Fiscal general señala la minería ilegal como responsable del atentado en el norte de Perú

Fiscal general señala la minería ilegal como responsable del atentado en el norte de Perú

Lima, 20 ene (EFE).- La fiscal general de Perú, Delia Espinoza, atribuyó este lunes el atentado sufrido por la sede de la Fiscalía en la ciudad de Trujillo, en el norte del país, a la minería ilegal y otros ilícitos que eran investigados por una fiscal amenazada en esa parte del territorio.

Espinoza declaró al Canal N que la fiscalía tiene "bastante información" y que próximamente se está decidiendo la tipificación del delito con el apoyo del Grupo Especial Contra el Crimen Organizado (Grecco) de la Policía Nacional para dar con los autores de este "hecho deleznable".

La fiscal de la Nación agregó que "estamos hablando de un manejo ilegal, de la minería ilegal y otra serie de ilícitos", que estaban siendo investigados por "el personal fiscal que ha sido amenazado" en Trujillo, la tercera ciudad más poblada del país.

A su vez, el comandante general de la Policía Nacional, Víctor Zanabria, confirmó a Canal N que el presunto responsable del atentado con explosivos y las amenazas a una fiscal es Jimmy Bazán, presunto cabecilla de la banda de crimen organizado 'Los compadres', que está recluido en el penal de Cajamarca por extorsión y secuestro.

Espinoza comentó que el combate al crimen organizado, que impulsa el Ejecutivo peruano, "no está dando resultado" porque sólo en Lima "casi todos los días hay extorsiones que son denunciadas, también con muertes".

La fiscal general añadió que lo principal es trabajar en estrategias de inteligencia y que si la respuesta del gobierno es sólo mayor presencia de fuerzas armadas y policías "no resulta suficiente".

El presidente del Consejo de Ministros, Gustavo Adrianzén, declaró desde Trujillo haber recibido la sugerencia de la presidenta de la Corte Superior de Justicia en la región de La Libertad, de la que es capital Trujillo, para que se brinde resguardo a sus integrantes.

El primer ministro agregó que una de las fiscales de Trujillo que investiga a organizaciones criminales en esa ciudad recibió un mensaje amenazante después del ataque en la sede del Ministerio Público, y que, por ese motivo, se le va a "brindar protección a todos los jueces y fiscales".

Las autoridades allanaron la celda del presunto responsable, un reo en cárcel, y encontraron "elementos suficientes" para su traslado al penal de máxima seguridad de Challapalca, una cárcel ubicada en punto remoto del departamento de Tacna, a casi 5.000 metros de altura, agregó Adrianzén.

Asimismo, el ministro del Interior, Juan José Santiváñez, coincidió en que la Policía Nacional brindará seguridad a los jueces y fiscales que tienen a su cargo el juzgamiento de organizaciones criminales en el norte del país.

Esta medida está ha sido tomada para que los magistrados y fiscales "tengan la tranquilidad de acusar y juzgar" a los responsables de las bandas del crimen organizado en esta parte del país.

La fiscal general, Delia Espinoza, había declarado, horas antes, a la emisora RPP que la fiscal amenazada no contaba con resguardo de agentes y que sólo se presentaron los efectivos de la Policía después de la explosión ocurrida la madrugada de este lunes.

Por su parte, el ministro de Defensa, Walter Astudillo, informó que también se ha decidido duplicar la presencia de efectivos de las fuerzas armadas en Trujillo, incluyendo a las fuerzas especiales, para contribuir a garantizar la seguridad de los activos críticos nacionales.

La Presidencia de Perú condenó este ataque terrorista que dejó a dos personas heridas y serios daños materiales, y que según el Ministerio del Interior, es "una respuesta criminal" ante la lucha que han emprendido las autoridades contra las "redes delictivas nacionales y trasnacionales".

La región de La Libertad está declarada en emergencia desde hace varios meses por el Gobierno para enfrentar el embate de la delincuencia común y el crimen organizado, que en la zona está vinculada, principalmente, con la minería ilegal de oro y casos de sicariato y extorsión. EFE