Informe de la Cámara de Comercio Española detalla los “nudos críticos” en permisología

El Comité de Infraestructura de la Cámara Oficial Española de Comercio de Chile (Camacoes) elaboró una minuta de 32 páginas donde analiza exhaustivamente los problemas asociados a los procesos de permisos y autorizaciones administrativas del Estado, conocidos como permisología. En el documento, se identifican “nudos críticos” que obstaculizan el desarrollo de proyectos estratégicos en sectores como infraestructura, energía y telecomunicaciones.

Representantes del gremio han presentado el documento a la directora ejecutiva del Servicio de Evaluación Ambiental, Valentina Durán y la directora de InvestChile, Karla Flores. Pulso tuvo acceso al informe a través de una solicitud de Ley de Acceso a la Información Pública.

El gremio es presidido por Miguel Ángel García Moreno. Entre sus socios están: Aguas Andinas, Grupo Agbar, Afex, Agunsa, Aldeasa, Banco Santander, CAF Chile, Caixa Bank, Mapfre, Sacyr Chile, Telefónica Chile y la Universidad SEK, entre otros.

El Comité destaca la proliferación de trámites que involucran “ventanillas múltiples” en diversos órganos administrativos, tanto municipales como regionales y nacionales. Esta dispersión genera ineficiencias y demoras. En respuesta, se propone implementar una ventanilla única mediante una plataforma denominada “SUPER” (Sistema Unificado de Permisos), que centralice y estandarice los procesos.

Otro problema señalado en el informe es la falta de uniformidad en los criterios aplicados por las instituciones. “Criterios dispares entre los órganos, e incluso dentro de los mismos órganos, pero en regiones distintas”, detalla la minuta, sugiriendo la necesidad de unificar los estándares para evitar decisiones contradictorias. Además, se observa “desconocimiento de los encargados de gestionar los permisos dentro de los órganos”, lo que evidencia la falta de capacitación técnica del personal involucrado en estas labores.

Según el documento, una de las barreras más preocupantes es la fragilidad de los permisos ya otorgados, los cuales pueden ser paralizados o anulados por acciones judiciales de terceros. Esto genera inseguridad jurídica para los inversionistas.

El Comité aborda la importancia del silencio positivo como mecanismo para agilizar los procesos administrativos. Según el artículo 64 de la Ley N° 19.880 de Bases de Procedimiento Administrativo, si la administración no resuelve dentro de los plazos establecidos, la solicitud del interesado se considera aceptada. La minuta señala que este principio, aunque beneficioso en términos de eficiencia, puede generar incertidumbre sobre el alcance y contenido de los permisos aprobados. “El silencio positivo implica que la solicitud se entiende aprobada en los términos de la misma solicitud”, explica el documento, subrayando la necesidad de establecer reglas claras para su aplicación.

“Otro aspecto a considerar es establecer la posibilidad de pagos asociados a la tramitación de permisos. Por ejemplo, en Reino Unido, la tramitación de permisos ambientales está asociada al pago de una tarifa que cubre los costos de la Agencia Ambiental Británica para evaluar el permiso en cuestión. Estos cobros se aplican además para modificaciones posteriores, desistimientos o transferencias. Además, existen cobros asociados a la “mantención” del permiso, que cubren los costos de regular la actividad”, consignó el informe.

Mayor eficiencia

El documento aborda diversos problemas relacionados con los permisos de edificación y los permisos de obra preliminar, destacando inconsistencias en los criterios aplicados por las Direcciones de Obras Municipales (DOM). Estas discrepancias generan incertidumbre para los solicitantes, especialmente cuando se exigen requisitos adicionales que no están contemplados en las normativas del Ministerio de Vivienda y Urbanismo (MINVU).

Se propone como solución la unificación de criterios entre todas las DOM, una medida que podría implementarse mediante una notificación oficial o una nota aclaratoria emitida por el MINVU. Este documento debería detallar los puntos específicos que deben ser revisados al evaluar, aprobar o rechazar un permiso. Asimismo, se recomienda que, en los casos en que el MINVU, a través de un Informe Favorable Condicionado (IFC), no solicite estudios o antecedentes adicionales, las DOM queden explícitamente exentas de pedir documentación extra. Esto garantizaría que las exigencias se ajusten a las necesidades reales del proyecto, evitando retrasos innecesarios.

Uno de los puntos más destacados en el análisis del Comité de Infraestructura de Camacoes es la necesidad de priorizar ciertos proyectos considerados estratégicos para el desarrollo de Chile. Según la minuta, esta priorización debería enfocarse en iniciativas que respondan a necesidades críticas como la independencia energética, el acceso a recursos esenciales o la provisión de servicios básicos. Proyectos vinculados al litio, hidrógeno verde, plantas desalinizadoras y hospitales son citados como ejemplos claros de este tipo de iniciativas.

“Primero, porque, siguiendo la propuesta del Proyecto, es posible que se genere un grado de debate en torno a qué procedimientos o actos se refieren a “autorizaciones de proyecto/funcionamiento”, en particular cuando se trata de actos administrativos complejos que incluyan otros efectos que no se ven cubiertos por esta regla (por ejemplo, pueden considerar acceso a recursos públicos o beneficios económicos de cargo fiscal)”, acotó.

El documento también plantea que, para garantizar la efectividad de esta priorización, sería necesario establecer normas específicas que obliguen a los organismos públicos a acelerar la revisión y aprobación de permisos para los proyectos estratégicos. Esto no solo permitiría su ejecución más rápida, sino que también enviaría una señal clara a los inversionistas de que Chile está comprometido con el desarrollo de iniciativas clave para su futuro.

“Desde una perspectiva estratégica, para el Estado podría ser conveniente contar con la facultad de exigirles a los organismos del Estado darle prioridad en la revisión y entrega de autorizaciones a ciertos proyectos que tengan una importancia estratégica para el país ya sea por motivos de temporalidad del mercado (ej. Litio), independencia energética (Hidrógeno Verde), de la correcta provisión de servicios básico como agua (desalinización) o salud (Hospitales); o bien, por motivos de seguridad nacional”, añadió.

Telecomunicaciones

Asimismo, sostiene que la industria de las telecomunicaciones enfrenta una serie de trabas burocráticas que limitan su expansión. En la minuta, el Comité dedica un capítulo completo a proponer soluciones regulatorias destinadas a acelerar las inversiones en este sector.

Asimismo, solicita “16. Eliminar, reducir y/o simplificar las obligaciones de reportes a Subtel”.

“Subtel debe eliminar todo aquel reporte estadístico solicitado a las empresas y que el regulador no utiliza para sus reportes públicos de estadísticas. Principio de “No utilizado, no solicitado”.

Asimismo, eliminar informes duplicados o contenidos en otros Anexos del STI de Subtel, así como eliminar la obligación de entrega de informes obsoletos o que no son fiscalizados”, acotó.

“Subtel ha ido solicitando, a través de la historia, una enorme cantidad de reportes periódicos de información (sistema STI), muchos de los cuales han dejado de ser útiles y/o están duplicados con otros reportes”, añadió.

Asimismo, e informe pide eliminar “regulación obsoleta”. Esto através de la derogación el Decreto 510 de 2004, Reglamento de la Cuenta Única Telefónica, atendido que el proyecto de ley que reconoce a internet como servicio público elimina su fuente legal. “Reducir carga regulatoria y permitir a las empresas mejorar la claridad de las cuentas que envían a sus clientes. Además, el Reglamento de Servicios de Telecomunicaciones ya contiene la información mínima y necesaria que debe incluir el documento de cobro”