El duelo inconcluso de la comisaría COP de Los Álamos

El duelo inconcluso de la comisaría COP de Los Álamos

La tarde del viernes 26 de abril pasado, el sargento segundo Sebastián Hidalgo (37), uno de los 230 funcionarios de la Cuarta Comisaría de Control de Orden Público (COP) de Los Álamos, en la provincia de Arauco, Región del Biobío, estaba cumpliendo las funciones de comandante a cargo de un carro blindado Mowag en el marco del estado de excepción que rige en la zona desde mayo de 2022.

Ese día su misión era proteger la casa y otras instalaciones pertenecientes a la familia Grollmus, en la comuna de Contulmo (64 kilómetros al sur de Los Álamos), en el mismo lugar donde la noche del 29 de agosto de 2022 una treintena de sujetos vinculados al grupo terrorista Resistencia Mapuche Lafkenche (RML) -cinco de los cuales fueron detenidos el pasado 13 de diciembre- incendiaron el histórico molino y percutaron más de 400 tiros, hiriendo de gravedad y a quemarropa a dos personas.

“Yo estaba cumpliendo con una medida de protección. El suboficial Misael Vidal (30) andaba de conductor de mi teniente Labrín, quien estaba fiscalizando los servicios. Fiscalizó en la mañana la Ruta P-72 y en la tarde se fue a almorzar donde estaba yo. Se quedaron hasta como las cinco de la tarde”, recuerda el sargento Hidalgo sobre la última vez que vería a Vidal ese frío y un tanto lluvioso día de abril.

Para Hidalgo, el contacto tanto con Vidal como con el sargento primero Carlos Cisternas (43) y con el suboficial mayor Sergio Arévalo (34), los tres carabineros asesinados en una emboscada y luego quemados en Cañete el 27 de abril pasado, era casi diario. Además de compartir en la Comisaría de Los Álamos, también habían experimentado juntos el riesgo que implica ser carabinero en el cono sur de la provincia de Arauco, donde ha sido frecuente que grupos radicales como la RML, Weichan Auka Mapu (WAM) y la Coordinadora Arauco Malleco (CAM) realicen emboscadas y ataquen a disparos a la policía uniformada.

“El año pasado, con el suboficial Arévalo estábamos cumpliendo una medida de protección en la parcela siete que está en Antiquina, a medio camino entre Cañete y Tirúa, en una orilla de la Ruta P-72. Primeramente pasó un vehículo tuneado a alta velocidad por afuera. Yo sentí que el auto se dio la vuelta y le dije a Arévalo que estuviéramos atentos, porque tal vez algo podían hacer”, relata el sargento Hidalgo mientras toma desayuno con sus compañeros de unidad.

“Salimos del interior de la casa donde estábamos y nos parapetamos. El auto pasó a alta velocidad disparando hacia la casa. Fueron como cinco tiros que llegaron a la parte alta de la casa y a la ventana del baño de la víctima”, agrega Hidalgo sobre ese día, en que como en tantas otras oportunidades sólo fue un gran susto y nadie salió herido.

Quizás por ello, la llamada por radio que Hidalgo escuchó mientras protegía el molino Grollmus la madrugada del 27 de abril pasado, en la que el operador preguntaba por la ubicación del “punto de control 4″ compuesto por Cisternas, Arévalo y Vidal, y el silencio posterior, no le pareció particularmente extraño. “El primer llamado uno lo asimiló como que andaban cumpliendo las medidas de protección y que sólo se perdió la señal. Pero pasaron 10 minutos y no respondían. Entonces ahí uno, como funcionario, se da cuenta de que la cosa no está normal”, afirma el sargento.

Cuando minutos más tarde, por la misma radio, él y sus colegas recibieron la fatal confirmación de la emboscada, que luego se revelaría ocurrió cuando los funcionarios descendieron para controlar el cumplimiento de un arresto nocturno, Hidalgo sintió que de alguna forma esta vez la muerte sí lo había alcanzado.

“Nos preguntamos por qué, por qué tanta maldad contra ellos. Estoy claro de que el riesgo acá es demasiado grande, estoy consciente, y mi familia igual, que en cualquier momento tal vez me puede pasar algo a mí como les pasó a los chiquillos. Pero lo asumo con responsabilidad y estoy donde me gusta estar”, declara el sargento, quien como buena parte de sus camaradas hoy trata de asimilar el duelo del mayor atentado en los 97 años de historia de Carabineros de Chile.

Volver a la Ruta P-72

La Cuarta Comisaría COP de Los Álamos hoy luce distinta a como estaba en los últimos días de abril pasado. En primer lugar, porque cerca de su entrada se erige un gran monolito de piedra y una placa con la leyenda “Siempre viven los que por la patria mueren”, que recuerda a Carlos Cisterna, Sergio Arévalo y Misael Vidal. Sus fotografías y los parches de sus uniformes también cuelgan en un pequeño altar dedicado a los cinco mártires que tiene la unidad.

