Mano dura y cárceles al estilo ‘Bukele’ en las Elecciones 2026: ¿Qué propuestas son viables en la lucha contra la criminalidad?

Mano dura y cárceles al estilo ‘Bukele’ en las Elecciones 2026: ¿Qué propuestas son viables en la lucha contra la criminalidad?

De cara a las elecciones que se avecinan, los especialistas aseguran que la seguridad ciudadana será uno de los principales temas de debate. Sin embargo, surge la pregunta: ¿qué propuestas podrán implementarse efectivamente a corto plazo?

La presidenta Dina Boluarte convocó a elecciones generales para el 12 de abril del 2026. En un mensaje a la Nación, acompañada de las autoridades de los entes electorales, la mandataria se comprometió a un proceso neutral e imparcial que refleje la “voluntad popular expresada en las urnas”.

Además de la transparencia, la presidenta también aseguró que el gobierno realizará todo su esfuerzo para que las próximas Elecciones 2026 se lleven en paz, teniendo en cuenta la grave crisis de inseguridad que se vive actualmente.

“Vamos a desplegar todas nuestras capacidades humanas, materiales, y logísticas, para restablecer el orden y garantizar una campaña y un proceso electoral en orden y en paz”, prometió.

El compromiso de la presidenta llega en un momento crítico, marcado por un alarmante repunte de la criminalidad. Según datos del Sinadef, Perú ha registrado 517 homicidios hasta el 24 de marzo de 2025, lo que implica un aumento del 18% en comparación con el mismo periodo del año anterior.

Por lo que no es de extrañarse que la seguridad y la lucha contra la delincuencia y el crimen organizado sean los temas más relevantes en la próxima campaña electoral. Además de las propuestas que el gobierno y el Congreso ya presentaron para combatir el avance de la delincuencia, como: tipificar el terrorismo urbano, el plan ‘Bukele’ o implementar la pena de muerte.

Los candidatos también llegan con una estrategia de ‘mano dura’. Representantes de Fuerza Popular, Fuerza Moderna, PPC, APRA, Unidad y Paz, y el partido Morado han elaborado un plan de políticas para combatir la criminalidad, que incluye propuestas clave para mejorar la seguridad en el país. Entre las medidas planteadas, destaca la construcción de un megapenal con capacidad para 20,000 internos.

Pena de muerte y Bukele peruano

Infobae Perú recopiló las opiniones de expertos en seguridad, como el ex viceministro del Interior Ricardo Valdés y el exministro del Interior Wilfredo Pedraza, para realizar un análisis profundo sobre las propuestas que surgirán en las próximas elecciones para enfrentar la inseguridad en el país. Se discuten medidas como el aumento de penas, el despliegue de militares en las calles y la construcción de megacárceles, evaluando su viabilidad y eficacia.

Ricardo Valdés manifestó su incredulidad hacia las propuestas populistas de los candidatos, particularmente aquellas que buscan soluciones rápidas y radicales para la inseguridad. Señala que medidas como la pena de muerte, la militarización de las calles y la construcción de megacárceles son en gran parte promesas sin una base sólida en la realidad.

Valdés subraya que estas propuestas, como la pena de muerte o el retiro del Pacto de San José, no son viables a corto plazo, ya que requieren cambios constitucionales o reformas profundas que tomarían años. Además, advierte que tales medidas suelen ser más simbólicas que efectivas, ya que no abordan la raíz del problema de la criminalidad.

“Bueno, en el corto plazo la pena de muerte no se puede aplicar, va a ser algo para querer confundir. (...) La pena de muerte se aplica sobre la base de un proceso judicial. Porque hay un camino muy largo de recorrer hasta antes de quitarle la vida a una persona, ¿no? Entonces, eso va a ser parte de la campaña, estoy seguro también y seguramente va a ser algo que van a plantear muchos. Ya los hemos visto varios candidatos que la plantean, ¿no?”, comentó.

Sobre la posible implementación de un plan “Bukele” o del “Bukele peruano”, una propuesta que ha sido promovida por algunas pintas visibles en las paredes del sur de Lima, Ricardo Valdés destacó que una estrategia similar no funcionaría en Perú. Explicó que, a diferencia de El Salvador, que enfrenta principalmente el problema de las pandillas y tiene un territorio del tamaño de Lima, Perú enfrenta una realidad mucho más compleja. En el país, diversas economías y organizaciones criminales, con estructuras y dinámicas distintas, están operando activamente, lo que hace que una solución basada en el modelo de Bukele no sea aplicable.

“Con respecto al ‘Bukele’, él es conocido básicamente por haber creado esta megacárcel, donde tiene a sus principales opositores. Es decir, se concentró en la lucha contra las maras, especialmente las dos principales que operaban en San Salvador. (…) En una segunda elección, logró algunos acuerdos, pero también obtuvo votos clave que le permitieron prácticamente dominar el Congreso de la República en El Salvador, lo que a su vez le dio control sobre el Poder Judicial. Por ese lado, tiene una serie de características: un país pequeño con un problema específico de seguridad, que eran las maras, y un dominio casi total gracias a la cantidad de votos recibidos, lo que le permitió implementar su política. Pero Perú no es así”, remarcó.

