El giro de la trama detrás de la mayor purga de supremos en la historia de la República

El giro de la trama detrás de la mayor purga de supremos en la historia de la República

Nunca antes en la vida republicana habían sido destituidos dos jueces de la Corte Suprema de un plumazo.

De hecho, la única vez en que un alto magistrado había perdido el cargo por esta vía, ocurrió en 1993, luego de que el Senado, que está obligado a votar por separado cada capítulo acusatorio, solo cursara la remoción de Hernán Cereceda, por su “notable abandono de deberes” en el caso de desaparición del militante del MIR, Alfonso Chanfreau, en dictadura.

Si bien el instrumento de los juicios constitucionales debutó precisamente con una presentación en contra de toda la Corte Suprema en 1868, institución que entonces lideraba Manuel Montt, quien había sido Presidente de la República (1851-1861), las acciones contra jueces de tribunales superiores nunca habían prosperado, hasta Cereceda, quien, además, fue el único destituido de los cuatros miembros del Poder Judicial acusados a fines de 1992 e inicios de1993 por esa causa.

Por lo tanto, en un hito histórico se transformó la ronda de votaciones del Senado de este miércoles, que culminaron con la sanción a los exjueces de la Suprema, Sergio Muñoz y Ángela Vivanco (removida previamente por el Pleno del máximo tribunal), quienes no podrán ejercer cargos públicos por los próximos 5 años.

Lo paradójico de esta destitución doble es que era el resultado de un par de ofensivas individuales iniciadas por algunos diputados oficialistas, que buscaban emplazar a la derecha por los lazos del abogado penalista Luis Hermosilla con el gobierno del fallecido ex Presidente Sebastián Piñera.

Sin embargo, al final el tema se transformó en una victoria política para la derecha al lograr derribar a Muñoz, quien era considerado el juez más poderoso de la Suprema.

En la oposición, en el mundo empresarial y también en algunos sectores oficialistas existía una visión crítica de sus fallos. Al exmagistrado -quien fue notificado el miércoles de su destitución- le reprochaban “legislar” en sus veredictos y promover el activismo judicial, por lo tanto, expulsar al poderoso supremo se convirtió en una causa política para el bloque opositor, especialmente, que de pasada logró romper la racha de seis acusaciones fracasadas en este gobierno.

Aunque Vivanco militó en RN y era una jueza afín a la derecha, su caso para la oposición era indefendible. Ella había sido parte de las redes de influencia de Hermosilla -hoy en prisión preventiva por el delito de sobornos, lavado de activos y faltas tributarias-, por lo tanto, apenas surgieron los primeros antecedentes que la comprometían, los parlamentarios de derecha resolvieron ejecutar un rápido cortafuegos para evitar que el tema salpicara reputacionalmente al sector.

Idea oficialista

La posibilidad de acusar constitucionalmente a algunos jueces implicados en la red de Hermosilla o que salían mencionados en investigaciones judiciales por hacer gestiones para nombramientos, comenzó a abordarse tímidamente entre algunos diputados aliados del gobierno en mayo pasado.

El caso de los audios y chats de Hermosilla, donde se jactaba de sus redes de poder y daba cuenta de presuntas coimas, había estallado a mediados de noviembre del año pasado -a través de una seguidilla de publicaciones de Ciper- y, para algunos legisladores, era solo cosa de tiempo que aparecieran contactos con jueces, incluyendo a miembros de la Corte Suprema.

Fue precisamente en mayo en que los diputados Daniel Manouchehri y Daniella Cicardini (ambos PS), presentaron su querella contra Hermosilla que fue acogida por la Primera Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago.

Paralelamente la diputada Camila Musante (independiente PPD), estaba trabajando en una ofensiva paralela, a partir de la querella del Instituto Nacional de Derechos Humanos contra el exministro Mario Desbordes (RN) debido a sus gestiones en favor de la designación de la jueza María Teresa Letelier en la Suprema. Musante, sin embargo, optó por presentar, en primer lugar, un proyecto para reformar el sistema de nombramiento de jueces. De hecho, en junio fue recibida por el presidente de la Corte Suprema, Ricardo Blanco, a quien le entregó su propuesta.

Hasta ese minuto, no había una ofensiva coordinada en el oficialismo. Incluso, las bancadas oficialistas veían con distancia las acciones de Musante y sus pares Cicardini y Manouchehri, cuya querella ni siquiera fue acompañada por otros diputados del PS.

Sin embargo, en julio, Ciper publicó ciertas comunicaciones entre Hermosilla y el juez de la Suprema, Jean Pierre Matus. Fue en ese momento en que el diputado Eric Aedo (DC), en su calidad de vicepresidente de la Cámara, comenzó a articular posturas ante lo que podría ser una acusación constitucional.

