conocer los antecedentes de la causa y los argumentos de defensa e información aportada por esta parte para su estudio y análisis, por lo que esperamos que, aplicando criterio de objetividad tras practicar las diligencias que estime pertinente, pueda advertir la inexistencia de los ilícitos que se le atribuyen a nuestro representado” asegura a este medio el defensor Masferrer.

Masferrer agrega: “Lamentamos que una parte que fue derrotada en el TC pretenda llevar la litigación por los medios, presionando indebidamente a la Fiscalía”.