Nuevo tropiezo con el “amiguismo”

Nuevo tropiezo con el “amiguismo”

La sorpresiva llegada de Emilia Ríos, exalcaldesa de Ñuñoa, al cargo de subsecretaria del Deporte, ha reabierto los cuestionamientos acerca de los criterios con que el gobierno lleva a cabo sus designaciones, donde por lo visto sigue siendo evidente que continúa prevaleciendo la lógica del “amiguismo”, a pesar de los múltiples problemas que ello le ha traído a esta administración a propósito de otros nombramientos en cargos de alta figuración.

Ríos -militante del Frente Amplio, y quien no logró ser reelecta en los pasados comicios municipales- había presentado su renuncia anticipada al cargo el 13 de noviembre, para así cumplir con los plazos legales establecidos en la ley y de esa forma poder postular a algún cargo de elección popular en 2025. Sin embargo, apenas dos días después el gobierno anunció su llegada a la Subsecretaría. Desde luego, hay aquí una situación que no contribuye a prestigiar la imagen de la política, cuando ante la ciudadanía se esgrimen determinadas razones para justificar una partida antes de que expire el plazo del mandato -en este caso, para competir por un cupo parlamentario, lo que es perfectamente legítimo- las que luego, y sin ninguna explicación, son completamente pasadas por alto, sin calibrar las implicancias de este proceder.

La renuncia de Ríos ha abierto, además, una controversia jurídica, pues sectores de oposición cuestionan la legalidad de la misma, ya que conforme a su parecer no se habría ajustado a lo que la Ley Orgánica de Municipalidades establece, conforme la cual si un alcalde quiere postular a un cargo de elección popular puede renunciar al municipio sin la aprobación del concejo municipal, pero si decide hacerlo por otros motivos necesita la venia de los dos tercios de los concejales. Esto ha motivado una presentación ante la Contraloría General de la República, la que deberá dirimir si en definitiva este proceder se ajustó o no a la ley, y en caso de observar reparos, surge la interrogante de si ello podría afectar su designación.

Pero más allá de cómo se resuelva este requerimiento ante el entre contralor, lo cierto es que el gobierno otra vez tropieza en la forma como designa altos cargos, donde antes que la idoneidad para ejercer una determinada función lo que parece prevalecer es la afinidad con el Mandatario o la mera sintonía ideológica. Esta forma de actuar resulta todavía más contradictoria cuando la nueva generación en el poder esgrimió justamente como una de sus banderas más emblemáticas terminar con la lógica del amiguismo y del cuoteo, con lo cual se pretendía establecer estándares éticos y políticos superiores a lo que había mostrado la vieja política, promesa que ha terminado desvaneciéndose.

El gobierno recientemente había enfrentado fuertes cuestionamientos -incluso desde el propio oficialismo- a propósito de la designación de un expresidente de Revolución Democrática en un alto cargo de la representación chilena ante la OCDE, en París, para lo que habría sido necesario cambiar de funciones a una funcionaria altamente calificada. Otras polémicas, relacionadas con la designación de embajadores de alta figuración sin la debida experiencia -pero muy cercanos al Mandatario-, le han traído fuertes costos políticos al gobierno, por lo que resulta inexplicable que se insista en esta forma de actuar.