Firmas y plan masivo de subvenciones para paneles solares: hay capacidad, pero diseño del mecanismo levanta alertas

Firmas y plan masivo de subvenciones para paneles solares: hay capacidad, pero diseño del mecanismo levanta alertas

El masivo plan para instalar paneles solares con los potenciales excesos de recaudación que genere el proyecto de subsidio eléctrico, instaló un debate en el segmento de empresas que se dedican a desarrollar dicho tipo de unidades de generación eléctrica. Más allá de los reparos que surgen desde el mundo político, para quienes conocen del segmento la idea tiene dos dimensiones relevantes a cautelar: por un lado, las capacidades de la industria enfocada en el autoconsumo con paneles fotovoltaicos, y por el otro, la libre competencia.

Y es que más allá del innegable potencial que entrega la radiación solar presente en gran parte del territorio chileno, actualmente el volumen de paneles solares instalados a nivel residencial suma apenas poco más de 270 MW en capacidad instalada, en todo el país.

De hecho, según el último reporte mensual de la Asociación de Energías Renovables y Almacenamiento (Acera), a agosto de 2024 existían 25.186 instalaciones consideradas como net billing, segmento que corresponde al autoconsumo residencial. Pero el plan del Ejecutivo es, al menos, ambicioso: instalar 175 mil paneles en tres años, partiendo con 100 mil el primero.

Por eso, los volúmenes hacen pensar sobre la capacidad de la industria para suministrar dichos paneles. Para el CEO y cofundador de Ciudad Luz, José Luis Opazo, “el volumen de proyectos de autogeneración solar en Chile es pequeño, la industria instala del orden de 60 MW de potencia en proyectos de autoconsumo por año”. Sin embargo, plantea que el sector está muy activo, “con capacidades técnicas desarrolladas y estructuras empresariales cada vez más complejas”.

Pero si bien cree que existen las capacidades, dice que el esfuerzo requeriría sumar a otros segmentos de la generación solar, que incluyen proyectos a mayor escala, enfocados en segmentos comerciales, como los Pequeños Medios de Generación Distribuida (PMGD), entre otros.

“Instalar 100.000 proyectos residenciales al año equivale a instalar entre 150 y 200 MW de potencia al año. Es decir, unas 3 veces lo que actualmente se instala en net billing, pero llevándolo solo al sector residencial. La industria está preparada para un impulso de este tamaño: existen capacidades en otros segmentos que están hoy deprimidos, como la construcción o los PMGDs que pueden migrar a la instalación residencial y comercial”, señala, y agrega que “existe apetito desde el sector privado por invertir en el sector energía distribuida, que no demanda permisología ni largos periodos de desarrollo”, plantea.

Opazo indica que “con el alza de tarifas hemos visto un aumento de la demanda por información y cotizaciones de más de 10 veces, y las instalaciones las hemos multiplicado por 5 en 4 meses”.

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Otro efecto positivo que ve Opazo con la idea es que “se podrían generar entre 10.000 y 20.000 empleos anuales”. Sin embargo, pide cuidar el diseño de una política pública de estas características: “El Estado debe enfocarse en generar condiciones de inversión para privados, creando mecanismos de garantía a las inversiones, promocionando este tipo de soluciones, vinculando fondos y entidades bancarias, y creando mecanismos como créditos tributarios”, manifiesta.

Para el head business developer de Terralink, Martín Benegas, Chile sí cuenta con las capacidades, “tanto en términos de recursos naturales como de infraestructura para instalar esta cantidad de paneles solares en tres años”.

“La industria solar en Chile ha crecido considerablemente en los últimos años, con un aumento en la experiencia técnica, la disponibilidad de profesionales capacitados y el desarrollo de empresas que se especializan en este sector, como Terralink. Sin embargo, lograr esta meta en tres años requerirá una coordinación efectiva entre los actores públicos y privados, un marco regulatorio estable y el apoyo de políticas que fomenten tanto la inversión como el acceso a insumos”, comentó.

