Iglesias se cuadran contra cambios en aborto: autoridades religiosas piden a Contraloría frenar nuevo reglamento del Minsal

Iglesias se cuadran contra cambios en aborto: autoridades religiosas piden a Contraloría frenar nuevo reglamento del Minsal

Una de las propuestas programáticas más destacadas del actual Presidente Gabriel Boric fue la ampliación del aborto legal más allá de las tres causales vigentes: riesgo materno, inviabilidad fetal y violación.

Aunque el envío del proyecto estaba previsto para finales de 2024, su tramitación se ha visto retrasada a la espera de la resolución de la Contraloría General de la República (CGR) sobre la modificación del reglamento de la normativa actual. Según el Ministerio de la Mujer y Equidad de Género, este paso es fundamental para asegurar la correcta implementación de la Ley 21.030 antes de avanzar con una nueva iniciativa legislativa.

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Aunque las modificaciones fueron ingresadas ante la Contraloría General de la República el 31 de mayo del año pasado, su revisión se vio demorada debido a observaciones de forma. La ministra de la Mujer, Antonia Orellana, explicó que algunos contenidos del documento original no eran considerados “materia de reglamento” y debían incorporarse directamente en el proyecto de ley para no quedar fuera de su idea matriz. Tras estos ajustes, las modificaciones fueron reingresadas el pasado 10 de marzo.

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Durante esta nueva tramitación, diversos representantes de iglesias evangélicas, ortodoxas y anglicanas de Chile enviaron una carta a la Contralora General de la República para expresar su adhesión al documento “Téngase Presente”. Este escrito, presentado el 20 de marzo de 2025 por el obispo René Osvaldo Rebolledo Salinas, presidente de la Conferencia Episcopal de Chile, solicita a la Contraloría que considere sus argumentos en el marco de la revisión del reglamento y no sea aprobado.

“Estamos en la posición de defender el reglamento anterior y, en particular, preservar la libertad de conciencia de los profesionales en el ámbito de los abortos, asegurando que sus decisiones sean respetadas”, afirma Emiliano soto, representante protocolar de las Iglesias Evangélicas y Protestantes de Chile y uno de los firmantes de la carta.

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Y es que las modificaciones enviadas por la cartera sanitaria apuntan a favorecer a aquellos que no se oponen al procedimiento y asegurar que se aplique a quienes lo busquen. En esa línea, el nuevo reglamento favorece la presencia de personal no objetor en la distribución de los turnos en recintos sanitarios y alienta la contratación de personal no objetor de conciencia.

Respecto al proyecto que el gobierno planea presentar una vez sea aprobado este reglamento, agrega que “en el mundo protestante y evangélico, de acuerdo con nuestros principios valóricos, definitivamente somos partidarios de la vida. Aunque ya existe una ley con estas tres causales, que nos parece suficiente para la realidad en Chile, el hecho de que se permita el aborto libre atenta, como siempre se ha dicho, contra la vida del que está por nacer. Para nosotros es muy preocupante que se abra ese espacio para el aborto libre en Chile”.

A la carta también se adhieren Sergio Veloso, obispo vicepresidente de Unión de Iglesias Pentecostales de Chile (UNIPECH); Sergio Abad, arzobispo metropolitano de la Iglesia Ortodoxa en Chile; Eduardo Cid, en representación de la Iglesia Misión Evangélica Wesleyana; Francisco Javier Rivera, director Comisión Legal Evangélica; Jorge Méndez, presidente Consejo de Obispos y Pastores de Chile; Wilfredo Villa, director del Consejo de Unidades Pastorales Región Metropolitana; Héctor Cancino, presidente de la Plataforma Evangélica Nacional, y Héctor Zavala Muñoz, en representación de la Iglesia Anglicana de Chile.

¿Qué dice el reglamento?

En concreto, el reglamento que se está estudiando busca mejorar la implementación de la ley vigente. Por ejemplo, quienes decidan no realizar la interrupción deberán dejar su decisión manifestada por escrito antes de la recepción de una solicitud de interrupción voluntaria del embarazo, con el objetivo de elaborar un formulario. Con esta información, “los jefes de servicios y unidades vinculados a la ginecoobstetricia tendrán acceso al listado actualizado mencionado en el inciso anterior, para favorecer la presencia de personal no objetor en la distribución de los turnos. Igualmente, tendrá acceso el personal administrativo que participe en la distribución y asignación de la atención de salud”, detalla el documento.

Asimismo, el texto recalca que “los establecimientos públicos de salud deberán contar con personal sanitario idóneo, suficiente y disponible para asegurar la atención médica de los y las pacientes que requieran la interrupción de su embarazo y ejecutar la prestación. Para tales efectos, el establecimiento de salud podrá considerar como un factor positivo en la contratación de personal el hecho de no ser objetor de conciencia, a fin de evaluar su idoneidad para el cargo”.

En las modificaciones también se añade que las pacientes deberán ser informadas si el profesional es objetor, tanto para el procedimiento como para las consultas generales.

Otro cambio importante es que con el objetivo de informar adecuadamente a la población, todos los establecimientos de salud, públicos o privados, que ofrezcan servicios de atención ginecológica y obstétrica deberán exhibir en un lugar público y visible los derechos consagrados en la ley, incluido el derecho de acceso a la información sobre la calidad de objetor de conciencia del médico tratante y las instancias de reclamo disponibles.