Editorial Jurídica

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SEÑOR DIRECTOR:

La Editorial Jurídica de Chile, desde 1947, se financió con un porcentaje de los impuestos de alcoholes y, luego, con una parte del presupuesto de la Contraloría General de la República y no cuenta con financiamiento estatal desde el año 1977.

Por eso, el sr. Arturo Hasbún se equivoca en su carta publicada en esta sección. Omite, además, que por los problemas económicos que ya aquejaban a inicios de este siglo y que se hicieron insuperables, en el año 2013, su Consejo acordó su disolución, de conformidad a lo que previene la ley que creó la entidad. Omite, también, que la ley de disolución de la Editorial Jurídica de Chile, requisito necesario para aquello, fue enviada al Congreso hace más de 10 años por el Presidente Piñera. El proyecto no avanzó y solo en la presente legislatura se ha retomado su tramitación.

La deuda a corto plazo aludida, que es en realidad una deuda tributaria, corresponde a impuestos adeudados por un poco más de 2 mil millones de pesos, y el resto de la suma la componen multas, intereses y reajustes, que se han ido incrementando en los 10 años en que la Editorial ha esperado que se dicte la ley de disolución.

Asimismo, es impreciso que la Editorial adeude más de 800 millones de pesos a sus trabajadores. Aquello es la cuantía de un juicio que, actualmente, se sigue entre las partes, por lo que aquella es una cifra meramente contingente y que depende de lo que resuelva el tribunal que conoce de la causa.

Samuel Soto Urrutia

Gerente general

Editorial Jurídica de Chile