Estafa ganadera en Uruguay: grandes inversores deben acreditar el origen de los fondos

Estafa ganadera en Uruguay: grandes inversores deben acreditar el origen de los fondos

El titular de la Fiscalía de Lavado de Activos nunca había tenido un caso similar al de Conexión Ganadera y pedirá ayuda en el exterior para la investigación

El fiscal de Lavado de Activos de Uruguay, Enrique Rodríguez, dijo que nunca en su carrera vio un caso como el de Conexión Ganadera, el fondo ganadero más grande del país, que esfumó el dinero de 4.200 inversores.

La empresa se dedicaba a captar el dinero de pequeños, medianos y grandes ahorristas para comprar ganado. Por esta operativa, pagaba una renta fija de al menos el 7%. A fines de enero, la empresa informó que tenía un déficit patrimonial de USD 230 millones.

Rodríguez trabaja en la Fiscalía desde 1990 y nunca le había tocado una investigación por montos tan importantes como los de Conexión Ganadera, según contó entrevistado en La Diaria. Hace casi tres semanas tomó el caso y desde entonces no ha parado. Conexión Ganadera era el fondo del sector más grande de Uruguay y fue el tercero en caer, después del Grupo Larrarte y de República Ganadera.

Rodríguez está investigando estos dos casos, también. Hasta el momento, la Justicia ha adoptado las medidas típicas de cualquier investigación. El fiscal espera una serie de informes que le solicitó a diferentes organismos y define como “muy compleja” a la investigación judicial.

“Hay muchas cosas que no sirve publicitar por los medios, porque si yo le voy a allanar su casa, no tiene sentido que usted se entere por la prensa. Puedo sí transmitir que esta etapa de recabar toda la información es muy importante”, señaló en la entrevista.

La Fiscalía ya detectó un pool de unas 14 o 15 sociedades de diferente tipo (anónimas, unipersonales y de responsabilidad limitada) que participaron en la operativa. “Ahora estamos empezando a ver qué tipo de relación o vínculo hay entre las personas indagadas y esas sociedades. Hay que armar bien ese diagrama. Un administrador de una empresa puede figurar como propietario de una, y, a la vez, capaz que esa empresa le vende a otra sociedad, y esa otra que le compraba también debe”, ejemplificó el titular de la Fiscalía de Lavado de Activos.

Rodríguez agregó que el trabajo de investigación en esta etapa apunta a averiguar si mediante “alguna de esas empresas se intentó bifurcar el dinero mal habido hacia otras inversiones o negocios”.

El fiscal pedirá colaboración internacional para esta investigación y adelantó que enviará exhortos a otros dos países, pero prefirió no decir cuáles son. Solo detalló que son países de América y de Europa.

“En este caso se habla de un pasivo de 250 millones de dólares. Nunca tuve algo así. Hemos tenido investigaciones por muchos millones de dólares, como el caso de la Bolsa de Valores o el de [el empresario Gonzalo] Aguiar, en el que hubo una inversión de capitales canadienses por 17 millones de dólares. Esa es otra investigación muy compleja, con muchas sociedades y con mucha gente involucrada”, señaló.

Rodríguez lleva adelante la investigación penal del caso. A mediados de febrero, la Justicia definió el cierre de fronteras para el director de Conexión Ganadera, Pablo Carrasco, para su esposa y para la viuda del otro director, Gustavo Basso.

El fiscal de Lavado de Activos, Enrique Rodríguez, señaló que está en un proceso de “sistematización y recepción” de las denuncias, pero que todavía no ha podido ahondar en los detalles del caso. Las primeras denuncias eran 52 y representaban a unos 1.000 de las 4.200 personas afectadas.

El fiscal justificó que los tres involucrados debían fijar domicilio, entregar sus documentos y no salir del país durante 180 días, mientras comienza la investigación. La Fiscalía pretendía asegurarse la presencia de los involucrados cuando el fiscal requiera que declaren y evitar que se fuguen, dadas las posibilidades económicas que tienen.

Pero además de esta causa penal, el juez de Concurso Leonardo Méndez dispuso el concurso necesario de Conexión Ganadera y de Hernandarias XIII, una empresa que pertenece al grupo empresarial y amplió el embargo, que asciende a USD 250 millones.