Inmigración ilegal, drogas y la inmerecida mala fama de México

Inmigración ilegal, drogas y la inmerecida mala fama de México

El análisis de las dinámicas entre droga e inmigración ilegal en las Américas revela una trama compleja de decisiones políticas, flujos migratorios y responsabilidades compartidas

Esta no es una historia de buenos y malos, como tampoco hay una línea que los separe, con unos a un lado y los otros detrás de la barrera. La droga y la inmigración ilegal son materias de tal complejidad que más bien reflejan una combinación de buenas y malas decisiones, donde las malas se retroalimentan.

Son problemas que existen en todo el mundo, y donde Estados Unidos no es el país que más los sufre ni tampoco el que más ha fracasado. Además, América Latina, a pesar de todos sus problemas, es bastante más que solo drogas e inmigración ilegal. De partida, un buen porcentaje migratorio llega a países pobres antes que a ricos, ya que solo deben cruzar fronteras, normalmente al lado de donde aparecen las grandes tragedias. No solo en África: la gran inmigración siria llegó al Líbano antes que a Europa, y millones de venezolanos arribaron a toda la región mucho antes de llegar a la frontera sur de Texas. De hecho, como porcentaje de la población, son muchos más en Chile, en el otro extremo del continente.

Aún más, no deja de sorprender lo tarde que los grandes medios de comunicación descubrieron la existencia del temible Tren de Aragua, sin notar todavía que varias Cortes Supremas de la región decretaron expulsiones de sus miembros por la comisión de terribles delitos, como tampoco casos como el asesinato del teniente Ojeda, asilado venezolano en Chile, por orden y mediante pago de Diosdado Cabello, según han acreditado los fiscales. Tanto así que el caso ya fue oficialmente presentado por Chile a la Corte Penal Internacional en La Haya.

En EEUU, la mala fama mexicana tiene un origen compartido entre los grandes medios de comunicación y la clase política, incluyendo a algunos representantes y senadores de origen latino. Además, estas opiniones suelen ser reproducidas por la prensa de otros países y por muchos analistas.

Por cierto, un enorme porcentaje de la inmigración ilegal y de las drogas llega desde México, pero esas no son opiniones, sino hechos que no admiten discusión. Mi argumento es otro: que las razones esgrimidas en el debate estadounidense, con la posibilidad de que se transformen en decisiones, son las equivocadas. Estaríamos hablando entonces de malas decisiones, como la de algunos extremistas que han solicitado el uso de fuerzas especiales operando en territorio mexicano, felizmente en total minoría.

¿Y si algo —o mucho— sale mal?

La verdad es que, en el tema de la inmigración ilegal, ha sido decisivo un hecho estrictamente estadounidense: que en pocos años, con el simple cambio del habitante de la Casa Blanca, Washington pasó de un extremo a otro, desde fronteras abiertas a una total cerrazón. Se reproduce así una (brusca) oscilación que se ha dado muchas veces en su historia: de la aprobación al rechazo de la inmigración ilegal. En un país que, a pesar de todo, sigue siendo muy abierto, recibiendo mediante distintas visas a un millón y medio de inmigrantes legales cada año, una cifra que se compara favorablemente con potencias como China o Japón.

En todo caso, hay un denominador común en las últimas oleadas: en general ha habido un buen mercado laboral esperando a los inmigrantes por necesitarlos. Aunque no tengan sus papeles al día, pueden mayoritariamente cumplir su “sueño americano”.

En el caso de la droga, sea sintética o no, el verdadero problema de fondo no es uno sino dos, y nada cambiará si: a) no se termina con el origen del consumo, es decir, la drogadicción en EEUU, y b) no se mejora la eficiencia no solo en la frontera, sino también en la distribución interna. Se trata de un problema social, policial y de salud, mezclado con distintas expresiones generacionales, que dependen además de las políticas de cada Estado. Una muestra del poder del narcotráfico es que nunca sabemos el nombre del equivalente estadounidense del Chapo o Escobar. Al menos yo dudo que estos personajes, aunque lleguen hasta la frontera, tengan redes para controlar la distribución en todo el inmenso territorio estadounidense.

Con los años, el tema de la inmigración ilegal se ha transformado también en uno de intercambio poblacional, toda vez que al menos hay un millón de estadounidenses con residencia ilegal —o al menos irregular— en México, sin que se sepa que consuman drogas, que sean un problema para las autoridades mexicanas, o que exista un movimiento político para su expulsión. Aún más, soy testigo de su muy visible presencia en varios de los muy recomendables “pueblos mágicos” no muy lejos de Ciudad de México, donde se habla mucho inglés y circula el dólar como si fuera moneda local, a muchos kilómetros de la frontera.

A pesar de la historia complicada y de la pérdida territorial de buena parte del México histórico —cedido, vendido o conquistado—, lo cierto es que el cariño y la admiración hacia Estados Unidos es real. Hay tantas familias mexicanas viviendo en ambos países, que aquel antecedente histórico mencionado no influye mayormente. Si lo destacamos es porque en otros países con pérdida territorial, ello es fuente de enemistad casi permanente a nivel personal, sobre todo por parte del derrotado.