Por último, consideró que un adecuado plan de seguridad debe ser integral, abarcando diversos niveles de la criminalidad. Señaló que la lucha contra la inseguridad debe incluir no solo la acción policial, sino también medidas preventivas y una colaboración efectiva entre los diferentes actores del sistema judicial y de seguridad. Según Valdés, las propuestas deben ser realistas y enfocadas en mejorar la capacidad de las instituciones encargadas de la seguridad, como la Policía, y en la implementación de políticas que aborden tanto la criminalidad urbana como las economías criminales más complejas que operan en el país.

FF.AA. en las calles y megacárceles

En la misma línea que Ricardo Valdés, Wilfredo Pedraza realiza varias críticas a las propuestas más sonadas, a las que calificó como “una venta de humo”.

Sobre la militarización de las calles señaló que es una medida inconstitucional, ya que los militares solo pueden operar en ciudades de manera excepcional. Además, resalta que los militares no están preparados para realizar investigaciones criminales, carecen del equipo necesario y no tienen suficientes efectivos para asumir esta tarea. Por lo tanto, considera que el discurso de utilizar a los militares en las calles es una “falsa promesa”.

“Los militares no tienen para operar en ciudades, sino de manera excepcional. En segundo lugar, los militares no están preparados para hacer investigaciones de carácter criminal. Y en tercer lugar, no tienen equipamiento para ese propósito y finalmente tampoco tienen un número de efectivos suficientes para dedicarlos a esta a tarea. Por tanto, si discurso de militares a la calle es también una falsa promesa porque es solo venta de humo”, indicó.

Pedraza también reflexionó sobre la propuesta de asignar a los efectivos de las Fuerzas Armadas para el control de la seguridad en las cárceles. En este sentido, y basándose en su experiencia como exjefe del Instituto Nacional Penitenciario (INPE), señaló que esta medida es ineficaz, ya que el Perú no enfrenta problemas de fugas masivas, sino, por el contrario, las principales dificultades radican en el control del interior de las prisiones.

“Nosotros en el Perú no tenemos problemas de fugas masivas constantes. Entonces, eventualmente los militares podrían ayudar al control externo, pero ese no es el problema. El problema es de control interno. Y para eso (las FF.AA. )no tienen ni recursos humanos, ni tecnológicos. Por lo tanto, militarizar cárceles es también de esas promesas totalmente vacías”, advirtió.

En cuanto a las megacárceles, Pedraza las critica por razones similares, argumentando que son inviables desde el punto de vista administrativo y de gestión. Explica que los penales de gran capacidad son inmanejables, no ofrecen control real y no resuelven el problema del hacinamiento.

“Yo he sido presidente de INPE dos veces y esos megapenales serían absolutamente inmanejables. No existe ninguna posibilidad de que la autoridad tenga un control real en penales de esa magnitud. Nosotros tenemos un penal de 10 000 presos, pero donde el desorden y el dominio de los presos, al interior penal, es absoluto, como Lurigancho”, lamentó.

Considera que, en lugar de megacárceles, la solución sería construir penales de menor capacidad, con un control adecuado para garantizar el orden y la seguridad.

“Pero si queremos hacer un penal donde haya orden, donde haya control, lo más razonable es hacer penales para 2000 o 3000 internos, donde se pueda asumir un control absoluto de la actividad diaria del interno. Los megapenales suenan bonito, pero son inviables desde el punto de vista administrativo. Inviables desde el punto de vista de gestión pacífica de un penal. Porque a ver, se trata de preparar 200 mil raciones por día para la alimentación, de transporte de cientos de trabajadores y eso no funciona”, agregó.

Líder contra la inseguridad

Urpi Torrado, gerente general de Datum internacional, indicó que las elecciones de 2026 en Perú estarán marcadas por una intensa polarización y una amplia variedad de partidos, lo que representará un desafío para los votantes. Con más de 40 partidos en la contienda, el reto será filtrar las opciones y decidir cuál realmente responde a sus expectativas.

Aunque la seguridad ciudadana será un tema central, Torrado enfatiza que lo crucial será la capacidad de los candidatos para generar credibilidad y confianza en un electorado escéptico. En su opinión, los peruanos no buscan propuestas radicales, sino un liderazgo que ofrezca autoridad y orden.

“El problema es cuando tres candidatos digan que son ellos el ‘Bukele peruano’. Entonces, al final de ser diferenciador o deja de ser una ventaja. Además uno se puede otro autoproclamar como el ‘Bukele peruano’, pero la gente no necesariamente va a creer si el candidato va a tener las mismas características, cualidades o propuestas que Bukele”, señaló en entrevista con Infobae Perú.