Entre los diputados poco a poco comenzó a ganar fuerza la idea de la Cámara, como principal institución fiscalizadora, era la que estaba llamada a dar una señal de probidad ante la crisis galopante del Poder Judicial.

Adicionalmente, en julio, la Comisión de Ética de la Suprema abrió una investigación contra Muñoz por una presunta filtración de un fallo a su hija, la jueza Graciel Muñoz, quien quiso comprar un departamento en un proyecto de la inmobiliaria Fundamenta, detenido en manos de la Tercera Sala de la Suprema, que era integrada por el destituido magistrado.

Fue ese antecedente el que abrió una estrategia de salida para la derecha, a esas alturas complicada por la creciente arremetida oficialista que buscaba remarcar el lazo de amistad y profesional de Hermosilla con el exministro del Interior, Andrés Chadwick (exmilitante UDI).

De hecho, en el grupo asesor de la bancada de diputados UDI surgió una peregrina idea: embarcarse en una acusación contra Vivanco, pero incluyendo también a Muñoz. La idea, sin embargo, no convencía al presidente del partido, Guillermo Ramírez, ni a su secretario general, Juan Antonio Coloma, ni tampoco al jefe de bancada, Gustavo Benavente.

En la derecha -traumada por la seguidilla de derrotas en acusaciones constitucionales contra ministros del Presidente Gabriel Boric- creían que levantar una acción contra algún supremo eran palabras mayores, en vista del historial de libelos fracasados contra magistrados en toda la vida republicana.

Sin embargo, una nueva publicación de Ciper, el 7 de septiembre, que daba cuenta de las comunicaciones entre Vivanco y Hermosilla, hizo reevaluar el escenario.

Los diputados Musante, Cicardini y Manouchehri que habían liderado la ofensiva, salieron a anunciar rápidamente la presentación contra la entonces integrante de la Suprema.

Aedo, por su parte, decidió tomar la bandera del libelo contra Matus, cediéndole la iniciativa sobre Vivanco a los otros legisladores.

Los nuevos antecedentes obligaron a las bancadas oficialistas a subirse finalmente a la arremetida, a pesar de sus dudas. Sin embargo, en una reunión realizada el lunes 9 de septiembre en el Congreso de Valparaíso, solo acordaron redactar un escrito contra Vivanco y “estudiar” la presentación contra Matus.

El hecho molestó a Aedo, quien al verse sin piso en el oficialismo, pidió respaldo a la bancada de UDI. Ese mismo lunes, Ramírez llamó por teléfono al diputado DC para expresarle que le darían votos para su presentación contra Matus y que a cambio gestionara apoyos de la DC para un texto contra Vivanco y Muñoz. Si bien Aedo no comprometió votos de su bancada, al menos expresó su disposición a aplicar una vara pareja a todo alto magistrado cuestionado. En esa conversación, quedó claro que la derecha pasaba a la ofensiva con una acusación que finalmente fue la que aprobó el Senado.

El oficialismo, además, acordó otra medida que provocó roces internos. Por petición de la bancada del Frente Amplio, se pidió que ni Manouchehri ni Cicardini fueran parte de equipo de diputados acusadores, dado que excesivo protagonismo que habían adquirido en el caso Hermosilla.

La suerte de Muñoz

Hasta lunes 9 de septiembre en la mañana, no toda la derecha estaba decidida de embarcarse en la acusación. En RN, además, tenían dudas jurídicas de que se pudiera fusionar los cargos contra Vivanco y contra Muñoz, a quienes se le imputaban hechos distintos. Ella por ser parte de la red de influencia de Hermosilla y a él por privilegios ligados a su hija.

No obstante, en reunión de esa tarde, RN y Evópoli dieron su consentimiento a la estrategia gremialista de fusionar ambos libelos en uno.

El diseño buscaba amarrar el destino de Muñoz a la suerte de Vivanco, cuya situación era la más grave. Si bien ambos casos inevitablemente iban a ser desagregados en el Senado, era clave que pasaran la valla de la Cámara, donde al menos un sector del oficialismo iba intentar salvar a Muñoz.

RN, asumiendo su propia cruz con Vivanco, dada su antigua militancia en el partido, quedó a cargo de redactar los capítulos contra la exjueza. El texto al final quedó incluso con una reproche más severo del punto de vista ético que el que elaboró el oficialismo.

La UDI, por su parte, fue mandatada para escribir los capítulos contra Muñoz. Esta tarea fue realizada por el equipo jurídico de la Fundación Jaime Guzmán.

Las negociaciones con algunos legisladores del oficialismo y la DC, además del plan de la UDI, avalado por RN, finalmente dieron resultado. Aedo y 18 diputados de gobierno votaron a favor de la acusación doble contra Muñoz y Vivanco, incluso, 12 oficialistas apoyaron el libelo en la votación preliminar de la cuestión previa, donde se alegó la fusión en un mismo escrito de los cargos contra ambos exmagistrados.