El día de furia de Marco Antonio Solís contra su AFP

El día de furia de Marco Antonio Solís contra su AFP

El día 11 de noviembre, a las 12.20, Marco Antonio Solís Castro (55) llegó a la sucursal de ProVida, en Av. Apoquindo, dentro de la comuna de Las Condes. Sacó un número de atención y esperó. Le tocó el módulo ocho, con la ejecutiva D.R.D., una mujer de 33 años.

Luego de entrar al módulo de atención, Solís solicitó algo que venía pidiendo hace tiempo: retirar una pensión de sobrevivencia que estaba a su nombre. Se la dejó su esposa, fallecida en 2019, con quien estuvo casado desde 1990.

La ejecutiva, nuevamente, le indicó que no se podía. Que lo que pedía no estaba en la ley.

En eso, Solís se ofuscó -según declaró una trabajadora de la AFP-, agarró a D.R.D. del pelo y sacó un cuchillo de una bolsa de nailon. Lo presionó contra el cuello de la ejecutiva y, luego, sacó otro. Ese lo apuntó contra su espalda.

Los demás compañeros de la sucursal se dieron cuenta de la situación y llamaron a Seguridad Ciudadana.

Quien también llegó al interior de la sucursal de Apoquindo fue el suboficial John Neira (49), uno de los carabineros que acudieron al llamado. Neira le pidió a todo el mundo en la sucursal que los dejaran solos con Solís y la ejecutiva. Todo esto, mientras un francotirador se apostaba en un edificio cercano, con Solís en la mira.

Con el correr de las horas, Solís fue empatizando con Neira, y viceversa. Según fuentes policiales, el suboficial era el único en la sucursal a quien Solís se refería por su nombre.

Neira le preguntó al enfurecido hombre qué es lo que quería. Según indicó en la audiencia el fiscal de la Fiscalía Metropolitana Oriente, Luis Jaramillo, Solís le dijo a Neira que quería el millón de pesos de su esposa que estaba fallecida.

Neira fue el enlace con los negociadores de Carabineros. Lograron conseguir un millón de pesos en efectivo. Neira contó el dinero al frente de él. Pero Solís cambió de opinión. Ahora quería todo el dinero de sus ahorros previsionales: $ 12 millones de pesos.

Lo que sorprendió a todos fue la decisión con la que Solís estaba haciendo este acto. Desde ese punto en adelante, según expuso el fiscal de la causa, Solís no mostró colaboración con la negociación. Orinaba en el mismo lugar donde tenía de rehén a la ejecutiva. Solo soltaba uno de los cuchillos para fumar o tomar agua.

Mientras esto pasaba, sus hijos en su casa encontraron algo: un montón de post its con mensajes escritos por Solís antes de salir. Uno decía: “Perdón por todo”.

Pero otro era más revelador.

Decía: “Háganla corta con el entierro”.

Automedicado

La defensa de Marco Antonio Solís dice que, para entender lo que pasó en Las Condes, hay que entender la historia de ese hombre. Sobre todo su relación con su esposa.

Marco Antonio Solís y Paulina González se casaron el mediodía del 22 de mayo de 1990 en el Registro Civil de Conchalí. Curiosamente, habían nacido con sólo cinco días de diferencia: Solís el 13 de enero de 1969. Ella, el 8.

De su unión nacieron cuatro hijos: Felipe (34), Sebastián (32) y Ninoska (30), y una cuarta hija menor que todos.

La defensora penal pública de la Defensoría Metropolitana Centro Norte, Martina Leiva, quedó a cargo de representar a Solís. Dice que su representado trabajó al menos durante 14 años como guardia de seguridad.

Esto se condice con los documentos que se pueden encontrar sobre él en el archivo del Poder Judicial: fue testigo en varias causas como guardia contra mecheros. Uno de sus trabajos fue en un supermercado Lider en Recoleta. Solís no tiene antecedentes delictuales.

El guardia vivía con su hija en la casa que le llegó de herencia cuando falleció una tía, ubicada en la comuna de Conchalí. Su hija levantó una mediagua en el patio trasero. Residía ahí con sus dos hijos, nietos de Solís.

Las rutinas que la familia estableció se rompieron un día de golpe.

Según quienes han conocido la historia de Solís, su esposa se quitó la vida tomando medicamentos. Su certificado de defunción indica que falleció el 16 de febrero de 2019 en Independencia. Un mes antes había celebrado su cumpleaños número 50.

González era la gran compañera de vida de Solís, con quien había compartido más de 20 años. Perderla para él fue duro.

Poco a poco, sus cercanos vieron cómo el estado de ánimo de Solís se iba apagando. Su hija relató que veía que él no se levantaba de la cama en todo el día. O que no salía de su casa para nada.

Eso se sumó con otra cosa. El año 2022, relató Solís a su defensora, quedó cesante.

Su situación económica se deterioró. No encontró trabajo como guardia y le costaba conseguir oportunidades laborales, ya que superaba los 50 años de edad. No sólo era el único oficio que conocía, sino que tampoco tenía estudios superiores que le permitieran buscar algo en otro rubro.

Ninoska, su hija, y la madre de Solís eran quienes le entregaban contención emocional. Su hermana, también, le llevaba alimentos no perecibles y útiles de aseo dos veces al mes.