Pero también se ve diferente, porque en su interior están tres de los cuatro vehículos blindados Bastión de última generación, con capacidad para soportar municiones de guerra y equipados para transportar a 10 personas cada uno, comprados por el Gobierno Regional del Biobío tras el asesinato de los funcionarios y entregados por la ministra del Interior, Carolina Tohá, el 7 de noviembre pasado.

A casi dos meses de su entrega oficial, los vehículos lucen “intactos”, sin marcas de perdigones, balas o municiones de alto calibre: una señal más, relatan los funcionarios, de que desde el 27 de abril se vive un periodo de inusual “paz” en la zona. De hecho, durante este año sólo se contabilizan ocho atentados en la provincia de Arauco, un 70% menos que durante el año 2021.

La escena de los Bastión es muy diferente a lo que ocurre con el pequeño blindado Panhard que los carabineros del lugar utilizan hace años y que por sus cuatro costados muestra centenares de huellas de disparos, algunos de los cuales dejaron orificios de un centímetro de diámetro en una gruesa capa de acero que lo protege.

El pasado miércoles por la mañana, el teniente Sebastián San Martín, a bordo de uno de los nuevos blindados, se preparaba para salir a patrullar la siempre peligrosa Ruta P-72. Bajo los nuevos protocolos, cada una de las unidades debe portar escopetas con munición disuasiva y de plomo, subametralladora Uzi, pistolas y fusiles de asalto M4 con un cartucho de 30 municiones 5.56 mm cada uno. “Antes sólo los oficiales podían portarlos, pero ahora la mayoría de los funcionarios están capacitados y han llegado nuevas armas”, relata San Martín.

Ya en ruta hacia el sur, el denominado “cruce Peleco”, que divide la vía en dirección a Contulmo y Tirúa, a unos 34 kilómetros de Los Álamos, es un primer hito para los uniformados. “Este es el punto donde está el límite para el uso de vehículos convencionales y donde parte el uso obligatorio de vehículos blindados. Desde aquí en adelante comienzan la mayoría de las medidas protección”, explica el teniente sobre los más de 50 puntos que deben resguardar.

Ingresando al sector de Antiquina, el área de mayor peligro de la ruta, San Martín baja del blindado y pasa revista a dos funcionarios que cumplen con uno de los turnos de la protección de 24 horas al día que se realiza a la “Parcela 7″, cuyo dueño ha sido repetidamente atacado por supuestas reivindicaciones territoriales que, según autoridades, en realidad buscan esconder delitos como el robo de madera.

“A principios de febrero, por la noche, los funcionarios de turno sintieron disparos por la parte frontal, por la Ruta P-72, y en un par de segundos sintieron una explosión en una de las puertas. Habían lanzado un artefacto explosivo que hizo daños y un amago de incendio en la estructura de la habitación donde estaban los carabineros. El objetivo eran directamente ellos”, detalla el teniente coronel Ítalo Badilla (43), comisario de la unidad COP de Los Álamos. Por ello, hoy un módulo blindado en la entrada sirve de resguardo en caso de ataques.

Unos seis kilómetros más al sur, las huellas del asfalto derretido junto a un paradero de madera, en el kilómetro 24 de la Ruta P-72, y un pequeño adorno de flores plásticas en el suelo son hoy el único indicio de que la madrugada del 27 de abril allí fue encontrada la camioneta ardiendo con los cuerpos de los tres funcionarios en el pick-up.

“Habían dado el aviso de disparos injustificados hacia un domicilio y en cinco minutos el aviso de un vehículo en combustión. Yo iba al procedimiento de disparos injustificados y en ruta dan el aviso de que se encontraba el AP-2875 en combustión y que no se sabía nada de los funcionarios”, rememora el teniente San Martín, quien esa noche estaba como oficial de ronda.

“Están los tres muertos atrás”, se escuchó decir al primer funcionario que llegó al lugar esa noche, en un dramático video de la cámara corporal que portaba. El segundo equipo en llegar al sitio del suceso fue el del teniente San Martín. “Yo llegué a cubrir los cuerpos, a asegurar el área. Yo fumaba, lloraba. Mi papá es carabinero igual y lo único que atiné fue a mandarle un mensaje de audio y decirle: ‘Papá, hay una situación, lo vas a ver en las noticias, pero yo estoy bien’, porque mi viejo sabía que yo estaba de noche ese día”, relata.

“¿Por qué ellos?”

Fueron seis los funcionarios que tuvieron el primer y más traumático contacto con la emergencia. De todos ellos, quienes han recibido asistencia psicológica y psiquiátrica ante un eventual estrés postraumático, uno pidió el traslado a otra ciudad y otro se mantiene con licencia médica por actos del servicio. Los otros cuatro, entre ellos el teniente Sebastián San Martín, se han ido reintegrando de a poco a sus funciones normales.

