La delincuencia le costó a América Latina y el Caribe el 3,44% del PIB en 2022 y en el caso de Chile 2,4% del PIB

La delincuencia, los crímenes violentos y la corrupción no solo afectan la percepción de inseguridad y la calidad de vida de las personas, sino que también el desempeño de la economía. La falta de seguridad pública impacta en la inversión, la productividad, el crecimiento y la gobernanza, un escenario que tiene lugar en América Latina y el Caribe (ALC), según alertaron el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

En dos informes publicados este lunes, los organismos internacionales analizaron el costo que tienen los crímenes en la región. Esto, en el contexto de que con el 8% de la población mundial, ALC concentra un tercio de los homicidios del mundo. De ese total, Brasil, México y Colombia, que albergan el 60% de la población de la zona, registran el 70% de los asesinatos de ALC.

Así, la tasa de homicidios en la última década en la región es casi doce veces superior a la de las economías avanzadas, ocho veces mayor que en los mercados emergentes y alrededor de tres veces a la media mundial, de acuerdo a datos recopilados por el FMI.

El reporte del FMI señala que los homicidios se tienden a concentrar en lugares cercanos a las fronteras nacionales, infraestructuras de transporte clave y zonas costeras. También la delincuencia avanza donde hay población más joven y con un menor nivel educativo, plantea.

A nivel de gobierno local o ciudad, un aumento del 10% en los homicidios, reduce la actividad económica en torno al 4%, según los antecedentes del estudio del FMI. Esto implica que disminuir a la mitad las tasas de homicidio en la región, podría impulsar la actividad a nivel local en un 30% de media, “aunque es probable que los efectos agregados a nivel nacional sean menores, ya que la delincuencia provoca la deslocalización de la actividad económica”, matiza el texto.

Lo anterior se enfrenta con el problema de que los gobiernos más locales o municipios, tienen un menor presupuesto que instancias como gobernaciones o gobiernos centrales, según advierte el BID. Además, se previene, un aumento en la delincuencia o de las señales de esto puede “contraer la actividad rápidamente”.

Por otro lado, el estudio del FMI concluye que una recesión aumenta los homicidios hasta en un 6% de media en ALC, efecto que no se observa en otras regiones. A su vez, un repunte de la inflación por encima del 10% se asocia con un incremento medio del 10% de los homicidios en el año siguiente, y un aumento de la desviación estándar en el coeficiente de Gini -que mide la desigualdad- se vincula con un crecimiento del 12% en los homicidios.

La sensibilidad de la economía a la delincuencia también se extiende a hechos como las noticias: “Un aumento de 10 puntos porcentuales en la proporción de noticias relacionadas con la delincuencia -una medida innovadora de la inseguridad utilizada en este documento - se asocia con una contracción del 2,5% en la producción industrial tres trimestres después del pico de noticias”, se señala.

Otro de los datos que entrega el FMI es que, de acuerdo a su medición, el 30% de las empresas en la región considera que la delincuencia es su principal problema, y los costos directos -calculados como el valor de las pérdidas debidas a la delincuencia y el gasto de las empresas en seguridad- se estiman en torno al 7% de las ventas anuales.

“La delincuencia disminuye la productividad laboral, mientras que los elevados costos de seguridad reducen la probabilidad de que las empresas inviertan en innovación. Las pequeñas empresas son las más vulnerables a los efectos nocivos de la delincuencia”, manifiesta el texto.

Un escenario que también se acrecienta si las personas no confían en sus autoridades. El trabajo del FMI establece que si la población está preocupada por el Estado de Derecho -impunidad y corrupción policial-, solo una de cada cinco víctimas presenta su caso ante la policía. La falta de confianza y la delincuencia pueden reforzarse mutuamente, dice el organismo internacional.

El estudio también plantea que el gasto en orden público y seguridad se sitúa en promedio en la región en torno al 1,9%, una cifra que se reconoce como alta por parte del FMI y que tiende a ir al alza, independiente de los resultados o evolución sobre cómo se utilizan dichos recursos.

“Aunque gastar más en seguridad y desplegar más policías parece contribuir a reducir la delincuencia, es probable que otros factores sean más importantes en ALC, y que la eficiencia del gasto desempeñe un papel fundamental”, indica.

Otra de las alertas es que, según los datos recopilados por el FMI y en base al análisis comparativo, pretender reducir la delincuencia y la violencia solamente aumentando el gasto en orden público y en seguridad podría llegar a ser costoso.

Dado lo anterior, el FMI propone “un enfoque más integrado y global que mejore la eficacia del gasto en orden público y seguridad y dé prioridad a las inversiones sociales necesarias para hacer frente a los factores de larga data de la delincuencia violenta”.

