La caída de Los Piratas, el brazo más fuerte del Tren de Aragua en Chile

La caída de Los Piratas, el brazo más fuerte del Tren de Aragua en Chile

Visiblemente sobresaltado, un hombre llegó la mañana del 29 de diciembre a la 52 Comisaría de Carabineros, en Maipú. Dijo que se llamaba E.R., que era venezolano y miembro de una organización delictual. Pero que, en esa ocasión, era él quien estaba en peligro. Luego, entregó un relato que sorprendió a todos.

R. contó que era miembro de una facción del Tren de Aragua llamada Los Piratas. Que en esa organización era conocido con el apodo de “Disparo”. Y que el 26 de diciembre del 2023, junto a otros dos miembros del Tren, unos ciudadanos venezolanos llamados Joseph Torres y Ray Nápoles Castillo, necesitaban dinero.

Por eso decidieron hacer un secuestro.

El trío fue al domicilio del empresario venezolano Pedro Betancourt, en un departamento en Providencia. Betancourt tenía -señalan documentos de la investigación- vínculos previos con un miembro del Tren, y lo conocían. Allí, con armas de fuego, lo amenazaron a él y a su pareja. Le exigieron $ 10 millones, por una supuesta deuda por tráfico de drogas. También le pidieron dos litros de ketamina líquida.

Betancourt respondió que solo tenía $ 700 mil y medio litro de ketamina. Por eso, el grupo decidió secuestrarlos a él y a su pareja.

Primero, los llevaron a un domicilio en Puente Alto. Luego, a uno en calle Tarapacá, en Santiago Centro. Ambos eran conocidos de Joseph Torres. Al final, terminaron en una casa en el camino a Rinconada de Maipú, propiedad de Brian Piña, otro asociado al grupo.

El problema -dijo R.- es que cometieron un error: no le pidieron autorización al jefe del Tren de Aragua en Chile: Carlos Gómez Moreno, apodado “Bobby”.

Eso fue lo que condenó al trío de secuestradores.

El 27 de diciembre, “Bobby” se contactó por teléfono con Betancourt. Le preguntó si era verdad que le adeudaba dinero a Torres. El empresario le dijo que no.

Cuando “Bobby” se enteró de esto -según constan documentos de la causa-, dijo que la conducta que presentó el grupo que secuestró a Betancourt era inaceptable.

Lo primero que ordenó fue que el secuestro se terminara de inmediato y que liberaran a Betancourt y a su pareja.

Lo segundo que ordenó el 29 de diciembre de 2023 fue que el trío fuera asesinado. Esto, por desobedecer sus órdenes y secuestrar a la pareja sin que ellos, los líderes, se enteraran.

Por eso, “Bobby” ordenó que R., Torres y Nápoles fueran llevados a la casa en Rinconada de Maipú. Allí los golpearon, los amarraron y los tuvieron en cautiverio.

Luego, llevaron a los tres a un sitio eriazo. R. fue rápido y, luego de zafar, logró correr y escapar. Torres y Nápoles no tuvieron la misma suerte. A ambos los balearon en el pecho y la cabeza. Murieron en el lugar.

Por eso, E.R. llegó sobresaltado a la comisaría. Esto, al mismo tiempo en que los cuerpos sin vida de sus compañeros estaban siendo encontrados por personal de la PDI. Dijo que tuvo que cruzar un río para lograr escapar. Mientras lo hacía, escuchó ocho disparos.

La pareja de Joseph Torres se enteró de la muerte de su novio. Se lo confesó el mismo “Bobby”, quien le dijo algo más: luego de dispararle, lo dejaron botado en el río.

El testimonio de E.R. llegó de manera inesperada: lo primero que hizo fue permitir aclarar ese doble homicidio en Rinconada de Maipú. Los vecinos del sector habían hallado los dos cuerpos amarrados y baleados.

Pero lo otro, es que abrió la puerta a algo que se sabía poco hasta entonces: cómo funcionaban Los Piratas por dentro. Una banda que en los meses que se aproximaban era clave para entender las razones detrás del secuestro y homicidio del teniente en retiro venezolano Ronald Ojeda.

El historial de violencia

La banda a la que le rendía lealtad E.R. se llamaba Los Piratas: un brazo que desciende directamente de los fundadores del Tren de Aragua en Venezuela. Se dedicaron desde el 2021 hasta el 2024 al secuestro extorsivo y al secuestro con homicidio como sus principales fuentes de financiamiento.

Así lo detalla el consultor e investigador en crimen organizado Pablo Zeballos, quien ha estudiado por años a esa organización criminal.

