Los inciertos escenarios que se abren en Argentina tras la decisión de Milei de reducir la edad mínima para poseer armas

Los inciertos escenarios que se abren en Argentina tras la decisión de Milei de reducir la edad mínima para poseer armas

Corría el 29 de mayo de 2022. En ese entonces, no se trataba del actual presidente Javier Milei el que hablaba, sino del diputado Milei. Distinto cargo, misma forma, eso sí. Se encontraba en el canal Todo Noticias (TN), y el economista libertario que ya tenía aspiraciones presidenciales aseguró sobre la tenencia de armas que él iba “en la línea de Rudolph Giuliani (exalcalde de Nueva York), o sea, mano justa, el que las hace las paga. Basta de esta basura de la doctrina Zaffaroni y de la corrección política”. Y añadió: “Que la gente pueda tener armas libremente”.

Ante la pregunta del periodista Diego Sehinkman sobre si esa postura incluía venderlas incluso en supermercados, Milei contestó que sí. “No tengo problema. ¿Quién sos para restringirle la libertad a los otros?”, señaló. La frase le trajo más de un problema en la incipiente carrera por llegar a la Casa Rosada, y en varias ocasiones le sacaron en cara sus palabras. De hecho, debió dar un paso atrás y aseguró que buscaba desburocratizar los trámites para registrar armas de fuego. Pero ya no se trata del diputado Milei, sino del mandatario Milei.

Y el 10 de diciembre pasado, mediante un decreto y sin recurrir al Congreso para su discusión, decidió publicar directo en el boletín oficial una resolución que modificó la reglamentación sobre las condiciones generales que se exigen a los legítimos usuarios de armas, permitiendo a los mayores de 18 -y no 21 como se estipulaba hasta entonces- poseer armas de fuego.

Como era de esperar, muchos se oponen a la liberalización del control de armas, especialmente en un país que por años no tocó el tema. Uno de ellos es Julián Alfie, director ejecutivo del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (Inecip) y miembro de la Red Argentina para el Desarme.

En diálogo con La Tercera, apuntó a que la jugada de Milei “es una decisión peligrosa”. Según Alfie, “cualquier medida que facilite la circulación de armas en una sociedad es una habilitación tácita a la resolución violenta de cualquier conflicto. Pero esta decisión es doblemente peligrosa, ya que facilita el acceso a las armas de una población particularmente vulnerable a las armas, que son los jóvenes. La mayoría de las víctimas de homicidios con armas de fuego son jóvenes”.

Datos oficiales indican que hay 1.662.033 armas registradas en Argentina, en manos de 1.038.777 usuarios, incluyendo particulares, colectivos y coleccionistas. Para 2020, 743.817 de ellos tenían la tenencia efectiva, cuyo paso es posterior a alcanzar la Credencial de Legítimo Usuario (CLU), el paso previo para hacerse con un arma. De ese número, solo un 30% tenía certificaciones vigentes, por lo que, en teoría, el otro 70% estaba cometiendo un delito tipificado en el Código Penal.

A esto se suma que, si bien la CLU tiene una vigencia de cinco años, las que vencían en marzo de 2020 fueron prorrogadas para un año más. Es decir que, en la práctica, hay muchísimos usuarios actuales de armas de fuego de los que el Estado no sabe su aptitud física, si cuentan con antecedentes penales o si están involucrados en vidas ilícitas, detalló el diario La Nación.

Para Julián Alfie, la mayor presencia de armas de fuego “también aumenta los riesgos de suicidios adolescentes o juveniles. Los jóvenes de 18, 19 o 20 años son todavía, en términos de desarrollo, adolescentes, y esto potencia los riesgos que cualquier persona enfrenta al acceder a un recurso tan peligroso como un arma, por ser el único objeto diseñado específicamente para matar”.

Pero también añade una mirada de género: “La medida tendrá un impacto diferencial sobre las mujeres: pese a que casi el 99% de los usuarios de armas son varones, las mujeres y disidencias sufren desproporcionadamente sus consecuencias: 1 de cada 4 femicidios es cometido con armas de fuego, que también son usadas como una forma de coerción explícita o tácita sobre las víctimas”.

La ley 20.429, que reglamenta el uso de armas de fuego, data desde hace más de 50 años, puntualmente desde 1973. Y es precisamente ese argumento el que en la administración libertaria usan para justificar la modificación presentada este mes.

En medio de ese medio siglo, plantean en la Casa Rosada, cambió la mayoría de edad. Fue en 2009 que el Congreso reformó el Código Civil, estableciendo que “son menores las personas que no hubieren cumplido la edad de 18 años”, mientras que en 2015, la ampliación del Código Civil y Comercial de la Nación actualizó algunas reglamentaciones que quedaron desfasadas y mantenían diferencias entre las personas de 21 y 18 años, pese a que ambas eran mayores de edad, explicó La Nación. Pero la tenencia de armas, tópico siempre polémico, quedó excluida de todo debate.

Es por eso que, en el decreto publicado el 10 de diciembre, se habla de “acomodamiento”. Fue la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, quien señaló que se trata de “un acomodamiento al Código Civil, el cual había quedado desfasado en 21 años”. Pero fue más allá.

“A los 16 años tienen derecho a votar. A los 18 pueden ir a la guerra, formar una familia o ser miembros de una fuerza de seguridad. Y, aunque parezca increíble, a cualquier edad pueden elegir un cambio de sexo que los marcará de por vida. Entonces, ¿por qué a los 18 años no podrían ser legítimos usuarios o portadores de un arma?”, planteó.