Reducir el costo del crimen a estos niveles, liberaría el equivalente a casi el 1% del PIB de la región para invertir en programas de bienestar social, proyecta el BID.

Cálculos del BID

Más en detalle, el estudio del BID estima que, en 2022, los costos directos del crimen y la violencia alcanzaron el 3,44% del Producto Interno Bruto (PIB) de la región, sin cambios significativos respecto a un estudio anterior del BID publicado en 2017.

No obstante, dicho costo es aproximadamente 12 veces el presupuesto público de la región asignado a investigación y desarrollo (0,29% del PIB de 2022); dos veces el presupuesto destinado a asistencia social (1,76% del PIB), y un 78% del gasto público en educación (4,4% del PIB).

Un costo que se midió en base con el tiempo productivo perdido por efectos de los crímenes no letales, homicidios y encarcelamientos; gastos en mitigación por parte de las empresas; y gasto público en prevención del crimen y justicia penal.

De acuerdo con el texto, Jamaica y Trinidad y Tobago son los países que exhiben los costos directos del crimen y la violencia más elevados, con niveles de alrededor del 5% del PIB en 2022, respectivamente. En el extremo opuesto, Chile y República Dominicana exhiben los menores costos directos, con niveles por debajo del 2,5% del PIB en 2022.

Específicamente en el caso chileno, el estudio muestra que el costo para Chile representó un 2,4% del PIB, una baja respecto al 2,76% del reporte de 2014..

Mientras que, los países con cambios más notorios en los costos del crimen y la violencia entre 2014 y 2022 son Honduras (con una caída de 7,42%, a 4,6% del PIB) y El Salvador (de 6,37% a 3,92% del PIB).

La investigación también destacó el costo del crimen en la región al compararlo con Polonia, Irlanda, República Checa, Portugal, Holanda y Suecia. En estos seis países europeos, los costos promedian el 2% del PIB, un 42% menos que en América Latina y el Caribe.

En 2022, los gastos en seguridad por parte de las empresas privadas representaron el 47% del costo total del crimen, mientras que el gasto estatal en prevención del crimen representó el 31% y la pérdida de capital humano el 22%.

Chile mejor que sus pares

El texto del FMI destaca a Chile por ubicarse con Perú en el grupo de países que tienen una menor tasa de homicidios (cerca de 10 víctimas por 100.000 habitantes), pero también se refiere al país por el crecimiento de casos como un mayor número de secuestros ante la llegada de bandas desde Venezuela.

“En Chile, aunque los homicidios han aumentado un 46% entre 2021 y 2022 (Nicolodi y otros, 2022) y el 30% de los ciudadanos declaran haber sido víctimas de delitos (Pulso Ciudadano 2023), la tasa de homicidios declarada sigue siendo baja (6,3 por cada 100.000 personas en 2023, similar a la de Estados Unidos)”, resalta el estudio.

Por su parte, el BID, comentó que el costo por homicidios aumentó en varios países, incluidos Ecuador, Chile, Barbados, Jamaica y México, donde se observaron incrementos en la tasa de homicidios de entre 48% y 229% en el periodo 2014-22.

Para Chile, el costo del homicidio pasó a representar un 0,16% del PIB frente al 0,09% del estudio del 2014.

De igual forma, en el gráfico lineal del BID de la relación entre costo por homicidios y tasa de homicidios, Chile se ubica en la parte baja y solamente es superado con mejores números por Bolivia (0,08%), Argentina (0,10%) y Paraguay (0,15%).

A nivel regional, el costo promedio por homicidios en los 22 países de ALC analizados fue de 0,45% del PIB en 2022, 0,08 puntos porcentuales menos que el costo estimado en 2014.

Recomendaciones

En el resumen del FMI y en línea con lo que propone el BID, el informe destaca que los gobiernos deben avanzar en generar condiciones que mejoren la economía y se garantice la estabilidad macroeconómica, con un foco en integrar a grupos, como por ejemplo a través del empleo a los más jóvenes. Mientras que, de cara a la delincuencia más compleja, se realza la importancia de un Estado de Derecho que no dé espacio para pensar que es corrupto o que no sanciona cuando debe, y que sea eficiente en el gasto en la materia.

El FMI y el BID también resaltaron la importancia de que exista mayor cooperación entre gobiernos, sector privado, organismos y la sociedad civil, entre otros, para reducir la delincuencia y el crimen organizado. Esto, considerando datos “basados en pruebas, análisis y lecciones políticas”, según indicaron.