La firma, enfocada en el segmento comercial, ve desafíos técnicos relevantes. “Si asumimos una potencia promedio de 600 W por panel, estamos hablando de instalar aproximadamente 105 MW de potencia bajo la normativa de net billing. Para alcanzar esta meta, es fundamental que las distribuidoras y los diversos actores públicos y privados realicen las inversiones necesarias para adaptar las subestaciones y permitir la inyección de excedentes provenientes de estas plantas, ya que esto es actualmente una limitación para la instalación de plantas fotovoltaicas bajo esta normativa”, sostiene, y agrega que “es crucial que la infraestructura eléctrica acompañe el crecimiento del sector fotovoltaico, especialmente si el objetivo es descarbonizar la matriz energética a largo plazo”

Sobre el diseño del mecanismo, ve necesario “incentivar tanto a empresas grandes como a pequeñas y medianas empresas (PYMEs), manteniendo la competitividad y evitando que unas pocas empresas acaparen el mercado”.

Benegas ve necesario que el plan cautele, al menos, cinco pilares: subvenciones segmentadas, diferenciando por tamaño y capacidad de la empresa instaladora; transparencia en los fondos, garantizando “un sistema de asignación de fondos transparente y basado en criterios objetivos”; capacitación y certificación de instaladores, implementando un programa para “estandarizar la calidad de las instalaciones, evitando el riesgo de trabajos de baja calidad que puedan desacreditar el mercado solar en el país”; exenciones impositivas para empresas interesadas en iniciativas de eficiencia energética; y crear un sistema de monitoreo y evaluación continua, para “detectar a tiempo cualquier riesgo de concentración de mercado o malas prácticas, permitiendo ajustes al mecanismo”.

“Este diseño incentivaría un mercado solar diverso y competitivo, promoviendo el crecimiento sostenible de la industria y la generación de empleo en el sector energético en Chile”.

Para Claudio Silva, head de Evol Solar “se puede generar la capacidad para instalar 175.000 plantas solares para el sector residencial en un plazo de 3 años”, pero advierte que “esta medida es el equivalente a instalar aproximadamente el doble de la potencia ya instalada a la fecha bajo esta ley, solo el primer año de aplicación de esta propuesta”.

“Por lo tanto, aunque en términos de mano de obra existe la capacidad para ejecutar estas instalaciones, esta propuesta representa un desafío significativo para el país. Este desafío incluye varias variables críticas, tales como: la capacidad de las instituciones públicas para procesar las tramitaciones de net billing para todas las viviendas con paneles solares, el capital necesario para sostener este nivel de construcción, la disponibilidad y logística de importación de paneles solares e insumos, la capacidad de pago a las empresas instaladoras, y la supervisión estatal de las instalaciones, entre otros aspectos”, señala.

Agrega que, para el dieño del mecanismo “me parece que lo lógico debiera consistir en un mecanismo de subvención en la que por un lado, el gobierno utilice sus plataformas de Mercado Público y Chile Compra para licitar un costo de instalación por megavatios instalados en una vivienda tipo, bajo condiciones específicas. Este enfoque permitiría que las empresas solares adjudicadas obtengan un volumen de instalación en potencia peak”.

Por otro lado, ve necesario que el gobierno licite “también de cara al sector residencial, para definir a cuales serían los hogares más vulnerables y con capacidad de montar una planta solar en sus techos”.

Con todo, aún no está claro cuál será el diseño que incorporará el gobierno en su plan de instalación masiva de paneles solares. Hasta el momento, el ministerio cuenta con la colaboración de la Agencia de Sostenibilidad Energética (AgenciaSE), una fundación de derecho privado, cuya misión es promover, fortalecer y consolidar el uso sostenible de la energía. A través de ella se ejecutan iniciativas que permiten cofinanciar proyectos de esta línea, pero en una escala mucho menor. Si bien la colaboración entre el gobierno y esta entidad lleva más 15 años de historia, las capacidades de la instancia no dan para cubrir el volumen completo del programa. Por eso, conocedores del plan del Ejecutivo plantean que ante una escala mayor, en este caso se deberá discutir los mecanismos apropiados en el marco del debate de la comisión de Minería y Energía de la Cámara de Diputados, y eventualmente, también en el Senado.