La Moneda desiste de comprar la casa del expresidente Allende tras error sobre operación

La Moneda desiste de comprar la casa del expresidente Allende tras error sobre operación

El Presidente Gabriel Boric se enteró de la polémica por la compra de la casa del expresidente Salvador Allende estando en el Polo Sur, y la ministra de Bienes Nacionales, Marcela Sandoval, supo lo que estaba pasando en medio de sus vacaciones que comenzaron en Graneros, Región de O’Higgins. Desde ahí, sin más remedio, la secretaria de Estado tuvo que activarse y llegar hasta La Moneda.

El problema había escalado insospechadamente y el Mandatario no escondía su frustración. Y es que lo que hasta la mañana de este viernes era un anhelo muy íntimo del Mandatario que estaba cerca de concretarse y que en el oficialismo consideran un resguardo de la memoria, después de un día en el ojo del huracán, no va más.

Tras conocerse que el Ejecutivo había acordado la compra de las casas de los expresidentes de la República Patricio Aylwin y Allende, por $ 1.343.076 y $ 933 millones, respectivamente, para convertirlas en museos, la polémica se desató luego de que se pusiera sobre la mesa que uno de los destinatarios de los dineros sería la actual ministra de Defensa, Maya Fernández, nieta de Allende y copropietaria de ese inmueble.

Las críticas arreciaron y los cuestionamientos provocaron que a las 19.28 la cartera emitiera un comunicado en el que aseveraba que el gobierno había decidido no continuar con el proceso de adquisición. “Debido a la actual estructura de copropiedad de la comunidad de herederos del expresidente Allende, se ha determinado que no es posible concretar la adquisición de la residencia del exmandatario”, decía. Fuentes de Palacio aseguran que quien decidió esto, no sin desazón, fue el Presidente Boric.

Como sea, fue la ministra Sandoval la que tuvo que salir a dar explicaciones, sin autocríticas de por medio y reiterando en más de una oportunidad el contenido del comunicado previo: “La comunicación que se hizo pública fue la decisión de adquirir, en una primera instancia. Esto no implica que la compra sea finiquitada”.

La historia que antecedió el caos para Palacio es así: la idea de comprar fue anunciada por Bienes Nacionales el 31 de diciembre. “Este proceso se inició con la toma de razón de los decretos de adquisición por parte de la Contraloría, el 20 de diciembre de 2024, con el objetivo de preservar y valorar como patrimonio de la nación lugares significativos en la vida de los exmandatarios”.

Pero apenas enterados, abogados expertos aseveraron que la adquisición sería inconstitucional, debido a que según lo establece la Constitución “durante el ejercicio de su cargo, los ministros estarán sujetos a la prohibición de celebrar o caucionar contratos con el Estado”. Esto es lo que aplicaría para el caso de la ministra Fernández.

En el gobierno la situación fue asumida casi al instante como un gran error. Algunos, de hecho, hablaban de “autogol”. Tanto así que desde BB.NN. tuvieron que coordinar el retorno de Sandoval para atender la crisis y Boric hacía lo propio telefónicamente, aun cuando las críticas apuntaban a que la imposibilidad constitucional se le pasó por alto no solo al Ejecutivo, sino que a las involucradas y a Contraloría.

Mientras, en el Ministerio de Defensa si bien se abstuvieron de dar una versión de su titular debido a que está con el Mandatario, sí confirmaron que la propiedad está a nombre de ella, pero también señalaban que deberán realizar una rectificación en su declaración de patrimonio debido a que ella no es la única propietaria, aunque figura con el 100%.

En tal sentido, en el decreto de Bienes Nacionales tomado de razón con alcances por Víctor Merino, contralor (S), se señala que se autorizaba la adquisición para el Fisco del inmueble ubicado en Guardia Vieja, Providencia, por un valor de UF 24.291,72 y cuya propiedad, además de dar cuenta de que es de la ministra, también lo es de Carmen Allende, Alejandro Fernández y la senadora socialista Isabel Allende.

De ser así, de hecho, la parlamentaria también estaba impedida de la transacción según la Constitución: “Cesará en el cargo el diputado o senador que durante su ejercicio celebrare o caucionare contratos con el Estado”. Pedidos por una versión, desde su equipo declinaron hacerlo.

Y consultados en Bienes Nacionales por cómo se habían determinado los precios de compra que fijaron para las propiedades (por ejemplo, el avalúo fiscal de la de Allende es de $ 512 millones y se compraría en $ 933 millones), no respondieron.

El tema es que aun cuando se desistió de la compra, según aseveran diversas fuentes, la firma del contrato de compraventa ya se realizó en la 50ª Notaría Claudia Gómez Lucares. Acorde a abogados entendidos, este mero hecho ya es motivo de haber incurrido en inconstitucionalidad. En La Moneda dicen que es un asunto de responsabilidad personal de la ministra Fernández y la senadora Allende.

Ya en la mañana de ayer la ministra (S) vocera, Aisén Etcheverry, quien dijo en Radio Duna que “tanto Bienes Nacionales como Cultura están haciendo todos los análisis legales para asegurarnos que esto se haga de la forma correcta, totalmente apegado a la ley y con la mayor transparencia”.

Pero eso no bastó para que desde la oposición se sumaran a las críticas. Los jefes de las bancadas de Chile Vamos, por ahora, descartan acusar constitucionalmente a la titular de Defensa, pero se declaran en evaluación. Los diputados RN también arremetieron.

El rol de Contraloría

Entendidos en la materia, además, insisten en que la contralora Dorothy Pérez debe salir a dar explicaciones, considerando que su organismo tomó razón del decreto firmado por Bienes Nacionales. Desde Contraloría dijeron que el proceso “se trata de dos actos administrativos distintos. Uno es la autorización para que el Fisco adquiera un bien, y otro, posterior, es la aprobación del contrato de compraventa. Solo se ha cursado uno, el inicial, en que se autoriza al Fisco a adquirir una propiedad que califican como de valor histórico, cuestión esta última que no compete a esta Contraloría evaluar”.

Y sumaron: “El segundo acto administrativo -referido a la aprobación de la compraventa- no se ha dictado ni menos enviado a la CGR, por lo que aún no es posible pronunciarse sobre su juridicidad. Solo una vez que se dicte podrá verificarse si se vulnera o no el artículo 37 bis de la Constitución u otra norma”.