Adam Chilton, académico de la U. de Chicago: “Lo notable de Chile es que sigue teniendo menos asentamientos informales que otros países de la región”

Adam Chilton, académico de la U. de Chicago: “Lo notable de Chile es que sigue teniendo menos asentamientos informales que otros países de la región”

A pesar de su formación como abogado y ser un experto en derecho constitucional comparado, Adam Chilton lleva ocho años obsesionado con los campamentos y las comunidades que se forman sobre asentamientos informales alrededor del mundo. Él, un profesor de la Universidad de Chicago, se interesó, primero, en lo que sucedía en la India para tratar de entender qué lleva a una familia a salir de la vida urbana formal para, luego, verse obligada a formar parte de una estructura llena de pobreza y precariedad.

Esa obsesión lo ha llevado por barrios y países impensados. Chile es el último de ellos. Aquí, junto a Diego Gil y otros investigadores de la Escuela de Gobierno de la UC, ha estado viniendo para tratar de responder una pregunta que parecía desafiar las lógicas que conocía: y esa es que Chile, a pesar de ser un país que lleva décadas disminuyendo su pobreza, lleva entre 15 y 20 años sosteniendo un aumento de campamentos urbanos.

¿Qué hace que la situación en Chile respecto de las comunidades y asentamientos informales sea diferente a otros lugares que ha visto en el mundo?

DG: Lo principal que diría es que aunque los asentamientos informales han ido en aumento en los últimos 20 años en Chile, creo que la magnitud del problema sigue siendo mucho más pequeña que en otros países. Durante el fin de semana estuvimos con un colega de Brasil y él, básicamente, decía que el número de personas viviendo en favelas en Brasil es toda la población chilena en este momento. Si vas a India, Indonesia, la escala es bastante diferente. Así que todavía creo que es un problema de menor escala en Chile, pero es preocupante que haya ido creciendo en los últimos 20 años y aún siga creciendo.

AC: He investigado sobre tomas de terreno en el sudeste asiático, África y parcialmente en América Latina. A pesar de que el número de campamentos es un problema significativo, porque ha seguido creciendo, lo notable de Chile es que sigue teniendo menos asentamientos informales que otros países de la región. O, incluso, de otros países con niveles de ingresos similares en el mundo. Lo otro que diría que es notable es que, en su mayoría, aunque hay excepciones, muchos de los asentamientos informales en Chile parecen ser relativamente pequeños. Diego puede corregirme con los datos, pero el número que recuerdo es de aproximadamente 50 familias por asentamiento. Ese es el promedio en Chile. Si lo comparas con Buenos Aires, por ejemplo, allá hay comunidades extremadamente grandes de decenas de miles de personas en el centro de la ciudad. Encuentras patrones similares en otros países de la región. Así que la proporción de la población del país viviendo en tomas no es tan grande y el tamaño en promedio de esos asentamientos tampoco es tan grande.

¿Qué políticas públicas han funcionado en otros países para disminuir y prevenir el crecimiento de estas tomas?

AC: Las dos cosas que han funcionado de manera bastante consistente son, primero, tener un crecimiento económico amplio. A pesar de que no es una política que se enfoque específicamente en los campamentos, cuando el ingreso general de los países sube, por ejemplo, medido por el PIB per cápita o el consumo promedio, las tomas disminuyen. Y eso es un patrón consistente. Así que es importante recordar que las políticas que producen crecimiento económico amplio tienen el beneficio de ayudar a las comunidades más vulnerables. El segundo punto son las políticas que hacen que el sector de la vivienda formal sea más asequible.

¿Por ejemplo?

AC: Con políticas que aumenten la oferta de viviendas formales

¿Como los subsidios?

AC: Incluso las que simplemente hacen más fácil construir. Hay restricciones de zonificación que hacen que sea caro o difícil construir. Cosas como, por ejemplo, decir que solo puedes tener un edificio de cuatro pisos o que cada departamento debe tener ciertos espacios de estacionamiento o que el proceso de revisión lleve dos años. Todas esas políticas aumentan el costo de construcción. Y ese costo luego se transfiere a las personas que alquilan o compran esas viviendas. Cuando hay políticas que encuentran maneras de reducir el costo total de construir departamentos o viviendas familiares dentro de un país, ves que la informalidad disminuye.

¿Este es el problema en Chile?

DG: Aunque se les puedan hacer muchas críticas a las viviendas sociales construidas en los años 90, durante ese período hubo un efecto sustantivo. La vivienda social construida para la población de bajos ingresos básicamente reemplazó la informalidad. Por eso vemos que los números de familias viviendo en campamentos fueron disminuyendo. El problema es que nuestros subsidios, nuestra política de vivienda, se ha vuelto cada vez más ineficaz y en realidad estamos construyendo mucho menos vivienda para bajos ingresos de lo que solíamos hacer. Eso, por supuesto, no es el único factor por el cual la gente vive en tomas. Puede haber otros factores relacionados con la migración, con que ahora las personas tienen expectativas diferentes sobre el tipo de casas que quieren que el gobierno construya, pero creo que es el momento de tener un gran acuerdo social en términos de impulsar la oferta de vivienda asequible. Creo que esa es la principal forma de resolver el problema de las tomas en Chile.

¿Cambió la situación en Chile después del estallido social de 2019 y la pandemia?

AC: Lo que se entiende a partir de los datos que hemos obtenido de Techo es que el número de asentamientos informales y el número de hogares viviendo en campamentos en Chile había estado disminuyendo. Eso comenzó a aumentar nuevamente hace aproximadamente 15 a 20 años, pero luego la tasa de crecimiento se aceleró notablemente, coincidiendo con los disturbios de octubre de 2019. Luego la curva se aplanó hasta más o menos marzo de 2021, cuando comenzó la pandemia.