-Los Piratas del Tren de Aragua obedecerían a una especie de línea más pura, una línea que algunos investigadores la han llamado la línea Tocorón. O sea, aquella que tiene vínculos directos con el surgimiento del Tren allá por el año 2005 en la cárcel de Tocorón.

Esto distingue, dice Zeballos, esta causa de Los Piratas a, por ejemplo, la de Los Gallegos en Arica: Los Piratas tienen una relación más directa con los fundadores.

Lo otro que dice el investigador es que esta es una organización con una jerarquía muy definida. De ahí la violencia con la que actúan entre sus mismos pares.

-Aunque también tiene dinamismo, en el sentido de que sus activos podían salir del país para esconderse cuando sabían que estaban siendo buscados.

Zeballos sigue con esta idea.

-También tenían elementos que ya no provienen de la gobernanza criminal venezolana. De hecho, habían reclutado a actores criminales de origen colombiano, como el caso del conserje. Deben haber realizado un proceso de reclutamiento extorsivo acá en Chile, donde los sujetos se incorporan a la estructura criminal.

Junto con Carlos “Bobby” Gómez, el otro líder de la organización en Chile era Rafael Gámez, apodado “El Turko”. Lo que arrojó la investigación, eso sí, es que Gámez operaba desde el extranjero. Se sabe que estuvo en Colombia, aunque fue detenido en Estados Unidos.

A estas dos cabezas de la organización el resto de los miembros los llamaban “los puré”: una forma de nombrar a los jefes máximos de esa organización. También era el apodo de Gómez, cuando no era “Bobby”.

La organización tenía una serie de roles muy bien diseñados y cuidados entre sus miembros.

Los registros de WhatsApp a los que tuvo acceso el Ministerio Público dan cuenta de otras jerarquías.

Por ejemplo, se determinó a través de esos mensajes que “Bobby” hablaba constantemente con Yolvi “Morocho” González y con Wimner Rivas.

Ambos eran operadores de alto nivel dentro del Tren. Seguían las órdenes directas de “Bobby” y participaban de cerca de la planificación de los delitos.

La organización tenía una estructura tan rígida, que -detallan documentos de la causa- entre los mismos miembros se hablaba de “ascensos”. Incluso, uno de los miembros le pidió vacaciones al “Turko”, porque “se encontraba agotado”.

Una muestra de la jerarquía que imperaba en la banda era la forma en que organizaron el secuestro del teniente en retiro del Ejército venezolano Ronald Ojeda. Todo partió el 11 de febrero, 10 días antes del secuestro. Allí, Rafael Gámez, “El Turko”, creó un grupo de WhatsApp. Le puso como nombre un emoji de una bandera pirata.

A los que agregó, les dijo que “recibieron instrucciones de la cúpula de la organización, a cambio de una alta suma de dinero, para secuestrar y posteriormente matar” a Ojeda.

Allí impartió instrucciones: les dijo a todos que tenían que ir vestidos como PDI, y que el secuestro ya estaba autorizado por “estamentos superiores de la organización militar”. También les contó en ese chat que tenían que guardar secreto y empezar a “activar” al resto de los miembros. “Es pa’ dentro como PDI”, dijo “El Turko” en ese chat. Luego, les señaló a todos que “la vuelta viene de arriba” y que “les están dando la confianza”. Es decir -entienden los investigadores del caso-, que fue encargado desde lo más arriba del Tren.

Esto es en parte lo que valida la tesis del móvil político de este crimen, han dicho desde el Ministerio Público. Los otros signos: nunca pidieron un rescate económico a la familia -de hecho, era probable que supieran que Ojeda no poseía buena situación económica-, y el cuerpo fue escondido con la intención de hacerlo desaparecer.

Pero el dato clave al que llegaron los investigadores vino a partir de la declaración de un testigo protegido. Esa persona había escuchado de boca de uno de los autores principales del asesinato que el secuestro y posterior homicidio de Ojeda fue “ordenado por el gobierno de Venezuela, planificado por los líderes del Tren de Aragua y ejecutado por los integrantes de esa célula (Los Piratas) que se encontraban en Chile”.

Lo otro que reveló en reserva ese testigo: “Así también, me dijo que Diosdado Cabello, quien es un político venezolano, dio la instrucción de hacer el secuestro por medio del Niño Guerrero, pagando a través de él, considerando que el militar no estaba vinculado con ningún tipo de delito como drogas, armas y otra situación”.

En el grupo siguieron los mensajes de preparación del secuestro.

