Diputados de RN piden a Contraloría pronunciarse sobre carácter “reservado” de expediente de Bienes Nacionales por fallida compra de casa de Allende

Diputados de RN piden a Contraloría pronunciarse sobre carácter “reservado” de expediente de Bienes Nacionales por fallida compra de casa de Allende

Los diputados de Renovación Nacional (RN) Andrés Longton y Paula Labra, ingresaron este miércoles un requerimiento ante la Contraloría General de la República para que se pronuncie ante la decisión del Ministerio de Bienes Nacionales (BB.NN) de catalogar como “reservado” el expediente administrativo con que se investiga la fallida compra de la casa de Salvador Allende en Guardia Vieja, comuna de Providencia.

Para Longton (presidente de la Comisión Investigadora del caso) y Labra (integrante de la misma instancia), el hecho es “inaceptable” y acusan que “vulnera el uso transparente de recursos públicos”, por lo que solicitan a la contralora Dorothy Pérez que se pronuncie al respecto y si corresponde, a que instruya a la cartera a revertir su decisión.

El documento que ahora fue catalogado bajo reserva era requerido por la Comisión Investigadora, que continúa sesionando para establecer responsabilidades políticas de la fallida compra, que pretendía adquirir la vivienda con motivos de resguardar la memoria histórica, desembolsando $ 922.152.558.

De acuerdo al escrito ingresado ante el órgano contralor, desde la cartera dirigida por el ministro Francisco Figueroa, se respaldaron en que el archivo contenía información que “forma parte de procesos investigativos”, por lo que sostuvieron su decisión en el artículo 8 de la Constitución y “los artículos 182 y 233 del Código Procesal Penal, y el artículo 137 del DFL Nº 29, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley Nº18.834, sobre Estatuto Administrativo”.

Ante esto, los legisladores señalan al organismo de control que “creemos que resulta necesario poder establecer en primer término que, la cita al artículo 8º de la Constitución Política de la República resulta al menos cuestionable, puesto que esta norma constitucional consagra, precisamente, el principio general de publicidad y transparencia de los actos administrativos y documentos públicos”.

Y agregan: “si bien dicho artículo contempla excepciones, éstas deben ser interpretadas restrictivamente y deben referirse a causales precisas, esto es, cuando la publicidad afectare ‘el debido cumplimiento de las funciones de dichos órganos, los derechos de las personas, la seguridad de la Nación o el interés nacional’. En la especie, no se vislumbra como, la publicidad de una serie de actuaciones administrativas pudiera poner en riesgo estos valiosos bienes”.

A juicio de los parlamentarios, la fundamentación entregada por el ministerio -basada en normas constitucionales y legales que regulan procesos penales o sumarios- resulta “errónea e inconsistente”, ya que se trata de un procedimiento administrativo que, por definición, debe regirse por el principio de transparencia, a diferencia del proceso penal, por lo que acusan “confusión” desde Bienes Nacionales, además de “atentar” contra las labores fiscalizadoras de la instancia parlamentaria.

“Sostener la tesis del gobierno parece no solo absurdo, sino que abona a la oscuridad, precisamente aquella que proscribe el artículo 8 de nuestra Carta Fundamental”, agrega el escrito.

Ante esto, el diputado Longton sostuvo que “la decisión del gobierno no solo es errada jurídicamente, sino que deja a la vista el permanente boicot que han sufrido las comisiones investigadoras de la Cámara. Pretender que el expediente de una compra es reservado parece absurdo y deja de manifiesto el nulo compromiso con la transparencia de este gobierno”.

La diputada Labra por su parte manifestó que “el Ministerio de Bienes Nacionales nuevamente hace gala de su ignorancia jurídica, o derechamente califica el expediente como reservado porque no quieren que se conozcan los antecedentes. De cualquier manera, lo que ocurre es un escándalo que debe ser observado por la Contraloría, más cuando se atenta contra las facultades fiscalizadoras de la Cámara de Diputados, cuestión que no aceptaremos y haremos ver a la mesa”.