Más aún, en fechas recientes se ha notado: es posible comparar cuán distinta ha sido la actitud de Trump y hacia Trump en Canadá y México. A pesar de que las decisiones tomadas unilateralmente afectan a ambos por igual, en México se han visto concesiones sucesivas, incluso con aplausos para la presidenta Claudia Sheinbaum, sin que exista un clima contra el mandatario estadounidense. En Canadá, en cambio, ha despertado una especie de nacionalismo, con repercusiones entre políticos, consumidores, viajeros y espectadores deportivos.

Nada similar se aprecia en México. Quizás por ello, en su gobierno anterior Trump agradeció a AMLO —también lo criticó, pero por otros motivos— y ahora ha tenido términos muy amables con Sheinbaum, destacando su aporte, comparándola con los canadienses, para quienes no ha tenido el mismo tono, limitándose a decir que con el nuevo primer ministro ha tenido conversaciones “productivas”. Y eso que todos saben que hay un elemento de negociación en las posiciones de Trump. Pero el punto es que no tiene palabras igualmente amables para los canadienses. Por cierto, hay hipocresía en el Palacio Nacional, ya que nada semejante se hizo con España, a quien se criticó tan exagerada y amargamente por la conquista que se hizo imposible el viaje del rey a la investidura del nuevo gobierno.

Para EEUU, el tema fronterizo sería mucho peor si no fuera porque la colaboración de México va mucho más allá de las obligaciones del derecho internacional, e incluso de lo habitual entre vecinos con tratado de libre comercio. Quizás por ello, distintos presidentes estadounidenses desde los años 80 han destacado cómo México ayuda más allá de la buena vecindad, incluso cuando ello ha incluido militarizar la frontera con Guatemala.

Y eso ha ocurrido a pesar de que México sostiene, desde hace mucho, que tan grave como el tema del consumo de drogas en EEUU es el de las armas. Las pistolas y ametralladoras con que matan los cárteles mexicanos provienen de EEUU, y el tema ha sido planteado en estrados judiciales contra empresas de armas.

Así como EEUU tiene razón en criticar el rol de China en la producción del fentanilo que introducen los cárteles por las fronteras mexicanas y canadienses, también debe reconocerse que empresas estadounidenses producen precursores químicos y que el sistema financiero sirve para lavar e invertir la riqueza del narcotráfico. Se reclama un rol más activo del Departamento del Tesoro, capaz de paralizar transacciones sospechosas.

La raya para la suma es que el consumo de drogas es lo que ha transformado a los cárteles mexicanos en verdaderas internacionales del crimen, poder que les ha permitido controlar buena parte de las instituciones mexicanas, además de expandirse en varios países latinoamericanos, tanto productores como de tránsito, siendo el último ejemplo el caso de Ecuador.

Y por mucho poder que hayan adquirido, no ayuda el intento de transformar a los cárteles de la droga en organizaciones terroristas, porque por muchos crímenes que cometan, no lo son. Los cárteles mexicanos no son terroristas, a diferencia de las FARC colombianas, que sí lo son, y a pesar de que han colaborado y quizás lo sigan haciendo con Hezbollah, que también lo es, y que como medio de financiamiento está involucrado en el tráfico de drogas en el Medio Oriente, principalmente con la sintética captagón, la llamada “droga de los yihadistas”. No son terroristas, pero sí organizaciones muy flexibles, que aprovechan cada oportunidad, como lo han hecho trasladando sus operaciones de drogas e inmigración ilegal a una frontera tan abierta como la de Canadá con EEUU.

Además de la vecindad con EEUU, los cárteles mexicanos han adquirido su actual relevancia no solo por el consumo interno en el norte, sino también por haber reemplazado a los cárteles colombianos, tras el éxito del Plan Colombia, con la colaboración de Washington para que en Colombia, el gobierno de Álvaro Uribe arrinconara a las FARC, debilitando además a cárteles como el de Medellín. Tanto así que en el imaginario colectivo, el Chapo Guzmán reemplazó a Pablo Escobar, y en forma ágil, fueron los cárteles mexicanos quienes tomaron el lugar de los colombianos en el ingreso de droga a EEUU, primero la cocaína y luego satisfaciendo la más grave demanda actual: el fentanilo.

EEUU lo ha intentado casi todo en relación a la droga, incluso la militarización, hablando de una “guerra contra las drogas” o al menos un “combate”, y es de los pocos países que va más allá del enfoque sanitario y policial, involucrando a las fuerzas armadas en su estrategia. Esto es excepcional, porque en general las policías son más efectivas en la represión, además de que las experiencias con militares no han sido gratas, ya que terminan involucradas en la corrupción, y desde Vietnam, Washington ha debido lidiar con el consumo de drogas entre las tropas y los veteranos.

En el caso de México, tampoco ha sido buena experiencia involucrar a los militares. Han transcurrido entre Felipe Calderón y AMLO suficientes años (2006–2024) para constatar que tampoco son la solución.

