La desinformación: una amenaza latente en la compra de terrenos para la vivienda

La desinformación: una amenaza latente en la compra de terrenos para la vivienda

El sueño de la casa propia puede transformarse en una pesadilla cuando la falta de información y asesoría adecuada al comprar un terreno se convierte en el germen de conflictos. Este problema, recurrente en muchas comunidades, refleja no solo una carencia de conocimiento por parte de los compradores, sino también una falla estructural en el sistema que regula estas transacciones, así como una falta de responsabilidad de quienes participan en ellas.

Un caso paradigmático de este fenómeno es el de la parcelación Polo 1, en Colina, donde los vecinos han enfrentado tensiones derivadas de su desconocimiento sobre aspectos básicos de la propiedad. Muchos de ellos, creen que el terreno central de las ex canchas de polo, que se usaba comúnmente como espacio compartido, era un área permanente y de uso público. Sin embargo, no estudiaron las escrituras ni las servidumbres inscritas en el Conservador de Bienes Raíces, donde se especificaba claramente su extinción en la medida que se dejaran de usar como tal y que era un terreno privado. Además, desconocían que la inmobiliaria original que realizó ese proyecto, ofreció acciones de un club de golf a bajo precio a los primeros compradores de estos predios, en lugar de construir el equipamiento prometido inicialmente. Muchos piensan incluso, que están regidos por la Ley de CoPropiedad, pero no lo están y otros creen que están en área rural, siendo que desde el año 1997 el área que los rige es la urbana. También piensan que el terreno en cuestión es más grande, sin entender que una parte de los predios colindantes son propietarios de una porción del terreno central.

Este desconocimiento ha llevado a una serie de conflictos: vecinos enojados por la imposibilidad de acceder con sus caballos y motos al terreno del otro vecino quien, ejerciendo su derecho de propiedad, decidió cercarlo; enfrentamientos verbales con trabajadores; destrucción de materiales, entre otras cosas, hasta que llegó la necesidad de la intervención de la fuerza pública para restaurar el orden, dándole la razón a quien ejercía su derecho a cercar su predio. Esto, pone en evidencia un problema de fondo: la falta de educación sobre derechos y deberes en la adquisición de terrenos.

Pero ¿de quién es la responsabilidad?

Por un lado y primeramente de los compradores, quienes deben informarse, solicitar certificados de informes previos (CIP), revisar las escrituras y entender si el terreno que van a comprar, se encuentra en área urbana o rural según la normativa vigente. Por otro lado, de los corredores de propiedades, quienes tienen la obligación ética y profesional de informar a los compradores sobre todos los aspectos relevantes del terreno que comercializan.

En este contexto, surge la necesidad de una regulación más estricta para los corredores de propiedades. En países como Estados Unidos o varias naciones sudamericanas, esta actividad está reglamentada, exigiendo licencias, capacitación, y estándares de ética que garantizan transacciones más transparentes.

Chile debería avanzar en esta línea, estableciendo una legislación que profesionalice el rubro y proteja tanto a compradores como a vendedores.

Finalmente, es vital recordar que todo proyecto debe someterse a las normativas urbanísticas aplicables, las cuales son evaluadas en la presentación del expediente, por los Directores de Obras Municipales, quienes actúan conforme al Plan Regulador aprobado por el Concejo Municipal, si del área urbana se trata. Cuando un proyecto cumple con la normativa, debe ser aprobado y si no le gusta a un particular, no es incumbencia de la autoridad en el cargo, quien tiene el deber de apegarse estrictamente a la ley. Cabe mencionar, que la normativa no es estática y quienes deseen construir deben adaptarse a los cambios que esta pueda tener.

Este llamado no busca culpabilizar, sino a concienciar. La información es poder y en este caso todo lo atingente a lo que se puede o no hacer en un terreno está contenido en un CIP, documento oficial emitido por el municipio respectivo, por lo que, en un proceso tan significativo como la compra de un terreno, es vital que todas las partes involucradas —compradores, vendedores, corredores y autoridades— asuman su rol con responsabilidad. Solo así se evitarán conflictos innecesarios y se garantizará el cumplimiento del derecho, que, a fi n de cuentas, es la base de una convivencia pacífica.

 

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