Democracia Viva: Contreras acusa falta de objetividad de la Fiscalía a un día de que se discuta cierre de la investigación

Democracia Viva: Contreras acusa falta de objetividad de la Fiscalía a un día de que se discuta cierre de la investigación

A partir de las 8.30 horas de este viernes 29 de noviembre, en el Juzgado de Garantía de Antofagasta, se llevará a cabo la audiencia en que nuevamente se discutirá el cierre de la investigación por los convenios suscritos por la fundación Democracia Viva, arista inicial del denominado caso Lío de Platas y en el marco del cual el Ministerio Público pesquisa una serie de traspasos de dineros desde entidades públicas a ONG.

Hasta ahora ha sido poco más de un año y cinco meses de indagación bajo la dirección del fiscal Cristián Aguilar, y si bien hace algunas semanas se optó por agrupar las pesquisas que se seguían en torno a otras tres fundaciones, son tres los principales imputados: el exseremi de Vivienda de Antofagasta Carlos Contreras, el otrora mandamás de la ya disuelta entidad Daniel Andrade y la concejala Paz Fuica.

En distinta medida, los tres formalizados han expresado sus reparos respecto a la indagación, aunque recientemente Contreras, por intermedio de su círculo más cercano, hizo llegar un escrito a La Tercera donde reprochó directamente la falta de objetividad que ha tenido -a su juicio- el Ministerio Público al llevar las diligencias.

Por medio de una carta de dos carillas dirigida a este medio, el otrora seremi advirtió que “se ha omitido información e ignorado pruebas en lo que parece un blindaje hacia ciertas personas, tanto a nivel regional como a nivel nacional”.

A modo de ejemplo, Contreras mencionó que la Fiscalía nunca ha buscado con real ahínco el informe que dijo haber entregado la exsubsecretaria Tatiana Rojas a altas autoridades de La Moneda y que tampoco han despejado si ella advirtió de las supuestas irregularidades a Miguel Crispi, jefe de asesores del Segundo Piso de Palacio.

En segundo punto, el hoy imputado remarcó que no se ha podido probar el presunto tráfico de influencias en que habrían incurrido, ni el supuesto vínculo irregular con la diputada Catalina Pérez, quien era pareja de Andrade, todos exmilitantes de Revolución Democrática.

“El fiscal no ha logrado establecer la supuesta implicancia de Catalina Pérez, y a cambio está sumando fraudes inexistentes”, indicó.

De igual forma, Contreras reclamó que inicialmente los fiscales optaron por “fragmentar” la causa para avanzar en distintas formalizaciones con miras a mantenerlo privado de libertad.

Todo eso, asevera, mientras se siguen ignorando otras situaciones alejadas de la norma. “La responsabilidad administrativa respecto de requisitos y condiciones contractuales me la atribuyen a mí con una intención dolosa que sirve para configurar el fraude, haciendo caso omiso a los informes de Contraloría que expresan claramente que acá había criterios nacionales del programa de Asentamientos Precarios y pareciera que hubiese blindaje sobre esos funcionarios”, apuntó.

Agregó, en la misma línea, que mientras se mantuvo en el cargo las fundaciones estaban haciendo las rendiciones que correspondían y que cuando alertaron de que podía haber falencias, como cuando ProCultura habría intentando rendir por adelantado dineros por concepto de un arriendo, eso se rechazó. También, recalcó, se liquidaron anticipadamente los contratos que así lo requerían.

No podía elegir fundaciones

Consultado respecto de los hechos por los que se sigue responsabilizando a su representado, el abogado Andrés Bustos recalcó que el exseremi no tenía la atribución para elegir por su cuenta a las fundaciones.

“A las Seremis de Vivienda les compete la celebración de convenios para materializar las transferencias a las entidades que ya han sido asignadas por el secretario ejecutivo del Programa de Campamentos y los directores de los Serviu regionales”, manifestó.

Así, agregó que “no es posible para el seremi celebrar estos convenios sin la autorización e intervención de los organismos responsables establecidos para cada etapa, es decir, el director de Serviu regional, el equipo técnico de Serviu regional, la comisión multidisciplinaria del nivel central, y el secretario ejecutivo del Programa Campamentos, quienes conforme a sus potestades autorizan las propuestas iniciales de inversión”.

Por lo mismo, y en atención a que de acuerdo con fuentes ligadas a las pesquisas este viernes se ampliaría el plazo de investigación, el abogado plantea como necesario que se evalúe realmente quiénes son todos los implicados en el caso.

Esto, además, porque recientemente se sumó una nueva querella del CDE en contra de Contreras, en esta ocasión por el presunto fraude al Fisco en la celebración de convenios con la Fundación Superación de la Pobreza.