Francisca Moya en la mira: la cadena de errores de la compraventa de la casa de Allende que llega a la jefa jurídica de la Segpres

Francisca Moya en la mira: la cadena de errores de la compraventa de la casa de Allende que llega a la jefa jurídica de la Segpres

¿Quién cuida la legalidad y constitucionalidad de la firma del Presidente de la República? La respuesta a esa pregunta, al menos desde el retorno a la democracia, siempre ha tenido una sola respuesta: la jefa o jefe de la División Jurídica de la Segpres. Así lo hicieron, en el pasado, exjefes jurídicos como María Fernanda Garcés en Piñera II, William García en Bachelet II, Sebastián Soto en Piñera I y yendo más atrás el mítico Carlos Carmona, quien incluso recibía el apodo de “la República”.

Por eso, tras el escándalo de la fallida compra de la casa del expresidente Salvador Allende, de forma silenciosa y sobre todo desde sectores del gobierno, las críticas se han direccionado hacia quien dirige actualmente esa división: la abogada y experta en derecho constitucional Francisca Moya.

Para que el decreto supremo que autorizaba la adquisición del inmueble llegara a los ojos de Moya tuvo que pasar una larga cadena de revisiones jurídicas. Parte de esa cadena, de hecho, quedó con evidencia gráfica en la esquina superior izquierda del decreto donde están las iniciales y las firmas de todos quienes revisaron el documento. Si bien la idea original de convertir la casa de Allende en un museo del Estado siempre fue del Presidente Gabriel Boric, el puntapié inicial de ese encargo partió en el Ministerio de las Culturas, y Moya recién apareció al final, un día antes de que se firmara el decreto.

Fue en septiembre de 2024 cuando la directora del Servicio Nacional de Patrimonio Cultural, Nélida Pozo, ofició a la directora de la Dipres, Javiera Martínez, informando la intención de su servicio, “conforme lo instruido desde la Presidencia de la República”, de que el Estado comprara las casas de los expresidentes Allende y Patricio Aylwin.

En ese oficio se pedía autorización de la Dipres para mover recursos desde un programa del servicio hacia la partida presupuestaria de “Edificaciones de inversión” del Ministerio de Bienes Nacionales. La operación ya contaba, el menos a fines de septiembre del año pasado, con el visto bueno del jefe de la División de Bienes Nacionales, Pablo Maino.

Con todo eso resuelto, el asuntó llegó hasta la División Jurídica de Bienes Nacionales, que es dirigida por Macarena Diez. La abogada, quien goza de fuero maternal, también es especialista en derecho constitucional. En ese momento las versiones de lo ocurrido son contradictorias. Si bien ese equipo ha guardado estricto silencio, quienes supieron del proceso de revisión del decreto comentan que una de las analistas de esa división manifestó verbalmente algunos reparos.

Luego el asunto llegó a manos de Diez, quien según las mismas fuentes confirmó los reparos vistos inicialmente por la analista. Sin embargo, en ese momento llegaron presiones desde Presidencia para apurar el asunto. Desde ese equipo comentan que las presiones vinieron por parte de Moya, pero el hecho es descartado por la Segpres. En esa cartera explican que la operación fue acordada por el Ministerio de Bienes Nacionales y el abogado Felipe Vio, quien representó a la familia Allende. Por eso, agregan que la Segpres no fue parte del diseño de las distintas gestiones necesarias para la compraventa y el rol de Moya recién apareció el día anterior a la firma de Boric.

Los cuestionamientos a Moya

Hay voces en el gobierno que atribuyen a Moya el peso de haber previsto los problemas que se originarían con la compraventa. Sobre todo, comentan dichas fuentes, debido a que en el decreto supremo que ella revisó venía individualizado, es decir, con la correcta información de que las dueñas de la casa son Carmen Allende, la senadora Isabel Allende, la ministra de Defensa, Maya Fernández, y Alejandro Fernández.

Eso sumado a su especialidad: el derecho constitucional. Moya es abogada de la Universidad de Chile, hizo un máster en Derecho Público en la London School of Economics y es candidata a doctora en Derecho de la Universidad de Glasglow. Antes de sus especializaciones académicas trabajó como abogada asistente del exministro del Tribunal Constitucional Carlos Carmona.

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Pese a las competencias de Moya, previo al escándalo de la fallida compra de la casa de Allende, la jefa de la División Jurídica ya había tenido un error que pudo costarle caro. Cuando ingresó el requerimiento de inconstitucionalidad del Ejecutivo por la Ley de Presupuesto, olvidó adjuntar una serie de documentos. Luego, al hacerlo, volvió a olvidar que tenía que adjuntar la publicación de la ley en el Diario Oficial. Tanto así que fue el pleno del TC el que, en resolución dividida de seis votos contra cuatro, optó por hacer caso omiso al descuido.

En lo que respecta a esta compraventa, hay fuentes de gobierno que recriminan que no haya sido capaz de ver la evidente infracción constitucional que se generaría de forma posterior, cuando se firmara el contrato. Esto por el hecho de que la senadora Allende tiene una prohibición constitucional de celebrar contratos con el Estado ya que al hacerlo cae en una causal de cesación de su cargo. Algo similar pasa con la ministra Fernández, respecto de quien la Constitución establece que durante el ejercicio de su cargo está sujeta a la prohibición de celebrar contratos con el Estado.

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En la Segpres se defienden y explican que la División Jurídica solo revisa actos elaborados por otros ministros y que requieren de la firma del Presidente de la República. Sin embargo, en este caso Moya solo revisó el decreto que autorizó la adquisición del inmueble y no la fórmula específica de la compraventa, algo que ocurrió sin su participación en la 50° Notaría de Santiago casi un mes después de que el decreto supremo fuera firmado por Boric. De hecho, dicen fuentes que conocen del proceso de revisión que se hace en la división que dirige Moya, pudo haber pasado que teniendo el decreto listo, el contrato nunca se hubiera firmado y, por lo tanto, el vicio no habría ocurrido.

Por eso recalcan que el decreto lo único que hace es autorizar al Estado a adquirir una propiedad por calificarse como de valor histórico y patrimonial. Además comentan que tanto la preparación del decreto como la firma posterior del contrato de compraventa fueron de responsabilidad de Bienes Nacionales. En esa línea, en la Segpres comentan que la confirmación de qu

Los detalles del contrato de la frustrada compraventa de la casa del expresidente Salvador Allende

e la revisión de la legalidad que hizo Moya fue la correcta es que su criterio luego fue confirmado por Contraloría cuando el contralor (s) Víctor Hugo Merino tomó razón del decreto.

El bochorno de esta compraventa inconstitucional tiene sumergido a sectores del gobierno en un mar de recriminaciones cruzadas. Hasta ahora los costos solo los pagó la exministra de Bienes Nacionales Marcela Sandoval, pese a que su equipo habría manifestado reparos en el proceso de revisión del decreto.

El asunto ha elevado la tensión al interior de la alianza de gobierno, sobre todo con el PS, ya que el autogol de Boric arrastró a dos figuras emblemáticas de la colectividad, tanto así que el asunto terminará con un requerimiento de cesación en el cargo de la senadora Allende ante el TC. Para activar esta ofensiva, solo se requiere la firma de 10 parlamentarios, lo cual ya está siendo analizado por la oposición en conjunto con sus asesores jurídicos. Por eso la preocupación abunda en el PS y ya se iniciaron las gestiones para rescindir el contrato.