Los mil tentáculos del caso Hermosilla

Los mil tentáculos del caso Hermosilla

(Por Francisco Bravo Atias*)  «Dejemos que las instituciones funcionen», pronunció hace una década el expresidente de Chile, Ricardo Lagos (2000-2006), en el marco de un caso de corrupción que afectó a una intendenta. Esa frase se siguió utilizando en la política chilena durante años, haciendo gala de que el país siempre lideró los rankings de los menos corruptos de la región y que cuando algo salía a la luz, el aparato estatal operaba correcta y rápidamente para castigar el fraude.

Pero la explosión del Caso Hermosilla este año horadó profundamente esta tradicional máxima nacional y la puso en duda.

El medio de investigación Ciper publicó la transcripción de un audio grabado a escondidas en una reunión que lideró el influyente abogado Luis Hermosilla el año pasado, donde una empresa le pedía ayuda para enfrentar una investigación por irregularidades en su contra liderada por las estatales Comisión para el Mercado Financiero (CMF) y el Servicio de Impuestos Internos (SII).

«Esta huevá se arregla con plata. Así funcionan las cosas. Se pasa un sobre a los huevones que están en los servicios y así podemos controlar la información», afirmó Hermosilla en el encuentro, explicándoles a sus clientes cómo había que sobornar a sus contactos, tanto en la CMF como en el SII, para poder sortear con éxito las indagatorias de las entidades estatales.

La Fiscalía abrió una investigación en contra del abogado, uno de los más influyentes en la justicia nacional, conocido por sus vínculos políticos y su trabajo con autoridades y empresarios de alto perfil, y realizó una gestión que lo cambió todo: le incautó el teléfono celular.

El Ministerio Público abrió algunos de los chats privados del iPhone 13 Pro Max de Hermosilla y cual caja de Pandora salieron a la luz diversos males de las altas esferas del poder en Chile. Las conversaciones dan cuenta que el letrado armó durante su vida una intrincada red de conexiones para concretar sobornos y favores políticos.

Fiscales, empresarios, jueces, funcionarios públicos, policías, parlamentarios, ministros, abogados, contralores y un presidente. En todos los sectores de la sociedad parece haber al menos una autoridad que se vinculó en algún momento con Hermosilla para pedirle un favor, para lograr llegar al puesto en el que está, para conseguir información o solo para mover algún hilo necesario en el entramado de la poderosa red.

Tan allá fue la situación, que los medios nacionales revelaron que la fiscal Lorena Parra, a cargo de la investigación contra Hermosilla, tenía una relación con él y le escribió un par de veces para que la apoyara en su meta de liderar la fiscalía regional.

«Yo sabía que Hermosilla era un abogado importante, que tenía acceso al sistema en general y por eso le envié mi currículum cuando estaba postulando para ser fiscal regional», confesó a los medios Parra, quien aún está a cargo de la investigación.

Hermosilla está actualmente en prisión preventiva en el Anexo Capitán Yaber, un recinto exclusivo con capacidad para 16 presos donde ingresan principalmente personas de la elite política o empresarial. Los cargos que se le imputan son: soborno, fraude tributario y lavado de activos.

EL SEÑOR TODOPODEROSO

«Acaban de enviar a la cárcel, a prisión preventiva, a un señor que se creía todopoderoso, al señor Hermosilla», dijo el presidente, Gabriel Boric, en agosto, en una conferencia de prensa al enterarse de que el abogado había sido encarcelado.

En marzo de este año se registró la primera caída de la red del «señor todopoderoso». La máxima autoridad de la Policía de Investigaciones (PDI), el director general Sergio Muñoz, renunció al cargo cuando salieron a la luz conversaciones donde le filtraba antecedentes reservados a Hermosilla para que pudiera defender a sus clientes de mejor manera, contándole cuándo alguien era citado a declarar y adelantando información que sus funcionarios debían pesquisar en casos delicados.

Entre los casos que Muñoz le filtró a Hermosilla estaba Minera Dominga, que tenía al entonces presidente, Sebastián Piñera, en calidad de imputado por delitos de cohecho, soborno y evasiones tributarias. Si bien Piñera sostuvo dos reuniones con el abogado, el exmandatario falleció en febrero y las pesquisas no continuaron. Sin embargo, los chats de Hermosilla condujeron a la mano derecha de Piñera: Andrés Chadwick.

