La crisis climática se impone entre las prioridades de Bogotá

La crisis climática se impone entre las prioridades de Bogotá

Bogotá recibió el 2024 con incendios forestales en sus emblemáticos cerros orientales, y acaba el año con los embalses que la surten de agua por debajo de la mitad de su capacidad, a pesar de que la meta establecida era que alcanzaran el 75% después de ocho meses de racionamiento del servicio. En el camino, la capital de Colombia se postuló fugazmente para albergar la conferencia mundial sobre biodiversidad, la COP16 que al final se celebró en Cali, y hubo lluvias torrenciales que inundaron la Autopista Norte, una vía principal que atraviesa dos humedales. En otras palabras, los temas ambientales irrumpieron por varios frentes en la agenda del alcalde, Carlos Fernando Galán, a punto de cumplir su primer año en el poder.

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Un año de desencuentros entre Galán y Petro

Las relaciones entre Carlos Fernando Galán y Gustavo Petro han estado sembradas de desencuentros en el año que han compartido como gobernantes de Bogotá y de Colombia, respectivamente. La primera línea del Metro de Bogotá, por la que ya se habían sacado chispas en campaña, se mantiene como un punto de fricción. El alcalde cerró el año con una visita a las obras del metro, que iban por encima del 44% de avance con corte al 30 de noviembre. A partir del próximo septiembre comenzarán a llegar los trenes. “La obra va bien y la estamos protegiendo y blindando, en términos de garantizar que no se pare”, ha dicho Galán. A pesar de su talante conciliador, el alcalde se ha posicionado como contrapeso del presidente en otros temas de peso, como la postura de Colombia frente a la crisis de la vecina Venezuela, la lucha contra el hambre en Bogotá y el enrevesado proceso que rodea al hospital San Juan de Dios, parte del debate más amplio sobre la salud. La Alcaldía y el Gobierno nacional también chocaron por la ampliación de la avenida Boyacá, cuya licencia ambiental fue demandada por la ministra de Ambiente, Susana Muhamad. Galán ha acusado al Ejecutivo de entrometerse “en asuntos que deben ser definidos por Bogotá”.