“Buen día, bendiciones mis hermanos del Caribe, activos con la posi”, dijo “Moro”. Luego, otro número sin identificar añadió: “Estamos listos para matar. El que se duerma, bueno, y el que quede mal por andar en rumba lo desactivo (...) Cuando lleguen donde el pana una sola voz se escucha. No van a andar preguntando mucho y hablando de más”.

Así, llegó el momento de ejecutar el secuestro. El día antes, un sujeto llamado Edgard Benítez entregó el 19 de febrero un Nissan Versa con una patente falsa, ya que había sido robado en Peñalolén días atrás.

El 20 de febrero, Maickel Villegas y un menor de edad de iniciales A.C. llegaron fuera del edificio donde vivía Ojeda a hacer vigilancia a bordo de un Chevrolet Sail Blanco.

A las 3.00 llegaron otros cinco, entre ellos Walter Rodríguez, Jhonny José “Mudo” López Mendoza, José Carlos Valverde. Estos tres, vestidos de PDI. Luego de mostrarle una identificación falsa al conserje, subieron con un ariete hasta el piso 14, rompieron la puerta de la casa del exteniente, lo sacaron en calzoncillos de su casa, le robaron dos celulares y lo metieron a un auto.

Minutos después, los captores llevaron a Ojeda a una casa en la Toma Santa Marta, en Maipú.

Tras torturarlo, lo asfixiaron hasta matarlo. Los investigadores creen que lo dejaron colgando de una soga hasta que dejó de respirar.

Luego, se activó otro grupo asociado a Los Piratas: eran Kevin “Pichota” Hernández, Luis “Gocho” Carrillo, Leonal Sanz, Julio Iglesias -quien después se supo que era conserje en Ñuñoa, apodado “Barranquilla” dentro del Tren-, Julián Iglesias y Héctor Soto. Todos vivían en la Toma Santa Marta y eran miembros de un grupo de WhatsApp llamado “La Invasión”, aludiendo a que se habían tomado ese sector de Maipú.

Entre todos hicieron un hoyo. A continuación, metieron el cuerpo en una maleta con cal y lo enterraron al fondo de esa mediagua. Luego, lo taparon con un radier de cemento.

Con el tiempo, la preocupación entre el grupo aumentó. Eso quedó en evidencia por una conversación de WhatsApp entre Julio Iglesias y un contacto llamado “gonzaloalfonso061″. Los mensajes son a raíz de que la PDI ya estaba en la Toma Santa Marta.

-Viejo, actívate, viejo, se calentó la zona- le dice Iglesias. Y luego añadió: “Están encintando la casa. Hay sospecha de que el muñeco (está) ahí. Ojalá no rompan ese piso, viejo”.

La preocupación aumentaba entre el grupo cuando se encontró el cuerpo de Ojeda. En ese contexto, Johnny “Mudo” López Mendoza le comentó a otro miembro que habían llegado órdenes de “Bobby”. Que debían escapar de Chile: “Hay que curarse de salud”, dijo.

Piratas enjuiciados

El crimen de Ojeda no fue el único secuestro en el que estuvieron involucrados Los Piratas.

Meses antes de secuestrar al exmilitar, el grupo planificó la captura del empresario rancagüino Rudy Basualto. Eligieron ese blanco, ya que buscaban una persona que pudiera pagar una suma alta de dinero en poco tiempo.

Pidieron $ 20 millones. El pago se efectuó en la Toma Santa Marta, el mismo lugar donde después fue escondido el cuerpo de Ojeda.

El 19 de diciembre del 2023, a un comerciante que tenía un minimarket en la comuna de Independencia le comenzaron a llegar mensajes de un número desconocido. Allí recibió fotografías de su familia y un video de una persona con acento extranjero sosteniendo una granada. Esa persona le decía que si no pagaba dinero se la iban a lanzar.

Uno de los detenidos en enero pasado, Anthony Barboza Bracho, venezolano, era uno de los ejecutores del Tren, siguiendo órdenes de Bobby, según detalla su orden de detención. Según indica ese documento, se dedicaba a la extorsión y a ayudar a los secuestros.

Barboza estuvo encarcelado en Santiago 1 durante el año pasado, por un robo con intimidación. Fue condenado a tres años y un día de presidio, pero se le otorgó la pena de libertad vigilada. No obstante, según consta en ese documento, trabajaba aún desde la cárcel: “Incluso estando privado de libertad por delitos cometidos bajo el alero de la asociación, sigue cumpliendo las directrices ordenadas por la jefatura de la agrupación criminal dentro de la cárcel”.