El otrora ministro del Interior de Piñera, y además su primo hermano, fue el vínculo político entre Hermosilla y la administración del mandatario derechista. Las conversaciones entre Chadwick y Hermosilla evidenciaron dos aristas de eventual corrupción en la derecha: el caso Grupo Patio, donde Fiscalía investiga cómo Hermosilla, Chadwick y el entonces ministro de Vivienda, Felipe Ward, gestionaban permisos de construcción irregular para ciertas empresas; y el caso Universidad San Sebastián, donde Chadwick, quien era autoridad académica, contrataba a figuras de derecha en campaña para pagarle millonarios sueldos con fondos estatales de educación.

Pero Hemosilla fue previsor y también gestó vínculos con la izquierda. Miguel Crispi, militante del Frente Amplio, es actualmente el jefe del equipo de asesores del presidente Boric y el año pasado se vio involucrado en un escándalo político de eventual malversación de fondos llamado Caso Fundaciones. Hermosilla fue el abogado defensor de Crispi, trabajando ad honorem para él.

Otras de las repercusiones incluyeron: la destitución de la ministra de la Corte Suprema, Ángela Vivanco, ya que los chats demuestran que la abogada habría escalado a tal cargo ayudada por Hermosilla; el ingreso a prisión preventiva de Leonarda Villalobos, exfuncionaria de la Subsecretaría de Educación por vínculos con Hermosilla en sobornos; el despido del director del departamento de Grandes Contribuyentes, Christian Soto, por vínculos con Hermosilla; la derrota electoral de la exministra de Piñera, Marcela Cubillos, en la elección municipal de Las Condes, tras revelarse un sueldo de 17 millones mensuales pagado por la Universidad San Sebastián; y la renuncia de Chadwick al liderazgo y militancia del partido Unión Demócrata Independiente.

Además, surgieron críticas contra todos quienes sostuvieron encuentros privados con el abogado, como el fiscal nacional Ángel Valencia; el exfiscal Manuel Guerra; el actual ministro de la Corte Suprema, Jean Pierre Matus; la contralora general Dorothy Pérez; el actual ministro de la Secretaría General de la Presidencia, Álvaro Elizalde, del Partido Socialista; la exministra de Michelle Bachelet, Ana Lya Uriarte; la exsubsecretaria de Piñera, Katherine Martorell, entre muchos otros.

En tribunales también ronda la siguiente duda: ¿Qué va a pasar con los juicios que se vieron «manchados» por la influencia del abogado? Por ejemplo, Hermosilla y la jueza Vivanco organizaron un juicio exprés de seis días en la Corte Suprema para fallar a favor de la minera estatal bielorrusa Belaz, en una demanda interpuesta por Codelco, a pesar de que la compañía europea había incurrido en múltiples irregularidades, entre ellas, una violación de seguridad que significó la muerte de un trabajador.

Para el diputado Vlado Mirosevic, líder del Partido Liberal, el principal efecto del caso Hermosilla es que se instaló en la ciudadanía «un sentimiento de que hay una justicia para unos y otra justicia para otros».

«Una sola persona con poder, como un pulpo, logró usar sus tentáculos para violar el Estado de derecho y eso pegó directamente en la confianza en las instituciones», señaló el legislador. Para el parlamentario, las instituciones «deben demostrar con hechos que son justas, más allá de lo comunicacional, y así poder recuperar la confianza de la gente».

La encuestadora privada Ipsos realizó un estudio tras el caso Hermosilla y en octubre publicó los resultados: tres de cada cuatro personas sostienen que hay mucha corrupción en el país.

Por su parte, la empresa Cadem señaló que un 84 por ciento cree que el comportamiento de Hermosilla es frecuente en Chile y según la consultora Data Influye, un 40 por ciento de los chilenos cree que este caso quedará solo en los medios y no habrá ninguna reforma que impida o dificulte que algo así vuelva a pasar en el futuro.

*Agencia Sputnik

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