Desde el Ministerio de Seguridad dijeron a La Nación que era “una incongruencia legal que una persona mayor de edad no pueda acceder a ser legítimo usuario de armas de fuego”. También señalaron que “esta medida reafirma que el gobierno confía en la madurez y responsabilidad de los jóvenes, promoviendo el uso seguro y responsable de las armas”.

Los respaldó Juan Pablo Allan, encargado de la Agencia Nacional de Materiales Controlados (Anmac). “En 2015, con la reforma del Código Civil, esta modificación ya era necesaria, pero nadie se animó a hacerla. Nosotros confiamos en los jóvenes y lo hacemos con hechos, no con discursos. Este gobierno no duda. Ampliamos derechos y beneficiamos a quienes respetan la ley”, dijo al citado periódico.

Pero hay una aclaración importante. Independiente de que se reduzca el límite de edad, los requisitos de idoneidad en el uso del arma, la ausencia de antecedentes penales y la aprobación de un examen psicotécnico para alcanzar la CLU siguen siendo requisitos obligatorios para poder acceder a un arma de fuego y sus respectivas municiones.

Funcionarios del gobierno libertario recordaron a La Nación que la tenencia no es lo mismo que el porte, es decir, el permiso para llevar un arma cargada y preparada para el disparo, algo que es mucho más restrictivo. En ese punto, añaden, no hay cambios a la ley.

En el gobierno libertario son varios los que muestran interés por el mundo de las armas. Mientras la vicepresidenta -actualmente enfrentada con Milei- se ha fotografiado equipada y armada con un rifle en la principal fábrica privada de armas de Argentina, Santiago Caputo, el principal asesor del mandatario, se ha mostrado en redes sociales tomando clases de tiro. Según El País, el secretario de Culto, Nahuel Sotelo, y el dirigente libertario Daniel “Gordo Dan” Parisini -que dirige “Las fuerzas del cielo”, la suerte de “brazo armado” del mileísmo- también son aficionados.

Tal como otros líderes de la ultraderecha mundial, grupo del que Milei se ha hecho parte en numerosos encuentros conservadores, a pesar de diferir en algunos temas valóricos, el economista anarcocapitalista había manifestado su posición anteriormente sobre las armas, pero no había concretado ninguna modificación vía decreto en su primer año de gobierno.

La promesa de campaña de permitir más acceso a ellas se arrastraba desde antes de asumir, y con la creciente sensación de inseguridad en el país -aparece entre las principales cinco preocupaciones en numerosas encuestas de los últimos meses-, el mandatario estaría matando dos pájaros de un tiro.

Datos del Ministerio de Seguridad revelan que en 2023 fueron reportados 4.815 robos con lesiones y/o muertes y que la mitad de ellos ocurrió en la provincia de Buenos Aires. Donde se batió un récord, señaló The Associated Press, fue en las tentativas de robo, de las cuales se llegó a la histórica cifra de 32.503 casos en todo el país.

María Lourdes Puente, directora de la Escuela de Política y Gobierno de la Universidad Católica Argentina (UCA), aseguró a este periódico que “el presidente Milei tiene que sostener un discurso extremo, como el que planteó desde el momento uno”. Y esto es válido tanto en lo económico como en materia de seguridad, añade. “Son los dos reclamos más fuertes que tenía el argentino medio en términos probabilísticos”.

Pero, independiente de aquello, hace una advertencia. “El tipo de control que puede haber, en términos de proceso, de agentes preparados y de control efectivo del mismo, es muy liviano. Con lo cual, con una población del 60% de pobres que no llegan a fin de mes, está habilitando algo un poco complejo, sobre todo en el escenario en el que Milei se desenvuelve”, añadió.

Desde un punto de vista político, la tenencia de armas “jamás se ha debatido en Argentina”. Su aparición en la palestra aparece “permeada por los problemas de la inseguridad y la delincuencia, pero la tendencia de armas nunca fue un tema en la Argentina (...). Milei está abriendo un tópico más ligado al alineamiento que él quiere tener”, que a algo presente en la discusión cívica.

Lo que sí ha estado presente en los últimos años, aclara, es la otra propuesta de Bullrich: la imputabilidad de menores. “Eso sí fue debatido en los ámbitos académicos. En los barrios populares a veces prefieren que sí se aplique la medida, porque dicen que si no se toma esa medida, siguen delinquiendo, pero la realidad es que el sistema carcelario argentino no resiste más gente presa, y no teniendo lugares donde meter a los menores es enviarlos a una universidad de la delincuencia”.

Y cierra: “Realmente, sería como tirar nafta a un problema muy grave, que tiene que ver con el sistema carcelario pero también con el sistema judicial, que está atascado. Los efectos de este tipo de medidas no se van a ver de inmediato, pero desde mi punto de vista van a aumentar el cáncer que es hoy el sistema carcelario”.

Con miras al futuro, Alfie añade que “esta medida también demostró que los anticuerpos sociales en contra de las armas de fuego siguen vigentes. La sociedad argentina es pacífica y contraria a las armas de fuego, y no quiere tener que autodefenderse a través de un mecanismo que ya demostró que, lejos de brindar seguridad, solo genera más riesgos en el hogar. Más del 75% de la población responde sistemáticamente en las encuestas que está en contra del libre porte de armas. Confiamos en que la sociedad frenará cualquier intento de esa índole”.