Gonzalo Vial Concha responde demanda de Sebastián Dávalos: “No ha sufrido perjuicio alguno”

Gonzalo Vial Concha, fundador de Inversiones Graneles del Sur, contestó este lunes la demanda por $683 millones presentada en agosto de 2024 por Sebastián Dávalos Bachelet, hijo de la expresidenta Michelle Bachelet. En su escrito de respuesta ante el Segundo Juzgado de Letras de Rancagua, el empresario alega que la acción “debe ser íntegramente rechazada, con costas”, al no configurarse ninguno de los presupuestos legales del abuso del derecho.

En septiembre de 2024, Sebastián Dávalos interpuso una demanda civil en contra de Vial, acusándolo de haberlo involucrado dolosamente en una querella criminal —con consecuencias devastadoras para su vida personal y profesional— en el marco del llamado “Caso Caval”. Según Dávalos, esa querella le impidió ejercer cargos públicos y desarrollar actividades laborales normales durante casi una década, y se habría usado “con el propósito deliberado de causarle daño”.

En su escrito de contestación, Gonzalo Vial señala que la demanda es “absolutamente infundada”, y que el demandante pretende responsabilizarlo del “tratamiento que le ha dado la prensa durante décadas”, atribuyéndole una “imposibilidad de trabajar durante más de ocho años y una serie de afectaciones de índole extrapatrimonial” que ya ha reclamado en otros procesos similares.

El empresario, quien es representado por el abogado Cristián Gandarillas, sostiene que Dávalos “ha reclamado ya en otras demandas en contra de la prensa y en un sinnúmero de querellas por injurias y calumnias contra periodistas, parlamentarios y políticos”, sin que se hayan acreditado daños ciertos.

El texto también entrega una cronología exhaustiva del escándalo público conocido como Caso Caval. Este se desencadenó hace una década, el 6 de febrero de 2015, cuando la revista Qué Pasa reveló la adquisición por parte de la empresa Caval —cuyo control estaba en manos de Natalia Compagnon, entonces pareja de Dávalos, y Mauricio Valero— de terrenos agrícolas en Machalí por $6.500 millones, con un crédito facilitado tras una reunión entre Dávalos y Andrónico Luksic, entonces vicepresidente del Banco de Chile.

La defensa de Vial explicó que la querella original, interpuesta por Graneles del Sur en junio de 2016, “no fue presentada por Gonzalo Vial Concha”, sino por la empresa, y “en contra de todas aquellas personas que resulten responsables” del presunto delito de estafa. “No se hizo mención alguna al Sr. Dávalos, cuyo nombre no aparece en ninguna parte del cuerpo de la querella”, subraya el escrito .

Además, Vial recalca que quien formalizó a Dávalos fue el Ministerio Público, en el marco de su investigación autónoma y con base en la declaración de Mauricio Valero, quien lo habría involucrado directamente en la confección de informes falsificados para justificar pagos millonarios.

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“Carece de legitimación activa”

Vial sostiene que Dávalos “carece de legitimación activa” para demandar, ya que aceptó expresamente el desistimiento de la querella penal, lo cual impide que pueda iniciar esta acción civil, en virtud del artículo 119 del Código Procesal Penal, que exceptúa los casos en “que el querellado hubiere aceptado expresamente el desistimiento del querellante” .

El texto subraya que en la audiencia de 7 de octubre de 2022, Dávalos aceptó explícitamente ese desistimiento, lo cual extingue su derecho a reclamar perjuicios. La contestación recuerda las palabras del defensor de Dávalos durante esa audiencia: “Esta defensa acepta el desistimiento del señor López Zegers en representación de Graneles del Sur” .

Otro obstáculo jurídico que enfrenta la demanda, según Vial, es que la querella jamás fue calificada como calumniosa por una sentencia a firme, un requisito legal expresamente exigido para fundar una demanda por abuso del derecho.

“La querella solo podría ser fuente de responsabilidad civil en el entendido de cometerse un delito a través de su formulación (acusación o denuncia calumniosa), no habiéndose erigido alguna solicitud previa del demandante en ese orden”, dice la presentación.

El rol del Ministerio Público y el CDE

Vial señala que, incluso, si se diera por acreditado algún daño, este habría sido causado por organismos públicos, no por él. En efecto, recuerda que quienes formalizaron y acusaron a Dávalos fueron el Ministerio Público y el Consejo de Defensa del Estado. Por tanto, sostiene que la acción debe ser íntegramente al no haberse dirigido la demanda “en contra del Ministerio Público ni del Consejo de Defensa del Estado”.

Incluso sugiere que, en tal caso, Dávalos debió haber demandado al Fisco de Chile y no a él personalmente.

La contestación agrega que “el actor no ha sufrido perjuicio alguno, los daños reclamados son inexistentes y totalmente inciertos”, y que tampoco existe relación de causalidad entre la querella y los perjuicios alegados. Señalan que la exposición pública y daño reputacional ya existían desde mucho antes de la querella, debido al escándalo mediático desatado por la compraventa de terrenos y sus repercusiones políticas.

Por último, Vial invoca la prescripción extintiva de la acción, indicando que “han transcurrido más de 8 años desde la perpetración del hecho que la contraria califica como ilícito”, en relación a la presentación de la querella en junio de 2016.

El empresario solicita que la demanda sea “rechazada en todas sus partes”, con expresa condena en costas, y enfatiza que en ningún caso existió dolo, abuso del derecho ni daño cierto atribuible a su persona.

“Para que prospere esta infundada acción, el Sr. Dávalos deberá acreditar la concurrencia de un dolo especialísimo (…) el que en la especie no se verifica”, remata.