La información que recibía la compartía en un chat llamado “De la mano de Dios”. Allí, varios miembros del Tren compartían información sobre posibles blancos, y planificaban futuros secuestros.

El 10 de abril de 2024 cometieron uno de sus últimos delitos registrados: en la comuna de Quinta Normal, tres miembros de la organización -Wuilberth Olivares, Josué Ramírez y Yolvi González- estuvieron detrás del asesinato a balazos del teniente de Carabineros Emmanuel Sánchez. En las conversaciones de WhatsApp a las que tuvieron acceso los investigadores, aparecen indicaciones desde “El Turko” hacia el grupo, indicando cómo seguir después del crimen, qué hacer y cómo esconderse.

Después de eso, la actividad decayó. Algunos miembros salieron del país. Otros, siguieron escondiéndose dentro de Chile. Varios de ellos siguieron viviendo en la Toma Santa Marta.

Finalmente, la investigación liderada por el fiscal regional de la Fiscalía Metropolitana Sur, Héctor Barros, y el fiscal adjunto Álex Cortez, logró reunir antecedentes para formalizar a 29 imputados, para quienes se despacharon órdenes de detención. Entre ellos estaba Carlos “Bobby”, quien está privado de libertad en Colombia, a la espera de su proceso de extradición. También figuran otros quienes ya estaban presos por otras causas, como Brian Piña -quien prestaba la casa de Rinconada de Maipú para torturas-. En total, 12 ya estaban en Santiago 1, y uno en la Cárcel de Alta Seguridad.

Hasta ahora, la defensa de Anthony Barboza y la de Julio Iglesias la lleva la Defensoría Penal Pública Metropolitana. Ambos quedaron en prisión preventiva.

Ignacio Castillo, Director de la Unidad Especializada en Crimen Organizado de la Fiscalía Nacional, dice que desde que Los Piratas cayeron, los casos de secuestros extorsivos y con homicidio cayeron en la Región Metropolitana. Además, marca una diferencia con los casos que ya se han llevado a la justicia del Tren de Aragua, como el de Los Gallegos en Arica.

-Ambos son éxitos importantes. Pero, a diferencia de Los Gallegos, esta célula del Tren de Aragua tenía un vínculo directo con líderes de alto nivel internacional, como Larry Changa o Carlos Bobby, lo que refuerza su importancia dentro de la estructura transnacional.

El fiscal nacional, Ángel Valencia, relevó este hecho: dijo que era un logro en la persecución del crimen organizado a nivel continental. “Tal como ustedes han podido apreciar, miembros de esta organización criminal ya han sido detenidos en Colombia. Fueron detenidos en Costa Rica, pero próximamente en otros países van a ser también detenidos (...) Lo relevante es que es un golpe duro a la estructura del Tren de Aragua en Chile. Pero también un golpe duro a la estructura del Tren de Aragua, que se había comenzado a ramificar por el resto del continente”.

El director general de la PDI, Eduardo Cerna, también relevó ese aspecto. “Efectivamente, es una investigación que tomó un largo tiempo -dijo-, que ha permitido dar un nuevo golpe certero a la estructura del Tren de Aragua. Esto no solamente impacta en nuestro país, también el extranjero”.

Castillo aporta algo en esa línea: “Su detención marca un precedente en la persecución del Tren de Aragua, fortaleciendo la cooperación global. Además, algunos miembros han huido a EE.UU., amplificando la relevancia del caso. Este proceso refuerza la estrategia contra el crimen organizado y evidencia el alcance transnacional de esta organización”.

Zeballos también cree lo mismo: la caída de Los Piratas marca un precedente en la persecución del crimen organizado. Y es que, si bien en otros países ya ha habido condenas contra el Tren, esta es la más importante hasta ahora en Chile.

-Por el perfil de los sujetos, y ya que algunos de ellos tenían operaciones transnacionales, yo creo que es algo importante. Y por la hipótesis que plantea el fiscal Barros respecto de la muerte del teniente Ojeda, es tremendamente más importante. Entonces, el tema es que esto es un éxito investigativo, una parte de los éxitos que tiene que tener el Estado.

Zeballos sigue este argumento con otra idea.

-Pero no podemos creer que es un éxito completo si no resguardamos los recintos penitenciarios donde vamos a poner a estas personas. El éxito completo lo vamos a tener cuando la resiliencia del Estado completo en su conjunto sea perfecta. La investigación, las formas de condenar, las condenas y sus sentencias, para que estos sujetos no generen gobernanza criminal dentro de las prisiones. Ese es el desafío que hoy día tiene Chile.