Gobierno firma protocolo que agilizará expulsiones y plantea que con esto serán desarrolladas con “mayor regularidad”

Gobierno firma protocolo que agilizará expulsiones y plantea que con esto serán desarrolladas con “mayor regularidad”

El ministro (s) del Interior, Luis Cordero, firmó un protocolo para agilizar procedimiento administrativo de expulsión, esto en conjunto con la Policía de Investigaciones (PDI), Gendarmería y el Servicio de Migraciones, instituciones que son parte del proceso.

“Este protocolo lo que busca es uniformar los procedimientos de cada una de las instituciones que participan de los mecanismos de expulsión, en segundo lugar acotar los plazos, en consecuencia, permitir que las expulsiones sean desarrolladas con mayor regularidad que la que podemos estar realizando en la actualidad”, planteó el ministro (s).

El texto fue firmado por Cordero, junto al prefecto general de la PDI, Ricardo Gatica, el director nacional del Servicio de Migraciones, Luis Thayer y el director nacional de Gendarmería, Sebastián Urra.

Según explicó el ministro (s) de Interior, esto permitirá “estandarizar” la información, los tiempos, los flujos de comunicación que permita la interoperabilidad.

“Pero además de eso, yo creo que un aspecto que es clave -que es un tema en específico que está asociado en este protocolo y que se ha estado trabajando con la Policía de Investigaciones- pero que hoy día todas las instituciones del protocolo trabajan conjuntamente con ello, es la priorización de expulsiones administrativas respecto de aquellas personas vinculadas con antecedentes penales a organizaciones criminales, lo que nos permite alinear el plan de expulsiones administrativas con la política de crimen organizado”, sostuvo.

“Sólo recordar que al inicio de esta administración existían 24.000 decretos de expulsión administrativas vigentes que, luego de las modificaciones que se han realizado, hemos podido dictar 6.000 adicionales que se han estado notificando y que en lo que va de este período ya se han desarrollado más de 1.000 expulsiones administrativas, mucho más que el promedio de lo que se habían podido desarrollar en administraciones anteriores”, comparó Cordero.

Junto con ello, explicó que si bien se planteó que se realizarán con mayor regularidad, no significa que se expulsará una mayor cantidad de personas. “Nosotros necesitamos expulsar a aquellas personas que generan peligro en el país porque tienen un compromiso delictual muy significativo y están asociadas a organizaciones criminales. De lo contrario, si solo contáramos expulsiones, sería a ratos muy fácil para la policía llegar, tomar un grupo de personas, subirlas a un avión y expulsarlas”, expresó.

El límite en expulsiones por la Ley de Drogas

A pesar de que el protocolo busca agilizar las expulsiones, se refiere a lo que es el proceso administrativo, ya que según explicó el ministro (s) del Interior el procedimiento judicial tiene un impedimento en materia de expulsiones.

“Chile sigue teniendo un desafío en materia de cumplimiento de la legislación migratoria y particularmente en materia de expulsiones judiciales de aquellas personas condenadas por Ley de Droga como ustedes bien saben hoy día no lo podemos hacer por la modificación de la ley del 2021 y esto permite entre otras cosas junto con el reforzamiento del programa frontera norte mantener el mecanismo del control migratorio adecuado para el país que es una de las inquietudes que tienen los chilenos y las chilenas”, planteó Cordero.

“La modificación legal que nos impide expulsar personas por ley de droga, donde hay un volumen muy significativo, nos tiene restringida esa posibilidad. Por eso el Ejecutivo ha insistido desde el año 2022 en la necesidad de modificar la ley para efectos de poder expulsar personas condenadas por Ley de Droga, que es un número muy relevante, que de hecho genera congestión en cárceles y tiene un impacto muy concreto y muy significativo en mujeres privadas de libertad, que provoca una congestión en los sistemas penitenciarios en el norte” explicó.

“El Ejecutivo va a seguir insistiendo sobre las expulsiones judiciales vinculadas a la Ley de Droga, pero por ahora nos interesa seguir profundizando en las estrategias más focalizadas en expulsiones administrativas de perfiles de riesgo”, sostuvo Cordero.