“El Contador”, sobrino de Osiel Cárdenas, será extraditado a EEUU… si México lo recaptura

“El Contador”, sobrino de Osiel Cárdenas, será extraditado a EEUU… si México lo recaptura

José Alfredo Cárdenas Martínez fue liberado en noviembre de 2024 por orden judicial

El pasado 17 de diciembre de 2024, un mes después de que quedara en libertad, el Gobierno de México autorizó la extradición de José Alfredo Cárdenas Martínez, alias “El Contador”, quien es requerido por la Corte Federal del Distrito Sur de Texas para ser procesado por nueve delitos relacionados con narcotráfico y lavado de dinero.

La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) emitió formalmente el acuerdo de procedencia de la extradición tras recibir la solicitud correspondiente del gobierno de Estados Unidos, en cumplimiento del tratado bilateral en materia penal.

La resolución fue publicada en la versión pública del expediente, donde se precisa que el traslado internacional de Cárdenas Martínez fue concedido “a fin de ser procesado por la Corte Federal de Distrito para el Distrito Sur de Texas, Estados Unidos de América”.

El Universal señaló que la Fiscalía General de la República (FGR) ya había considerado procedente la entrega del acusado y turnó el caso a la cancillería para la emisión del dictamen definitivo. No obstante, al momento de autorizarse el trámite, el acusado ya había sido liberado por resolución judicial emitida semanas antes.

La polémica liberación

José Alfredo Cárdenas Martínez es señalado por autoridades federales como presunto líder de una célula del Cártel del Golfo, organización criminal con operaciones en Tamaulipas dedicada al trasiego de drogas, armas y dinero entre México y Estados Unidos. Es sobrino de Osiel Cárdenas Guillén, exjefe del cártel, detenido en 2003 y extraditado en 2007 a Estados Unidos, apenas este año fue repatriado a México, donde se encuentra detenido.

El 20 de noviembre de 2024, el juez Gregorio Salazar Hernández, adscrito al Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de México, resolvió modificar la medida cautelar de prisión preventiva que mantenía a “El Contador” recluido en el Reclusorio Oriente, argumentando que la FGR no logró justificar adecuadamente su solicitud de prisión oficiosa.

Durante una audiencia de más de siete horas en el penal de Almoloya de Juárez (El Altiplano), el juez sostuvo que la fiscalía no acreditó ni fundó las causas que motivaban la prisión preventiva, ya que no refirió hechos concretos relativos al proceso de extradición, ni señaló la existencia de una investigación penal activa contra el acusado en territorio nacional.

El juez consideró también que no existía riesgo de fuga, por lo que sustituyó la prisión preventiva por una serie de medidas cautelares, entre ellas: comparecencias semanales; una garantía de cinco millones de pesos; la prohibición de salir del país sin autorización judicial; la entrega de pasaporte y visa; también se le obligó a portar un brazalete electrónico, pero éstas no fueron cumplimentadas por prórrogas concedidas.

Fue hasta este 13 de marzo que un juez federal con sede en el Estado de México rechazó conceder la suspensión definitiva del procedimiento de extradición, lo que permite a la FGR entregar al acusado a las autoridades estadounidenses si este es recapturado.

Investigación contra el juez

Tras la liberación de “El Contador”, la FGR inició un procedimiento administrativo y penal contra el juez Gregorio Salazar Hernández, acusado de haber dictado resoluciones que, a juicio del Ministerio Público, favorecieron indebidamente al imputado. El 3 de diciembre de 2024, el fiscal general Alejandro Gertz Manero informó que la fiscalía había impugnado la resolución judicial y abierto una carpeta de investigación por delitos en contra de la impartición de justicia.

“El momento en que en la audiencia correspondiente el juez tomó la determinación, inmediatamente se la impugnamos. No solamente se la impugnamos en queja, sino que ya se abrió una carpeta en contra de él por delitos en contra de la impartición de justicia”, declaró Gertz Manero.

El 21 de enero de 2025, el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito concedió una suspensión provisional a favor del juez Salazar, para que pudiera conocer el contenido de la indagatoria iniciada por la FGR. Los magistrados consideraron que había “intranquilidad” por parte del juzgador al no conocer con precisión los hechos que se le imputaban.

Desde noviembre de 2021, el Distrito Sur de Texas mantiene una acusación formal contra “El Contador” por nueve cargos federales, entre ellos tráfico de cocaína, metanfetamina y lavado de dinero, según documentos presentados en la corte de Brownsville.