El lento avance a la agenda de DD.HH de Boric: Gajardo (PC) logra descongelar proyecto sobre declaración de ausencia

Más de 400 días han pasado desde que el gobierno, ad portas de los 50 años del golpe de Estado, el 11 de septiembre de 2023, anunció una ambiciosa agenda legislativa en materia de derechos humanos.

Por ese entonces, uno de los voceros del anuncio fue Luis Cordero, quien era el ministro de Justicia y Derechos Humanos, pero luego del estallido del caso Monsalve el secretario de Estado pasó a ocupar la Subsecretaría del Interior, y fue su subalterno en el cargo anterior, Jaime Gajardo, quien asumió la titularidad de Justicia.

En ese contexto, Gajardo dio un paso al frente en la conversación más política para hacer avanzar la agenda que se impuso el gobierno del Presidente Gabriel Boric; sin embargo, la batería de proyectos ha tenido un discreto avance en sede legislativa.

Uno de los proyectos se votó al cierre de esta edición en la Cámara de Diputadas y Diputados, es el que introduce la calificación jurídica de ‘ausente por desaparición forzada’ y crea un registro especial, y se aprobó por 81 votos a favor, 38 en contra y 14 abstenciones.

En el anuncio del gobierno en septiembre del año pasado adoptaban un compromiso tanto para ingresar indicaciones a proyectos ya presentados, como el envío de otros al Parlamento.

En ese contexto, una de las mociones -y que hoy día pasa al Senado a segundo trámite- es la que presentaron las diputadas comunistas María Candelaria Acevedo, Lorena Pizarro, Nathalie Castillo y Carmen Hertz, además de Tomás Hirsch (AH), Camila Musante (ind.-PPD), Jaime Naranjo (ind.), Emilia Nuyado (PS), Alberto Undurraga (DC) y Ericka Ñanco (FA) en mayo de 2022.

Una segunda iniciativa parlamentaria, presentada en diciembre de 2014, es la que modifica el Código Penal para tipificar el delito de desaparición forzada. Este proyecto, ingresado hace exactos 10 años, fue presentado por los entonces diputados Guillermo Teillier (PC), Marcelo Schilling (PS) y el actual diputado Leonardo Soto (PS), entre otros.

Esta iniciativa ya está en segundo trámite en la Cámara Alta. A pesar de que el gobierno le ha puesto la calificación de suma urgencia, y que la ha venido renovando desde septiembre de este año, en la Comisión de Constitución no ha tenido ningún avance.

Un tercer proyecto, también iniciado por moción parlamentaria, es el que busca reconocer el carácter público a los antecedentes recogidos en dos comisiones: la de Prisión Política y Tortura; y la Asesora Presidencial para la Calificación de Detenidos Desaparecidos, Ejecutados Políticos y Víctimas de Prisión Política y Tortura.

Esta iniciativa fue levantada en agosto de 2022 por los diputados Acevedo, Hertz, Pizarro, Serrano, Naranjo y los frenteamplistas Gonzalo Winter y Jorge Brito, y fue patrocinada por el gobierno. Sin embargo, al igual que los otros proyectos, no ha tenido mayor avance y aún sigue en la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara en primer trámite, sin siquiera haber pasado a la sala.

La otra iniciativa, que es uno de los pilares de la agenda de derechos humanos, es el Plan Nacional de Búsqueda. Este proyecto ha sido uno de los más dificultosos para la administración Boric, pues ha significado críticas de los propios familiares de detenidos desaparecidos.

De hecho, en el Día Internacional de las Víctimas de Desaparición Forzada, la presidenta de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos (AFDD), Gaby Rivera, criticó duramente a Boric.

“Que nos enteremos a través de la prensa de tomas de decisiones que son vitales para el Plan de Búsqueda fractura nuestras confianzas”, exclamó ante todos los presentes. Rivera exigió que nada se puede hacer sin los familiares y luego lanzó un reproche aun más duro: “Resulta inaceptable que el Plan de Búsqueda se transforme en un ámbito de negocio, y así nos sentimos”.

“Es una agenda que apuramos en relación a la conmemoración de los 50 años”

Consultado por este medio, el ministro Gajardo aseguró que esta agenda “es relevante porque nos tocó como gobierno estar en el marco de los 50 años del golpe de Estado, con deudas pendientes relacionadas con la desaparición forzada de personas que ocurre durante la dictadura”.

Respecto al lento avance de las iniciativas, el secretario de Estado aseguró que “los proyectos tienen distintos ritmos, en general el Congreso ha estado más concentrado en los temas de seguridad, eso ha implicado una gran energía para el Congreso y el gobierno”.

Y añadió: “Las comisiones tienen ciertos embudos, la gran mayoría tiene temas presupuestarios, entonces tienen que pasar por la Comisión de Hacienda y ahí se nos genera un cuello de botella”.

Por lo mismo, agregó que “es una agenda que apuramos en relación a la conmemoración de los 50 años y nuestro objetivo es tratar de que se puedan concretar dentro de nuestro gobierno”.

En cuanto a la dificultad para sacar adelante la batería de iniciativas, Gajardo afirma que “está dentro de lo que esperábamos. En materia de derechos humanos es muy importante lograr los acuerdos para que estos proyectos se concreticen”.

Consultado por si influye su militancia -Partido Comunista-, el ministro afirma que “yo tengo una responsabilidad como ministro de Estado más allá de mis convicciones y preferencias personales”.

“Estoy para cumplir una agenda, que es la del gobierno, nuestras prioridades y las que me establece el Presidente de la República”, sentenció el titular de Justicia.