Demanda pionera contra la contaminación ganadera: afectados de As Conchas alegan “vulneración de derechos fundamentales”

Demanda pionera contra la contaminación ganadera: afectados de As Conchas alegan “vulneración de derechos fundamentales”

Será la primera vez que un tribunal evalúe el impacto de la ganadería industrial en los recursos hídricos, desde el punto de vista de la vulneración de los derechos fundamentales, es decir, el derecho a la vida, la prohibición de la tortura y el trato degradante, el derecho a la vida privada y familiar y el derecho al domicilio y la protección de la propiedad. Quienes se tendrán que defender son la Xunta de Galicia (PP), la Confederación Hidrográfica Miño-Sil (dependiente del Gobierno central y alternativamente en manos del PP y el PSOE) y varios Ayuntamientos de la zona afectada, alrededor del embalse de As Conchas (Ourense) o a orillas del río Limia (Bande, Muiños, Lobeira, Trasmiras y Os Blancos).

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Un precedente en Galicia

El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia ya falló anteriormente en contra de las pretensiones de una macrogranja y la supuesta manga ancha de la Xunta. A finales de 2021, la sala de lo Contencioso-Administrativo anuló la declaración de impacto ambiental favorable a una macrogranja suministradora del Grupo Coren, una de las mayores empresas cárnicas y de producción de huevos de España. Lo hizo después de que una familia vecina de Rairiz de Veiga (A Limia) se atreviese a enfrentarse a Goliat tras ver cómo la Xunta ni respondía a sus alegaciones. La autorización autonómica había permitido duplicar la capacidad de la nave de cría, en terrenos colindantes a los afectados, desde los 22.932 pollos hasta los 47.970 (un total de 287.820 aves en seis ciclos de cría al año). La información que manejaron los magistrados para su sentencia revelaba que una década antes ya se contaban en la comarca 350 instalaciones con cerdos y pollos, pero también con vacas y conejos.
Según el TSXG, el departamento de la Xunta encargado de velar por el medio no evaluó el impacto en las aguas, ni en las colonias de aves que habitan el paisaje protegido por la Red Natura, tal y como lleva denunciando décadas la Sociedade Galega de Historia Natural. Tampoco se preocupó por las personas del entorno, que ven vulnerado su “derecho a la salud”, a “disfrutar de un medio ambiente adecuado” e incluso a la “inviolabilidad del domicilio” por las pestilentes emisiones del “amoníaco, sulfuro de hidrógeno, dióxido de carbono y metano” de las granjas. Por no mirar, según la anterior sentencia, la Xunta no miró ni la desbocada situación en su conjunto: la contaminación y los efectos acumulativos de los residuos de tanta macrogranja como se ha ido autorizando durante años, en un paisaje donde la tierra ya no es capaz de digerir los vertidos de purín.