Joven es asesinado en un descampado de Ate tras ser secuestrado y atado en pleno estado de emergencia

Joven es asesinado en un descampado de Ate tras ser secuestrado y atado en pleno estado de emergencia

Las autoridades están realizando investigaciones para determinar el móvil del crimen; sin embargo, se considera que podría tratarse de un ajuste de cuentas

Un violento crimen conmociona Ate. Un joven extranjero de 26 años fue secuestrado, atado de pies y manos, y asesinado de manera violenta por sus captores en un terreno descampado. El hecho ha generado preocupación entre los vecinos de la zona.

Testigos aseguran que los delincuentes, a bordo de una miniván, llevaron al joven venezolano Amaratinto Avellaneda Ricalde hasta un descampado, donde le dispararon dos veces para quitarle la vida. Su cuerpo fue hallado con los pies y manos atados con sogas.

No obstante, las cámaras de seguridad del lugar registraron tres vehículos sospechosos que llegaron en el momento del crimen.

En el lugar, agentes de la Policía Nacional y la Fiscalía hallaron un morral tipo canguro que contenía los documentos del occiso, lo que permitió dar con su identidad.

Aún se investiga si el homicidio fue un encargo de sicariato; sin embargo, las hipótesis de las autoridades apuntan a un posible ajuste de cuentas. La policía llegó al sitio para obtener testimonios; por su parte, los peritos de criminalística evaluaron la escena para esclarecer las razones de este homicidio.

Ate es uno de los 14 distritos de Lima y Callao que ha sido declarado en estado de emergencia por 60 días. Esta decisión fue tomada debido al aumento de la inseguridad ciudadana en el país y en el contexto del paro de transportistas, quienes pidieron medidas de protección frente a la creciente ola de extorsiones que sufren.

Delincuentes cobraban cupos a vecinos de Ate

Días previos, la Policía Nacional del Perú desbarató una presunta organización criminal dedicada a exigir pagos a un grupo de vecinos de Ate para ingresar a sus domicilios. Las autoridades capturaron a dos individuos identificados como Noé Mamani Ortiz (28) y Miguel Eduardo Chiroque Infante (27), quienes fueron sorprendidos realizando cobros extorsivos a los vecinos que ingresaban por Villa El Gran Chaparral.

De acuerdo con lo señalado en Panamericana Televisión, los extorsionadores pedían a los pobladores de la zona 4 soles por entrar a la entrada que conecta a cuatro asociaciones. Se supo que ambos tenían antecedentes por delitos como tráfico ilícito de drogas, hurto agravado e incluso tentativa de homicidio.

Durante la captura de estos individuos, los agentes del orden incautaron varias armas, incluyendo un revólver, una pistola, una granada de guerra tipo piña y dinamita.

El coronel PNP Juan Carlos Montúfar, jefe de la División de Robos de la Dirección de Investigación Criminal (Dirincri), señaló que las divisiones pertinentes ya están investigando el caso, y las primeras pesquisas sugieren que hay otras 15 personas implicadas en la organización criminal.

Critican estado de emergencia ante ola de crímenes

El alcalde de San Juan de Lurigancho, Jesús Maldonado, critico las medidas del Gobierno y los resultados que viene teniendo el actual estado de emergencia en 14 jurisdicciones de la capital, ante el incremento de la delincuencia y los índices de inseguridad ciudadana.

Según el burgomaestre, el Ejecutivo no ha logrado presentar un plan que garantice la seguridad de los ciudadanos, y se están repitiendo los mismos errores que se cometieron durante un estado de emergencia anterior, que en su momento solo afectó a tres distritos.

“Tengo la impresión de que están repitiendo los mismos errores y los mismos síntomas de la primera declaratoria de emergencia (...) Primero el patrullaje de las Fuerzas Armadas. Es un número muy pequeño los que han venido a San Juan de Lurigancho. Entendamos que no es un distrito pequeño, tenemos más de un millón de habitantes, (...) el otro elemento que se está repitiendo es que no hay una coordinación entre las instituciones administradoras de justicia: la PNP, el Ministerio Público, el Poder Judicial y ahora el Ministerio de Defensa; y tercero es que no hay una apertura de siquiera incluir a los gobiernos locales en las tareas que se pudieran implementar”, comentó.