Los precedentes tras el acuerdo en la toma de San Antonio

Los precedentes tras el acuerdo en la toma de San Antonio

El protocolo de acuerdo suscrito entre el gobierno y los propietarios de los terrenos tomados en la comuna de San Antonio -donde viven más de 10 mil personas- ha permitido diferir la orden de desalojo emanada desde la Corte de Apelaciones de Valparaíso, la cual estaba prevista para el jueves pasado. El memorándum establece que las partes acordaron conformar una comisión técnica, la que tendrá por misión reportar sobre las condiciones de venta del terreno, precio y garantías, disponiendo para ello de un plazo de seis meses; en caso de no alcanzar un consenso, se reactivará la orden judicial de desalojo.

La ministra del Interior ha defendido la pertinencia de este acuerdo, asegurando que de ninguna manera el gobierno iba a incurrir en un desacato. A su vez, el ministro de la Vivienda ha planteado que a partir de esta toma se conformará una institucionalidad que sirva para abordar el resto de las tomas que hay en el país, que suman más de mil, de modo que por la vía de constituir cooperativas las familias adquieran los terrenos y luego postulen a los subsidios habitacionales que ofrece el Estado.

La toma de San Antonio comenzó en 2019, y en muy pocos años terminó convirtiéndose en una de las más grandes del país. Era evidente que llevar a cabo un desalojo -aun realizado en forma escalonada, como dictaminó la Corte- cuando este asentamiento se ha transformado en una suerte de pequeña ciudad, se tornaba en algo muy complejo, entre otras razones porque no se han generado alternativas para reubicar a tantas familias, la mayor parte de las cuales vive en condiciones de fuerte vulnerabilidad. La fuerza de los hechos obligó entonces a tener que desplegar estas negociaciones de último minuto, y si bien el gobierno intenta exhibir como logro el haber desactivado -al menos por ahora- este conflicto, cabe no perder de vista la irresponsabilidad que implicó consentir que este campamento creciera en forma descontrolada, como también los muy negativos precedentes que se han instalado a partir de este acuerdo. Es difícil pensar que nuestra institucionalidad y el estado de derecho puedan salir fortalecidos cuando en los hechos forzadamente se ha tenido que aplazar el cumplimiento de una orden judicial, y se está demostrando que las tomas pueden ser un vehículo efectivo de presión sobre la autoridad.

La Corte de Apelaciones de Valparaíso había instruido el desalojo de estos terrenos en julio de 2023, acogiendo un recurso de protección de los propietarios, lo que fue ratificado por la Corte Suprema en marzo del año siguiente, estableciéndose finalmente que el plazo fatal para ejecutar la medida sería a fines de enero de este año. La propia Delegación Presidencial buscó sin éxito aplazar por un año más el desalojo, no solo por el fuerte impacto social, sino porque había alertado que no se contaba con el número suficiente de carabineros para desalojar a tal cantidad de personas, ello pese al extenso período que hubo para planificar esta acción. De allí que resulte inquietante que haya quedado la impresión de que el Estado no estaba en condiciones de ejecutar una orden instruida por un tribunal al no poder proveer la fuerza pública -cabe preguntarse qué hubiese sucedido de no haberse alcanzado un acuerdo con los propietarios-, dejando en entredicho la capacidad del Estado para resguardar el derecho de propiedad.

La presión que ejercieron algunos sectores del Partido Comunista para tratar de impedir a toda costa que se cumpliera con esta orden judicial no solo los pone completamente al margen de la institucionalidad, sino que además como partido de gobierno se envía una señal muy contradictoria.

Pero probablemente el precedente más complejo de todos es que los grupos que han optado por usurpar terrenos han dejado en claro que no pretenden moverse de ahí, sin importar que de por medio existan fallos judiciales que los obligaban a dejar esos predios, obteniendo a cambio una serie de garantías. Con ello inevitablemente se transmite a la sociedad la señal de que las tomas son efectivas como medida de presión, y mientras más grandes estas sean, más difícil será hacer efectivo un desalojo, lo que claramente abre el riesgo de que otros predios en toma busquen replicar la fórmula de San Antonio. Las implicancias de aquello para el estado de derecho son múltiples, además de la evidente injusticia que representa para la mayoría de las familias que buscan acceder a una solución habitacional por las vías institucionales sin “saltarse la fila”, como ha ocurrido aquí, violentando el principio de la igualdad ante la ley.

Dado que hay miles de tomas en curso, en algunos casos tan o más grandes que la de San Antonio -baste pensar, por ejemplo, en el caso de Nuevo Amanecer en Cerrillos-, es indispensable que el ministro de la Vivienda aclare qué se está haciendo para actuar preventivamente, tanto en lo que respecta a la política de soluciones habitacionales -finalmente la existencia de campamentos es el reflejo de la falta de viviendas- como en lo referido a la desactivación de los predios ya usurpados.