La Xunta no dará fondos a Altri para instalar su macrocelulosa en Galicia: el proyecto depende de 250 millones de euros la UE

La Xunta no dará fondos a Altri para instalar su macrocelulosa en Galicia: el proyecto depende de 250 millones de euros la UE

El Gobierno gallego ha dado luz verde al proyecto a pesar del fuerte rechazo del movimiento vecinal a la papelera que se levantaría en Palas de Rei, Lugo

Por tierra y por mar. Así protestarán en Galicia este sábado 22 quienes se oponen a la macroplanta de celulosa y fibras textiles que la compañía portuguesa Altri pretende implantar en Palas de Rei (Lugo), una protesta que se produce tras la reciente aprobación por parte de la Xunta de la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) favorable al proyecto, uno de los pasos clave para su aprobación definitiva, si bien aún necesita obtener los permisos para iniciar las obras. Otro requisito indispensable, además, es que el proyecto logre 250 millones de euros de fondos europeos, lo que supone el 25% del total de la inversión.

El proyecto, que se instalaría en ese municipio lucense de unos 3.500 habitantes, prevé producir cerca de 400.000 toneladas de celulosa soluble y 200.000 de fibra lyocell al año, además de biomasa y yeso, para lo que la compañía lusa necesitaría extraer 46 millones de litros de agua diarios de la presa de Portodemouros sobre el río Ulla, cantidad que equivale al consumo de agua de toda la provincia de Lugo, denuncia el movimiento ecologista y vecinal.

La planta, además, supondría una amenaza para el marisqueo en la ría de Arousa y para los municipios de la zona por los que discurre el Camino de Santiago, pues se verían afectados tres espacios de la Red Natura 2000 (ZEC Serra do Careón, ZEC Sistema Fluvial Ulla-Deza y ZEC Sobreirais do Arnego), e incluso el Parque Nacional das Illas Atlánticas de Galicia, indican las asociaciones y residentes de la zona. Por eso, aseguran, las protestas “no van a cesar”.

Aunque la Xunta de Galicia, gobierno que dirige el popular Alfonso Rueda, aprobó el pasado 14 de marzo la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) para determinar que el proyecto es viable, desde Ecologistas en Acción creen que, “en realidad, ese documento ya estaba escrito desde hace un año”, pues el Ejecutivo autonómico “no ha modificado nada de lo que ya dijo en 2024, y es que todo le parecía maravilloso”. Cristóbal López, portavoz de la organización ecologista, lamenta que, además de ser un proyecto que perjudica el medioambiente, el Ejecutivo autonómico “no proteja a los sectores productivos tradicionales como la ganadería, la agricultura y toda la parte de pesca y marisqueo de la desembocadura del río Ulla, de la ría de Arousa”. “La Xunta, con su presidente al frente, parece un mero comercial de la empresa en vez del gestor de una comunidad”, dice a Infobae España.

Asociaciones y vecinos también han recriminado al Gobierno gallego su “opacidad y escasa transparencia” en el proyecto, mientras que el diputado del Bloque Nacionalista Galego (BNG) Luís Bará ha asegurado que su formación tiene “constancia” de que existe un “acuerdo secreto” firmado “a través de un documento oculto” que se llama “memorando de entendimiento entre Altri y la Sociedad Impulsa”, en la que la Xunta tiene participación mayoritaria.

El BNG también ha criticado que otro de los objetivos del proyecto es “garantizar el abastecimiento de eucalipto en Galicia después de la moratoria establecida en Portugal hasta 2030″. Cabe recordar que el eucalipto es una especie de carácter invasor que no he dejado de ganar terreno en los últimos años en Galicia, transformando así su paisaje, y la planta de celulosa tendría que abastecerse de grandes cantidades de estos árboles para su funcionamiento, lo que favorecería mayores inversiones y una mayor ocupación de la tierra.

La Xunta “no tiene fondos” para financiar estos proyectos

El Ejecutivo de Rueda, por su parte, niega esa opacidad en el proceso y asegura que los proyectos empresariales “son analizados de forma rigurosa”, al tiempo que ha defendido que Galicia es la comunidad “más estricta de España” en cuanto al control del impacto ambiental.

Además, Rueda avisó este lunes de que Altri no recibirá “financiación específica” de la Xunta y puso el foco en el Gobierno, de forma que exigió “el mismo trato” del Ejecutivo central para los planes empresariales que prevean su ubicación en Galicia que el de otras comunidades, según informa Europa Press. Esos 250 millones de euros que la firma portuguesa necesita para instalar la macroplanta procederían exclusivamente de los fondos europeos Next Generation que gestiona el Gobierno.

“Me han escuchado muchas veces, y a miembros de la Xunta, que no tenía ningún sentido que los fondos europeos Next Generation para proyectos empresariales siguiesen centralizados en el Ministerio de Industria, que los está manejando y convocando con una celeridad mejorable. Pero el Gobierno central tomó la decisión y es al que le corresponde financiar los proyectos”, dijo el presidente autonómico en una comparecencia. Por ello insiste en que es al Ejecutivo estatal al que cualquier empresa que aspire a lograr la financiación con esos fondos “debe dirigirse”. “Si nosotros tuviésemos esos fondos, tomaríamos esa decisión, pero como no los tenemos, no podemos hacerlo”, aseveró, según recoge Europa Press.

El BNG también ha advertido al Gobierno central que autorizar los fondos europeos públicos a Altri supondría una “línea roja” trazado con contundencia una “línea roja a cualquier relación futura” con el Ejecutivo de Pedro Sánchez.

Por su parte, el europarlamentario socialista Nicolás González Casares ha recordado que el informe medioambiental favorable al proyecto no implica el “acceso directo” a los fondos europeos que pretende conseguir la compañía lusa, ya que patra concurrir a ellos requieren del cumplimiento del DNSH que impone la Unión Europea, el principio de no hacer un daño significativo al medio ambiente. González Casares también ha cuestionado que el controvertido proyecto cumpla con los requisitos medio ambientales, sociales y económicos que reclama su formación en Galicia.

Desde Ecologistas en Acción confían en que el Gobierno central no lo autorice, pero esa negativa, aseguran, tampoco “garantizaría que el proyecto se paralizase de forma definitiva”. “Si el Partido Popular ganara las próximas elecciones, no hay duda de que volverían a retomarlo. Lo que hace falta es que, gobierne quien gobierne, vea que el pueblo gallego no va a permitir la instalación de esta macrocelulosa”, que se sumaría además a la fábrica de papel del grupo Ence instalada en la ría de Pontevedra. “Nuestro no es definitivo”, asevera López.

Manifestación por tierra y mar

Con el objetivo de seguir mostrando su rechazo a la macrocelulosa tras varias protestas en los últimos meses, la Plataforma en Defensa da Ría de Arousa (PDRA) ha convocado a la sociedad gallega a una manifestación “histórica por tierra y mar” en A Pobra do Caramiñal, donde participarán más de 500 barcos para dar una “respuesta contundente” al permiso ambiental que Altri logró hace unos días. La plataforma califica de “política” la decisión tomada por la Xunta, que “pretende imponer un modelo industrial que no tiene el apoyo de la mayoría de la sociedad gallega y que pone en riesgo la soberanía alimentaria”, critican.

La manifestación también se convoca para protestar por la reapertura de la Mina de Touro-O Pino, una explotación a cielo abierto que ya contaminó décadas atrás el cauce del río Ulla.