Diputados de oposición piden al CDE estudiar eventual sobreprecio en compra de casa de Allende
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Diputados de oposición piden al CDE estudiar eventual sobreprecio en compra de casa de Allende
Un grupo de diputados de Renovación Nacional (RN) solicitó formalmente este viernes al Consejo de Defensa del Estado (CDE) que investigue la posible existencia de un sobreprecio en la adquisición, por parte del Fisco, de la casa de la comuna de Providencia que perteneció al expresidente Salvador Allende y que es actualmente copropiedad de la ministra de Defensa, Maya Fernández, y su hermano, ambos nietos del exmandatario.
En un oficio dirigido al presidente del CDE, Raúl Letelier, los diputados Ximena Ossandón, Hugo Rey, Miguel Becker, Camila Flores, Frank Sauerbaum y José Miguel Castro, manifestaron su preocupación por un potencial perjuicio al patrimonio estatal y el conflicto de interés asociado.
Según indicaron, “quien ejecuta la negociación es el gobierno, a través del Ministerio de Bienes Nacionales, y adquiere a una ministra de Estado, que integra el mismo gobierno”. Este hecho, explican, constituye un conflicto de interés evidente y un posible incumplimiento del principio de probidad, consagrado en la Constitución y en la Ley Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado.
Los diputados subrayaron que el inmueble fue adquirido por la titular de Defensa y su hermano en 1998 por $500.000, mientras que recientemente el Fisco anunció su compra por $933 millones. En el escrito, advirtieron que “aún aplicando criterios de reajuste estrictos, es notorio que la ministra y su hermano obtienen una ganancia inconmensurablemente superior al monto que desembolsaron”.
Además del eventual sobreprecio, los parlamentarios RN destacaron que el inciso final del artículo 37 bis de la Constitución prohíbe explícitamente a los ministros celebrar contratos con el Estado, incluso en contextos de copropiedad. En este sentido, señalaron que “separar al ministro de Estado en cuanto integrante de una comunidad o copropiedad no debe ser acogido, en tanto vulnera el espíritu de la norma constitucional”.
La diputada Ximena Ossandón, jefa de bancada, enfatizó que “los precios que se pagan parecen exceder en mucho los valores de mercado, y de ahí que el CDE debe seguir su mandato de resguardo del patrimonio público, informando si en la especie hay un sobreprecio que perjudique el interés fiscal”.
En tanto, el diputado Miguel Becker agregó, que “el tecnicismo de que la ministra (Maya Fernández) no forma parte de la compraventa, sino una persona jurídica, parece no ajustarse al estándar que impone nuestra Constitución. De ahí que sería bueno que, de una vez por todas, el Consejo nos dé su opinión jurídica acerca de si se está incumpliendo la regla, que más que eso, es un mandato amplio de observancia de probidad mínima para ministros de Estado”.
Por otra parte, el diputado Hugo Rey, subjefe de bancada, indicó que “el visado de la Contraloría es relevante, pero no es una bala de plata que impida cuestionamientos. Acá los valores de compra parecen excesivos y no parece haber muchas dudas acerca del incumplimiento del estándar del artículo 37 bis de la Constitución, que prohíbe a los ministros contratar con el Estado”.
En el texto, los diputados de RN instan, además, al CDE a evacuar un informe en derecho que esclarezca si esta transacción vulnera la prohibición constitucional y afecta gravemente la función pública que ejerce la ministra Fernández. “Más allá de un tecnicismo jurídico, se atropella de manera evidente el principio de probidad, esencial para resguardar el interés fiscal y la transparencia en la gestión pública”, concluyeron.
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