“No toda la gente es mala, pero uno siempre anda con la bala pasada de que en cualquier momento el que te saludó te puede pegar la puñalada por la espalda. Esa es la problemática que tenemos acá”, confiesa San Martín en el mismo lugar donde encontró a sus compañeros muertos. Y para ejemplificar ese sentimiento, recuerda todas las veces que él mismo tuvo que ir a notificar, por orden judicial, a algunos de los presuntos autores del crimen, como los hermanos Yeferson Antihuén -detenido el 29 de julio junto a otros dos sujetos- y Tomás Antihuén, quien aún está prófugo.

“Con la mejor cara a nosotros nos recibían, nos firmaban, oye, cuídense, que les vaya bien. Yo recuerdo muchas veces, esa era pega de nosotros. Después a la vuelta cuando empecé a hacer servicios normales y ya se sabía que ellos habían sido, me tocó ir a notificar a la mamá de uno de los detenidos. Ahí me vino una crisis de pánico”, confiesa.

Pero el trauma no sólo ha estado presente en quienes estaban de turno esa noche. Le ha ocurrido también al suboficial Neftalí Vidal, primo de Misael Vidal, quien durante varios años coincidió con su familiar en la misma unidad COP de Los Álamos. “El primero en ser carabinero de la familia fue un tío que tenemos en común, hermano de su papá. Después continué yo, después Misael y así varios primos de la familia”, explica Vidal sobre un hecho no tan extraño en familias de zonas rurales del sur de Chile.

Fuera de turno durante esa madrugada del 27 de abril, lo primero que Neftalí Vidal supo del atentado fue el llanto de su esposa tras contestar la llamada de un familiar. “Le pregunté y me dijo que a un funcionario de apellido Vidal parece que le dispararon. Altiro se me vino a la cabeza Misael. Me puse a revisar los servicios y él era justo el que estaba en esa patrulla, en ese lugar”, relata hoy acongojado.

Hoy las viudas y otros familiares, como los padres de los funcionarios asesinados, cuentan con protección policial, la que está a cargo de los mismos compañeros de Los Álamos. “Ayer me tocó hacer el punto de control cinco y ahí yo aprovecho de conversar con las viudas, con la mamá de Misael Vidal y ella me dice sargento, ¿por qué ellos?”, cuenta Sebastián Hidalgo.

Con los nuevos vehículos blindados, casetas a prueba de balas en los puntos de control, mayor armamento e incluso la instalación de placas de kevlar en las casas de madera que deben resguardar, los funcionarios dicen sentirse más protegidos, pero no seguros. Para el general director, Marcelo Araya “el cobarde atentado que cobró la vida de nuestros tres mártires fue algo inédito. Los carabineros de COP que operan en la zona siempre lo hacen extremando la medidas de seguridad, las que siempre están en revisión para detectar posibles puntos de vulnerabilidad”, explica.

“No es fácil, pero hay que saber sobrellevarlo. Porque uno no puede estar con ese temor de que nos va a pasar algo. El riesgo está todo el día, está latente, el funcionario que va para allá tiene ese riesgo”, asegura Neftalí Vidal cuando compara su actual destinación con otra que ha tenido, como en la 47 Comisaría de Los Dominicos, en la comuna de Las Condes. “Es muy distinto, igual pasan cosas, pero allá no andas disparando tan seguido. O cada vez que pasas por una parte no te están esperando para botarte unos árboles, encerrarte y dispararte”, ejemplifica.

“Seguimos haciendo las mismas medidas de control, todo lo contrario, han aumentado. Seguimos trabajando en el lugar con más medidas de precaución, con más apoyo. Hacemos rondas nocturnas con apoyo de la Armada de Chile. Tenemos un despliegue más reforzado. Cuando vamos a hacer diligencias diurnas con una unidad especializada no va sólo un vehículo, vamos en un convoy. Aunque sepan que vamos para allá por el ruido de los vehículos no nos importa, hoy en día nuestra seguridad es lo primero”, explica el comisario Ítalo Badilla sobre los nuevos protocolos.

Finalmente, sobre el prófugo Tomás Antihuén, quien según autoridades de la zona seguiría refugiado en algún punto de la misma provincia de Arauco, el general Araya asegura que “no solo hay una expectativa, sino también un compromiso antes las familias de nuestros mártires y ante el país: los hombres y mujeres que formamos Carabineros de Chile haremos nuestros máximos esfuerzos, utilizaremos todo nuestro conocimiento y experiencia investigativa para llevar ante la justicia a los involucrados en este cobarde asesinato. Este compromiso es otra manera de honrar a nuestros mártires de Cañete”.