Error de la Segpres abre la puerta a que el TC no admita a trámite requerimiento del gobierno contra Ley de Presupuesto

Error de la Segpres abre la puerta a que el TC no admita a trámite requerimiento del gobierno contra Ley de Presupuesto

El requerimiento del gobierno para impugnar ante el Tribunal Constitucional (TC) más de una docena de glosas de la Ley de Presupuesto pende de un hilo por un error formal cometido por la Segpres.

Fue el 2 de diciembre cuando el gobierno -bajo la representación de la jefa de la División Jurídica de la Segpres, Francisca Moya- ingresó un requerimiento de inconstitucionalidad para objetar 14 glosas de la Ley de Presupuesto.

En un escrito de 48 páginas -firmado por el Presidente Gabriel Boric; el ministro de Hacienda Mario Marcel; y el ministro Segpres, Álvaro Elizalde (PS)- el Ejecutivo pretende derribar algunos aspectos controvertidos de la normativa, como por ejemplo una exención de contribuciones para adultos mayores, la suspensión de la Ley Lafkenche, la glosa que prohíbe que alumnos sancionados por Aula Segura opten a la gratuidad universitaria o que el Estado financie los tratamientos para personas menores de edad transgénero.

La mala noticia fue recibida por el gobierno 10 días después. El 12 de diciembre el pleno del TC tuvo que revisar el requerimiento para decidir si lo admitía a trámite, lo que corresponde al primer requisito formal para iniciar el proceso ante el organismo encargado de velar por la Constitución. Fue en ese momento en que llegó el portazo. Cuando el pleno tuvo que revisar que el requerimiento viniera acompañado de los requisitos formales que exige la Ley Orgánica Constitucional del TC, aparecieron los problemas.

Al analizar la documentación enviada, el TC se dio cuenta de que faltaban siete documentos. “No han sido acompañadas por la requirente actas de las sesiones 75, 76 y 80 especiales del Senado, acta correspondiente a la sesión 108 de la Cámara de Diputadas y Diputados, ni el informe de la Tercera Subcomisión mixta. Asimismo, consta que, si bien se han acompañados las partidas correspondientes a las glosas impugnadas, el articulado resulta incompleto”, se lee en la resolución del pleno.

Por lo mismo, el TC estimó que el gobierno había incurrido en un “defecto de forma o en la omisión de antecedentes”. Entonces el pleno ofició al gobierno informándole que le concedían un plazo extra de tres días corridos para que adjuntaran los documentos olvidados y luego de eso resolverán la admisión a trámite.

Un día después, a las 17:25 de la tarde, Moya envió un documento al TC corrigiendo su error. “Mediante este acto vengo en acompañar los documentos individualizados a continuación, bajo el apercibimiento legal correspondiente”, se lee en el escrito que firmó la jefa jurídica de la Segpres. El oficio contenía un listado de siete documentos que se agregaban al expediente. Sin embargo, en los documentos que se adjuntaron al proceso solo había seis. Faltaba uno. El documento faltante, dicen entendidos en la causa, era la Ley de Presupuesto despachada por el Congreso que, a esa fecha, ya había sido evacuada.

Sale Moya, entra García

El asunto no se volvió a mover hasta las 9:13 de este lunes. A través de un nuevo escrito, Moya informó al TC que abandonaba la causa y que su poder se lo transfería al exministro del TC Gonzalo García. Quienes supieron de ese movimiento dicen que la incorporación de García estaba prevista de antes, ya que Moya no participa de los alegatos de las causas y esa función es la que recaería en García.

La jugada causó ruido de inmediato. El gobierno optó para los alegatos por quien fuera ministro del TC hasta 2022 y así, de paso, tratar de revertir el complejo escenario que se le viene encima. García, un reconocido abogado constitucionalista ligado a la DC, recibió el encargo de salvar el requerimiento. El exmagistrado falangista podría tener especial relevancia para incidir en dos ministras del pleno: María Pía Silva y Alejandra Precht, ambas también vinculadas a la decé.

Tres horas después, García envió un nuevo escrito al TC. En el documento daba cuenta que cumpliendo el plazo entregado por el pleno, el 13 de diciembre el gobierno completó los documentos faltantes, pero hubo un problema: “Lamentablemente, al subir a la plataforma web el documento recién individualizado en el número 7, este no fue registrado, posiblemente debido a problemas en el sistema informático por el tamaño de los adjuntos. Por este motivo, venimos en acompañar nuevamente el documento”.

El asunto se pone cuesta arriba para La Moneda, ya que el escrito de García fue enviado el 16 de diciembre, un día después de que terminara el plazo de tres días entregado por el TC. Esa razón, comentan fuentes del TC, debería provocar que el requerimiento se caiga al no ser admitido a trámite, en función de lo que dice el inciso final del artículo 65 de la Ley Orgánica Constitucional del TC. Esa norma establece que, al no cumplir con el apercibimiento, “el requerimiento se tendrá por no presentado para todos los efectos legales”.

Así lo dice también la jurisprudencia del TC. Un ejemplo es lo ocurrido con el precedente que dejó el requerimiento que presentó al gobierno del expresidente Sebastián Piñera en contra del tercer retiro del 10% de las AFP. Esa vez los abogados del gobierno fueron los constitucionalistas Gastón Gómez y José Francisco García. Esa vez el organismo también optó por no admitir a trámite un requerimiento del Ejecutivo.

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Esa resolución -redactada por el fallecido ministro Rodrigo Pica- fue dividida y la votación se dio con siete votos a favor y tres en contra. Por no admitir a trámite estuvieron los entonces ministros Iván Aróstica, Juan José Romero, Nelson Pozo, José Ignacio Vásquez, Pica, la actual ministra Silva y García, el mismo que ahora tiene la representación del Ejecutivo. La disidencia, en tanto, fue de la exministra María Luisa Brahm, Cristián Letelier y el actual ministro Miguel Ángel Fernández.

La correlación de fuerzas del TC

El requerimiento está en tabla del pleno para este jueves a las 9.30 y al ser solo la fase de admisión a trámite, se resolverá sin alegatos. Ese día el TC deberá resolver el futuro de la jugada del gobierno para impugnar las glosas de la Ley de Presupuesto.

La actual composición del pleno deja en una posición complicada el gobierno. La Moneda cuenta con al menos tres votos seguros. Se trata de la presidenta del TC Daniela Marzi y la ministra Nancy Yáñez, ambas designadas por Boric. A las dos se suma la exmilitante del PS, la ministra Catalina Lagos.

Para lograr empatar, el Ejecutivo necesitaría sumar dos ministros más. Las miradas apuntan a las dos magistradas del mundo de la DC -Silva y Precht- o a los dos ministros de tradición judicial: Raúl Mera y Mario Gómez. Solo faltarían tres ministros más, ya que se dan por descontados debido a su cercanía con la derecha: Fernández, Héctor Mery y Marcela Peredo.

Hace poco, y también vinculado a la Ley de Presupuesto, el TC tuvo una votación empatada y los dos ministros de tradición judicial se sumaron a los tres magistrados vinculados a la derecha. Se trata del fallo sobre el control preventivo obligatorio que se hizo respecto de algunas glosas vinculadas al sector público. En esa revisión, se generó un 5-5 y tuvo que dirimir la ministra Marzi.