Valencia aborda críticas por filtraciones en tercera cuenta pública de su mandato como fiscal nacional

Valencia aborda críticas por filtraciones en tercera cuenta pública de su mandato como fiscal nacional

La mañana de este miércoles en dependencias de la Fiscalía Nacional, los ojos estaban puestos en cómo sería el cara a cara entre el Presidente Gabriel Boric y el máximo persecutor Ángel Valencia, quienes se encontraban por primera vez en persona desde que se reveló que había existido un intento del Ministerio Público para intervenir el celular del Mandatario.

La información fue revelada por Ex-Ante y rápidamente generó revuelo y cuestionamientos. Esto, pese a que el fiscal Patricio Cooper, quien supuestamente había solicitado el “pinchazo”, no ha confirmado ni desmentido la información.

Pero pese a que la polémica estaba instalada y que un “ambiente de tensión” reinaba en el edificio de calle Catedral, lo que se vio entre ambas autoridades fueron gestos de normalidad, el centro debía estar en la Cuenta Pública del máximo persecutor. Saludos protocolares y el dueño de casa comenzó con su discurso, que se extendió por casi dos horas.

Ahí, la autoridad puso énfasis en diferentes ítems, aunque el punto referente a filtraciones de causas -que ha generado duros cuestionamientos desde el mundo político al Ministerio Público-, fue uno que acaparó bastante tiempo de la intervención de Valencia.

“Durante el 2024, hemos adoptado múltiples medidas en el ámbito informático con el objetivo de asegurar la trazabilidad interna de los archivos que contienen información de causas penales, para así resguardar el acceso a los sistemas y bases de datos institucionales”, sostuvo.

Igualmente, adelantó que para alcanzar niveles más avanzados, “a partir de este año y hasta el 2028, realizaremos una inversión adicional de más de $3 mil doscientos millones de pesos, representando un 41% del gasto total que se efectuará en este tipo de licencias”.

De igual forma, destacó que han avanzado con decisión en el denominado caso Convenios. “Este fenómeno, que remeció la confianza ciudadana y puso en tela de juicio la transparencia de los vínculos entre organismos públicos y fundaciones privadas, representó un verdadero punto de inflexión en la relación entre la ciudadanía y sus instituciones”, apuntó.

Y es que el caso ProCultura, que ha estado un año bajo reserva de lavado de activos es uno que preocupa al mundo político. De hecho, la tensión con el Ejecutivo estuvo presente la semana pasada cuando La Tercera reveló que el exjefe de asesores de La Moneda, Miguel Crispi, fue blanco de la interceptación de su teléfono, en el marco de pesquisas por el caso convenios.

Valencia detalló que, “a abril de 2025, los resultados concretos del trabajo del Ministerio Público en el Caso Convenios dan cuenta de una persecución penal sostenida, estratégica y con impacto real. A la fecha, 45 personas han sido formalizadas, cinco de ellas en más de una causa, lo que eleva el total a 50 formalizaciones. Existen además cuatro personas con audiencias de formalización ya solicitadas y un total de 134 RUC asociados al fenómeno delictivo, lo que refleja la magnitud y dispersión territorial del caso".

De acuerdo a lo que sostuvo, hasta la fecha se han llevado a cabo 25 audiencias de formalización y se ha solicitado la prisión preventiva para 25 imputados.

“El monto total investigado a nivel nacional supera los $70 mil millones de pesos y ya se han presentado dos solicitudes de desafuero contra autoridades con fuero parlamentario, en las regiones de La Araucanía y Antofagasta”, agregó.

En medio de sus palabras, Valencia también abordó los nuevos modelos de persecución penal, el combate del crimen organizado y de los homicidios e igualmente el aumento creciente de denuncias y el abordaje de casos de femicidios y delitos sexuales.