La complejidad del tema drogas es tal que, en EEUU, aquellos Estados que han legalizado drogas para uso recreativo no han mostrado mayores diferencias con aquellos que no lo han hecho, ni en salud pública ni en seguridad. EEUU también ha pasado por periodos de encarcelamiento masivo de consumidores, penalizando más al drogadicto que al traficante, sin que esto haya generado grandes cambios en los niveles de consumo, tráfico o los delitos asociados.

Más aún, todavía está fresca la experiencia de dos décadas de ocupación en Afganistán, donde a la larga lista de fracasos se suma el de las drogas: hubo aumento y no disminución de la producción de opio, necesaria para lograr acuerdos con los señores de la guerra, ya que ese tráfico era condición necesaria para mantener su poder local.

El propio EEUU ha tenido una política ambigua en la materia. No solo cedió el control de su frontera sur a los cárteles, sino también lo ha hecho con países donde el crimen organizado está en el poder, transformándolos en narcoestados, como es el caso de Venezuela, donde el Cártel de los Soles integra a los principales dirigentes civiles del régimen y al alto mando de las Fuerzas Armadas. En este caso, el petróleo ha sido la moneda de cambio.

En cuanto al poder actual de los cárteles mexicanos, no hay duda de que la frontera abierta los ha convertido en un actor clave tanto en la inmigración ilegal como en el tráfico de drogas, todo facilitado por su control territorial, que incluye hasta túneles propios.

Mi crítica al lenguaje de muchos políticos estadounidenses y a la gran prensa es que, aunque hay mucha información sobre el daño que esto causa a EEUU, hay muy poca sobre cuánto afecta a México. El combustible para la droga es el consumo en el norte, porque en México, aunque aumenta, no alcanza ni remotamente ese nivel. En cuanto a la inmigración ilegal, quienes llegan a la frontera quieren ingresar a EEUU, no quedarse en México.

Sin embargo, dejan muchas externalidades negativas en su camino: problemas sociales, violencia, empoderamiento de los cárteles, nuevas líneas delictivas, presión sobre servicios públicos, y más delincuencia para México, con tiroteos en las calles y un aumento de homicidios. A esto se suma la lista de concesiones que hacen autoridades mexicanas a EEUU, como el uso de fuerzas armadas para detener flujos migratorios y la política de “Remain in Mexico”. Nada obliga, según el derecho internacional, a que el país de tránsito deba aceptar a ciudadanos de terceros países durante largos periodos, solo por razones electorales o políticas internas de otra nación.

Más aún, por la presión recibida, más de una vez se ha ofrecido que los migrantes de paso permanezcan legalmente en México, incluso con visa de trabajo. Pero eso sí crearía una obligación internacional para México, porque, por ejemplo, en el caso del asilo político, una vez que alguien obtiene residencia legal en un país, el país de destino (EEUU, en este caso) no está obligado a otorgarle asilo, ya que ha sido protegido por otro Estado. Pongo “asilo” entre comillas porque, como es sabido, muchas personas lo solicitan para acelerar sus procesos, aunque en realidad sean migrantes económicos.

Y si hablamos de derechos laborales e inmigración económica, es oportuno referirse a César Chávez (1927–1993), destacado activista por los derechos civiles y cofundador de la Asociación Nacional de Campesinos, cuyas huelgas visibilizaron los abusos contra trabajadores agrícolas migrantes y mejoraron sus condiciones. Chávez es una figura histórica del sindicalismo, tanto que en las fotografías detrás del presidente Biden en la Oficina Oval se puede ver la suya, enmarcada.

Lo menciono porque Chávez era, sobre todo, un sindicalista. En pasajes menos conocidos de su vida, organizó protestas contra la inmigración ilegal en plena frontera, argumentando —con razón— que hacía bajar los salarios de los trabajadores sindicalizados, argumento que sigue vigente.

¿Qué postulaba Chávez?

Aunque no está del todo claro, mi impresión es que le gustaba el programa de trabajadores invitados para mexicanos que existió durante la Segunda Guerra Mundial y que duró hasta los años 50. En él, las empresas eran responsables de traerlos —por ejemplo, para periodos de cosecha— y el gobierno debía fiscalizar que se respetaran sus derechos humanos y que no se bajaran los salarios de los estadounidenses. Esta idea también funcionó en Alemania tras la Segunda Guerra Mundial.

En lo personal, no creo que dé el mismo resultado en un mundo más complejo como el actual. Pero sí es útil para países que no sienten suficiente curiosidad por ideas que han tenido éxito, ya sea en otros lugares o en otra época. Lo mismo aplica para las drogas, donde vale la pena examinar a los países que han demostrado mejores resultados.

En ambos casos, la moraleja es que las soluciones del futuro pueden encontrarse en el pasado.

*Máster y PhD en Ciencia Política (U. de Essex), Licenciado en Derecho (U. de Barcelona), Abogado (U. de Chile), ex candidato presidencial (Chile, 2013)