¿Cómo explican eso?

DG: Lo que estamos viendo en los datos es que entre el estallido social y el inicio de la pandemia hubo un crecimiento acelerado de las tomas impulsadas, en su mayoría, por chilenos. En ese momento se crearon muchas tomas, alrededor de 200, habitadas en su mayoría por chilenos, no migrantes. Así que la explicación que estamos tratando de ofrecer en nuestro paper, que estamos trabajando con Adam, Patricio Domínguez y Eduardo Undurraga, es que se trata de un problema estructural, porque esto ocurre en un momento en el que no estábamos construyendo suficiente vivienda asequible. Así que, por un lado, tienes un problema estructural, como precios de vivienda altos y baja oferta de vivienda asequible. Si a eso le agregas un evento detonante, como un estallido social, eso crea un crecimiento acelerado de los campamentos. Esa es la principal teoría que estamos tratando de proponer en nuestro paper.

¿Qué tan rápido fue ese crecimiento en la aparición de nuevas tomas?

AC: Aumentó en cuatro veces.

Cuando hablaron con los residentes de estos campamentos, ¿les contaron que los impulsó a tomarse los terrenos?

AC: Nos dijeron que ya antes del estallido tenían algunos problemas. Por ejemplo, que vivían de allegados o en una casa que consideraban inadecuada para sus necesidades. Que no tenían suficiente espacio, o no estaba lo suficientemente cerca del trabajo o, en algunos casos, que vivían en un sector donde pensaban que sus hijos estaban en riesgo por la delincuencia. También escuchamos casos de mujeres que sentían riesgo de sufrir violencia doméstica. Luego del inicio del estallido, se creó un momento en el que la gente pensó que había una mayor conciencia de la desigualdad en el país y el hecho de que las necesidades de los más pobres no estaban siendo atendidas. Así que apareció una oportunidad, porque pudieron formar estas tomas sin que el gobierno o carabineros pudieran intervenir rápidamente.

¿Por qué eligieron ir a San Antonio y estudiar lo que estaba sucediendo allí?

AC: Fue una visita que Diego y sus colegas organizaron para un grupo de académicos. Pero la razón es tanto el tamaño de la toma como el hecho de que fue una comunidad que surgió durante el estallido de 2019. Que en la actualidad esa toma esté siendo el centro de un litigio tan comentado en el país hizo que nos interesara más verlo en persona.

¿Le sorprendió algo de lo que vio allí?

AC: Dado lo joven que es la comunidad, aproximadamente unos cinco años, está notablemente bien organizada, bien establecida y desarrollada.

DG: Es diferente del patrón al que estábamos acostumbrados en términos de los campamentos que se crearon hace 20 años. Es grande, está bien organizada, con una construcción mucho más sólida. Y es una comunidad muy joven que se creó el segundo día del estallido social. Creo que ilustra todo lo que ha funcionado mal: que no haya suficiente oferta de vivienda, la dificultad de muchos por pagar arriendos, precios de viviendas demasiado altos para la mayoría de la población y una oportunidad para tomarse tierras sin buenos mecanismos de control que lo previnieran. Básicamente, junta todos los factores en un mismo lugar, generando un problema que va a ser muy difícil de resolver.

¿Identificaron alguna relación entre los retiros de los fondos de pensiones y el nacimiento de nuevos campamentos?

DG: Es una relación bastante explícita, de hecho. Muchos nos dijeron que los retiros les permitieron construir o terminar sus casas. El tema es que muchos de ellos construyeron casas que son quizás, probablemente, más cómodas que la mayoría de las viviendas formales que el gobierno construye con un subsidio.

Aproximadamente 1.500 familias en San Antonio formaron comités de vivienda, pasaron por el proceso legal para postular a subsidios y hoy, incluso después de 15 años, no han obtenido una solución habitacional. Por el otro lado, las familias que se tomaron los terrenos de un privado están recibiendo ayuda para formar cooperativas para poder comprarlo. ¿Les parece justa la situación?

Las 1.507 familias de San Antonio que el gobierno olvidó

DG: Lo primero que quiero decir es que ninguna de las personas que viven en la toma ha recibido un subsidio del gobierno, así que nadie se ha saltado la fila aún. Pero creo que tocas un punto importante: ha habido dos pilares de la política de vivienda en Chile durante las últimas cuatro décadas. Primero, que nadie se salta la fila. Por lo tanto, los vecinos de los campamentos obtienen acceso a viviendas formales a través de los programas regulares. El segundo pilar es que el gobierno no proporciona terrenos.

Proporciona viviendas.

DG: Exacto. Creo que esos dos pilares están en crisis con estas megatomas. Y creo que el gobierno debería ser más creativo, porque, básicamente, estamos produciendo la mitad de las viviendas sociales que solíamos construir. Necesitamos aumentar drásticamente la oferta y eliminar todas las restricciones y facilitar que las personas transiten de un terreno a vivienda formal, pero a una vivienda formal adecuada y buena.

AC: Yo haría una observación general: cuando existen políticas públicas que no funcionan particularmente bien, puede llevar a que las personas, en lugar de quedarse en las vías formales, se muevan hacia las vías informales. El problema que surge es que las personas que se quedan en las vías formales sienten que no se les trata de la misma manera que a quienes meten presión saliéndose de las vías establecidas. Cuando hay una gran proporción de personas que encuentran que la ruta formal no les está funcionando, eso no solo debería hacernos pensar sobre la manera correcta de hacer cumplir la política pública existente, sino que preguntarnos si es la correcta.