Su situación siguió empeorando. Dado que no tenía dinero, evitó ir a consultas psiquiátricas y psicológicas. Se automedicaba con remedios para la depresión que compraba en la feria. Su defensa sostiene que esta es una de las razones por las que les complica probar una afección de salud mental: Solís nunca asistió a un médico tratante de ese tipo.

Para salir de la crisis económica por la que estaba pasando trató de echar mano a la pensión de supervivencia que le dejó su esposa. Esto, explica su defensora, es una pensión de un millón de pesos que quedó en la AFP ProVida cuando su esposa falleció. Pero la respuesta desde la AFP era otra. Esa pensión se la iban a entregar en cuotas mensuales de $ 5.905. Solís intentó retirar ese monto presencialmente al menos en otra ocasión.

Desde la AFP ProVida señalan que, además, en las sucursales no manejan dinero en efectivo, y que por ley no podían entregarle el dinero de una sola vez. Esto tiene dos motivos: el primero es que Solís no era el único beneficiario del dinero, también lo era su hija. El segundo es que para cobrar un pago único, su cónyuge tendría que haber muerto en un accidente laboral.

Por todo eso, a pesar de que Solís -dice su defensa- acudió incluso a la Superintendencia de Pensiones a exponer su caso, la respuesta siguió siendo negativa.

Su situación económica lo tenía desbordado y sin plata para pagar cuentas básicas, como el gas.

La mañana del 11 de noviembre, Marco Antonio Solís salió de su casa con una bolsa con tres cuchillos adentro. Posteriormente, declaró que esa mañana pensó en lanzarse al Metro. Pero no tuvo el valor de hacerlo.

Luego se dirigió a la sucursal de AFP ProVida en Las Condes. Sacó un número de atención y esperó.

Una protesta

Cuando se acercaban las 19.00, Solís estaba cansado. Se iban a cumplir ocho horas desde que tomó como rehén a D.R.D.

Solís se mostró visiblemente afectado mentalmente en todo el proceso. Se mostró errático a ratos. Hablaba de que D.R.D. era una cómplice del sistema.

-En muchas oportunidades dijo que se quería matar -dijo el fiscal en la audiencia-, que se quería ir muerto del lugar.

Al rato, llegaron los 12 millones de pesos que pidió Solís. Se los pasaron en una bolsa de papel couché. Luego soltó sus cuchillos y dejó ir a la víctima. En eso, el GOPE arrojó bombas de ruido y disparó balas de salva. Fue detenido a las 19.45.

En el lugar, el Labocar encontró tres cuchillos: uno con una cacha negra, de 32 centímetros de largo; otro plateado, del mismo largo, y una cortaplumas.

Marco Antonio Solís estaba en la comisaría cuando llegó su defensora, Martina Leiva, a conocerlo.

Apenas tuvo contacto con él, le llamó la atención la tranquilidad con la que enfrentaba la situación.

-Yo lo vi disociado. Le costó empezar a mirarnos. Por lo general, en esas situaciones, los imputados están muy ansiosos, o llorando. Él no.

Solís también le dijo algo que la impresionó.

-Él quería que los carabineros lo mataran. Se puede ver que nunca pensó que iba a salir con el dinero. Fíjate en algo: nunca tuvo un plan de escape. No lo esperaba ningún auto afuera.

En la audiencia de control de detención, el persecutor de la Fiscalía Metropolitana Oriente, Luis Jaramillo, dijo algo contrario a lo que dice su defensa. Expuso que la familia del imputado hace años no tenía contacto con él.

-Él estaba desesperado, porque no tiene vínculos con sus hijos. Su hija Ninoska declaró: “No tengo relación alguna hace seis años con él, desde el fallecimiento de mi madre. Mi relación fue nula al enterarme de que mi padre abusó sexualmente de mi hermana menor de edad”. En la audiencia, el fiscal no detalló la identidad de la víctima, ni en qué año sucedió este hecho.

Desde la Fiscalía Metropolitana Oriente indican que esa declaración puede permitir abrir una investigación.

Leiva agrega que lo que hizo Solís fue un acto de protesta frente a lo que él sentía que era una injusticia.

-Esa pensión de cinco mil pesos es una burla desde el sistema hacia él. Entonces, lo que hizo él fue decir: ustedes ganan millones, pero esta es mi plata y me pertenece.

La Fiscalía apunta que el secuestro de Solís lo pena el artículo 141 del Código Penal. Habla de secuestro “para obtener un rescate o imponer exigencias o arrancar decisiones”. Esto hace arriesgar a Solís a una pena de cárcel efectiva.

Contactado para este reportaje, el fiscal Jaramillo decidió no participar.

Leiva, en tanto, sostiene que Solís solo cometió el delito de secuestro y que no se le deberían imputar esas exigencias: “Él no quería apropiarse de nada ajeno. Solo quería tener acceso a la plata que él había ahorrado”. Ese delito puede optar a penas sustitutivas.

Sólo que el fiscal Jaramillo problematizó sobre algo más en la audiencia.

-El día de mañana cualquiera de nosotros va a ir con un cuchillo a exigir que le entreguen la plata. Eso no es una petición seria.

El caso sorprendió a los vecinos del viudo. Juan Pablo Hidalgo, quien vive en la casa contigua, dice que no sabían que estaba pasando por ese problema económico.

A pesar de la queja de Solís, en la AFP ProVida opinan distinto. No tienen contemplado entregarle la plata que pidió.