La tecla política

En La Moneda son conscientes de que Valencia quería evitar que escalara la polémica por el supuesto “pinchazo” al Presidente y a su otrora jefe de asesores, Miguel Crispi. Sin embargo, hubo pasajes del discurso del máximo persecutor que el Ejecutivo miró con distancia.

En concreto, a personeros del gobierno les llamó la atención la forma en la que Valencia se refirió al caso “Lío de Platas”, también denominado caso Convenios, pues justamente durante 2023 fue esta indagación la que le asestó un duro golpe a La Moneda.

Y además, porque se habló de dicha causa como un “todo”, sin diferenciar que parte de la polémica se concentró en gobernaciones que están en manos de personeros que no son parte de la coalición gobernante. Por lo demás, generó cierta molestia que incluso asemejara dicha indagatoria con la que tiene en prisión preventiva al abogado Luis Hermosilla.

“No hemos titubeado en investigar con el mismo rigor a redes de corrupción de alto nivel, como el caso Convenios, y el caso Hermosilla”, fueron las palabras de Valencia.

Además, desde la casa de gobierno sostienen que el fiscal nacional no hizo ningún gesto al Ejecutivo, pese a que esta será la última cuenta pública que le toca presenciar al Presidente Gabriel Boric quien finaliza este año su mandato y fue quien lo nominó en el cargo.

Tampoco hubo menciones en su discurso a las autoridades del Ejecutivo que estaban presentes, destaca una alta fuente de Palacio.

No pocos se aventuran a interpretar que lo que hizo la autoridad del Ministerio Público fue actuar con sobriedad, en el entendido que ya está más o menos claro que la apertura del expediente del caso ProCultura traerá más de una esquirla con el oficialismo.

Factor Cooper

Aunque este miércoles el protagonista debía ser Valencia, el fiscal regional de Coquimbo, Patricio Cooper, ciertamente fue el “más solicitado” de la jornada. Tanto los invitados como los medios que acudieron a la convocatoria, aguardaron atentos su arribo. Fue uno de los últimos fiscales en llegar y lo hizo evitando las consultas. “No voy a hablar nada. No voy a responder preguntas”, esbozó serio.

Cooper es el fiscal que tramita los casos de corrupción que más han impactado la agenda noticiosa este año, solicitando a tribunales el “pinchazo” a Crispi (FA), la incautación del teléfono de la exsenadora Isabel Allende (PS) y -en una causa distinta-, el allanamiento del departamento de la expresidenta de la Cámara de Diputados Karol Cariola (PC). Por este último hecho, algunos parlamentarios del oficialismo pidieron su destitución a la Corte Suprema.

Al interior de auditorio, Cooper se reencontró con quien fuera su jefe en la Fiscalía Centro Norte, el fiscal regional Xavier Armendáriz. Con él se le vio compartir un extenso diálogo y algunas carcajadas, previo a que iniciara el discurso del fiscal nacional. Desde ese puesto, de hecho, se cruzó frente a frente con el Presidente Boric, a quien le estrechó la mano.

Posterior a la alocución del jefe del Ministerio Público, el titular de la fiscalía de Coquimbo volvió a evitar hablar con la prensa, y se le vio compartir solo algunos minutos con funcionarios del Ministerio Público para luego retirarse raudo hacia el estacionamiento y en completo silencio.

No hubo gestos de apoyo explícitos en la ceremonia, aunque en su discurso y ante los medios presentes el fiscal nacional recordó: “Cuando decimos que nadie está por sobre la ley, no es un eslogan: es una convicción que se traduce en acciones concretas y procesos judiciales efectivos”.

Y es que distintas fuentes consultadas por este medio coinciden en que, teniendo los antecedentes que corresponda, todos los fiscales del Ministerio Público pueden solicitar medidas intrusivas que estimen necesarias. Incluso si esas pesquisas apuntan al Jefe de Estado, porque finalmente quien las autoriza, o las desestima, es un tercero ajeno: el Poder Judicial.

“Así son los contrapesos del sistema”, comentó en privado uno de los presentes.