Ministra de Bienes Nacionales, Marcela Sandoval, por fallida adquisición de casa de Allende: “Con el decreto de Contraloría no se autoriza la compra”

Ministra de Bienes Nacionales, Marcela Sandoval, por fallida adquisición de casa de Allende: “Con el decreto de Contraloría no se autoriza la compra”

La ministra de Bienes Nacionales, Marcela Sandoval, se refirió esta tarde a la polémica generada tras conocerse de que el Ejecutivo había acordado la compra de la casa del expresidente Salvador Allende por $ 933 millones y que uno de los destinatarios de los dineros sería la actual ministra de Defensa, Maya Fernández, nieta del exjefe de Estado.

Tras regresar de forma anticipada de sus vacaciones para antender la crisis generada por el tema, la secretaria de Estado sostuvo desde la cartera que la adquisición del inmueble no estaba finalizada, y que la toma de razón de Contraloría que se informó desde el ministerio solo correspondía a una “primera etapa” del proceso.

“Acá en estos trámites hay distintas etapas (...) Estamos recién en una etapa muy inicial que es el decreto de toma de razón por parte de la Contraloría General de la República con el que se inicia la autorización de la adquisición de la residencia. Esto no significa en ningún caso finalizar un trámite, como muchos de ustedes leyeron ahí por ahí en redes sociales”, destacó.

En este sentido, agregó que “es importante hacer esta pedagogía, porque los trámites de adquisición de cualquier inmueble para el catastro del Fisco requieren de varias etapas y se inician con un decreto que toma razón en la Contraloría pero también hay varias etapas intermedias y culmina con un decreto que es aprobatorio. Eso hoy día no está sobre la mesa y con el único proyecto que vamos a continuar es con la ex residencia del mandatario (Patricio) Aylwin”.

Consultada si desde el gobierno reconocen un error al anunciar la compra del inmueble, la ministra Sandoval no abordó directamente el tema, sino que se limitó a señalar que “lo más importante es poner en valor la memoria de los expresidentes elegidos democráticamente y acá hubo una decisión de parte del gobierno, de ministerios como el nuestro, de llevar adelante estos procesos y de que, después, fueran conducentes a proyectos de memoria histórica, culturales y acá lo más importante es que cada etapa se evalúa en su mérito legal”.

Al respecto, indicó que “hoy estamos tomando una decisión porque, si comparamos ambos procesos, hoy día estamos en condiciones de decir con la familia Aylwin podemos continuar con la adquisición de esta residencia, porque hoy día no vemos ningún reparo. En cambio, hoy sí consideramos que en la actual condición de la comunidad de herederos de la familia Allende, no podemos continuar con la adquisición de esta residencia”.

Requerida, en tanto, sobre si cuando se hizo la toma de razón de la compra, desde el Ejecutivo desconocían que la casa era de copropiedad de la ministra Fernández, la titular de Bienes Nacionales señaló que “la Contraloría General de la República es un órgano autónomo, este decreto de toma de razón es un decreto que le corresponde a esta institución. Ellos han actuado en perfecta legalidad y se pronuncian sobre los actos administrativos de compra-venta”.

Ante esto, insistió en que “la comunicación que se hace pública es la decisión de adquirir la residencia de los ex mandatarios Aylwin y Salvador Allende. Eso es lo que se comunica en una primera instancia y luego, también en esa comunicación, se especifica que la Contraloría General de la República toma razón de este decreto autorizatorio de la adquisición de los inmuebles. Esto no quiere decir, reitero, que la compra ha sido finiquitada, puesto que faltan distintas etapas”.

El polémico anuncio

La decisión de comprar el inmueble de Salvador Allende -junto a otro que perteneció al expresidente Patricio Aylwin- fue comunicada por el propio Ministerio de Bienes Nacionales a través de un comunicado el pasado 31 de diciembre, donde explicitaron que la compra se haría “reconociendo el importante rol que jugaron dos exmandatarios de la República en la historia de Chile y en la construcción de nuestra patria”, por lo que “el Gobierno del Presidente Gabriel Boric Font se ha comprometido a apoyar la creación de dos casas museo en las residencias de los expresidentes Patricio Aylwin Azócar y Salvador Allende Gossens”.

Sin embargo, entendidos en el tema salieron rápidamente a aseverar que la adquisición sería inconstitucional, debido a que según lo establece la Constitución “durante el ejercicio de su cargo, los ministros estarán sujetos a la prohibición de celebrar o caucionar contratos con el Estado, actuar como abogados o mandatarios en cualquier clase de juicio o como procurador o agente en gestiones particulares de carácter administrativo, ser director de bancos o de alguna sociedad anónima y ejercer cargos de similar importancia en estas actividades”. Esto aplicaría para el caso de la ministra Fernández.

Dentro del gobierno la situación fue asumida como uno de los grandes errores de la administración. Algunos, de hecho, hablan de “autogol”, aun cuando las críticas apuntan a que la imposibilidad administrativa se le pasó al Ejecutivo, a las involucradas y a Contraloría. Tanto así que desde Bienes Nacionales coordinaron rápidamente el retorno de la ministra Marcela Sandoval desde sus vacaciones para atender la crisis.

La crisis llegó a tal punto que durante la mañana de este viernes desde el gobierno se vieron obligados a reaccionar. Uno de ellos fue el subsecretario del Interior, Luis Cordero, quien posterior a una reunión sobre seguridad con alcaldes se refirió al proceso de compra y aseguró que “la realización del procedimiento respectivo está a cargo del Ministerio de Bienes Nacionales y es en ese contexto donde se ha llevado a cabo. Es un procedimiento que todavía está en curso”.

Al ser consultado por un posible conflicto de interés producto de la situación considerando la posición de la secretaria de Estado, a lo cual el subsecretario indicó que en el proceso de compra llevado por BBNN es “donde se han hecho las evaluaciones legales”.

Por su parte, la ministra vocera de Gobierno, Aisén Etcheverry, en conversación T13 recalcó durante el día que “se está haciendo un análisis exhaustivo, legal, mirando todas las aristas para entender cuál es la mejor forma de hacer aquello para evitar cualquier problema posterior” y sostuvo que la adquisición de los inmuebles “supone análisis legales rigurosos que están en curso, incluida la consideración de que hay herederos, que son parte o que podrían ser parte de la propiedad de estas casas”.

Más tarde en Radio Duna insistió que “tanto el Ministerio de Bienes Nacionales como el de las Culturas están haciendo todos los análisis legales para asegurarnos que esto se haga de la forma correcta, totalmente apegado a la ley y con la mayor transparencia posible”.

A esto se suma que, esta jornada, parlamentarios de oposición solicitaron al Consejo de Defensa del Estado (CDE) evaluar un posible sobreprecio en la compra-venta de la propiedad, además de pedir un informe en derecho para aclarar si la transacción constituía una infracción a la Constitución Política del Estado.

Así, durante la tarde, y minutos antes de que la ministra Sandoval hablara con la prensa, desde la cartera de Bienes Nacionales comunicaron que el Ejecutivo había desistido de la compra “debido a la actual estructura de copropiedad de la comunidad de herederos del expresidente Allende”.