Diputados RN solicitan a Contraloría dictamen sobre legalidad de regularización acotada anunciada por el gobierno

Diputados RN solicitan a Contraloría dictamen sobre legalidad de regularización acotada anunciada por el gobierno

Los diputados de Renovación Nacional (RN), José Miguel Casto y Andrés Longton, acudieron la mañana de este lunes hasta la Contraloría General de la República para solicitar a la contralora, Dorothy Pérez, que elabore un dictamen acerca de la legalidad de los requisitos que plantea el gobierno para el proceso de regularización acotada de migrantes.

Se trata de una iniciativa que está directamente relacionada con el empadronamiento previo que realizó el Ejecutivo -al que se acogieron más de 180.000 extranjeros-, ya que serían esas personas que se enrolaron de manera voluntaria los que podrían acceder al beneficio.

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Sobre la petición a la contralora, Longton señaló: “Hemos venido a representar una eventual ilegalidad en el proceso de regularización masivo de migrantes que ingresaron por pasos clandestinos de manera ilegal a nuestro país que pretende llevar a cabo el gobierno”.

“Son más de 180.000 migrantes que ingresaron violentando, traspasando de manera ilegal nuestras fronteras y que el gobierno pretende regularizar. Sin tener controladas nuestras fronteras, sin tener ninguna capacidad de expulsión resulta que ahora son tremendamente eficientes para regularizar a quienes han incumplido la ley, algo que rechazamos contundentemente considerando las condiciones que están como país y que pareciera que el gobierno no comprende”, recalcó.

El parlamentario apuntó “la Ley de Migración establece claramente que el ingresar por plazos clandestinos es una ilegalidad que tiene una sanción establecida en la ley. Por lo tanto, eso no puede ser pasado por alto por el gobierno. En segundo lugar, piden arraigo laboral y resulta que quien ingresa de manera ilegal a nuestro país no puede trabajar porque eso tiene una sanción específica para los empleadores”.

“Esperamos que la Contraloría se pronuncie respecto a este proceso de regularización masivo y esperemos que le ponga freno por el bienestar de todos los chilenos”, expresó.

Castro, por su parte, sostuvo que: “Estamos acostumbrándonos a que a fin de año, antes de la Navidad, este gobierno nos entregue esta clase de regalos, como fue también con los indultos. Queremos preguntarle al subsecretario si tiene en consideración que estas 182.000 personas no tienen todos sus antecedentes penales claramente identificados. Queremos preguntarle al subsecretario si considera también que a estas personas el día de mañana se les va a entregar, por ejemplo, la PGU y que va a salir de todos los bolsillos de todos los chilenos”.

“Encontramos y creemos que está cometiendo un error tremendo este gobierno, liderado por su ideología y no por lo que le piden todos los chilenos”, destacó.

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