Oposición pidió que la reforma a la salud sea tramitada como ley estatutaria: advierten posibles vicios constitucionales

Oposición pidió que la reforma a la salud sea tramitada como ley estatutaria: advierten posibles vicios constitucionales

La senadora Paloma Valencia solicitó que la reforma a la salud sea tramitada en la Comisión Primera del Senado

La reciente radicación de la reforma a la salud en la Comisión Séptima de la Cámara de Representantes ha generado un nuevo frente de debate en el Congreso. La senadora del Centro Democrático Paloma Valencia solicitó al presidente de la Cámara de Representantes, Jaime Raúl Salamanca, que remita el proyecto a la Comisión Primera del Senado para que sea tramitado como ley estatutaria.

Valencia argumenta que, dada la relevancia y el impacto de la reforma sobre un derecho fundamental como el de la salud, el proyecto debe seguir un procedimiento más riguroso y exhaustivo.

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En una carta dirigida a Salamanca, fechada el 17 de septiembre de 2024, la congresista de oposición expresó su preocupación por el procedimiento de tramitación del Proyecto de Ley 312 de 2024, que busca transformar el sistema de salud en Colombia; y argumentó que, según la jurisprudencia y la normativa vigente, cualquier legislación que modifique sustancialmente un derecho fundamental debe ser considerada como ley estatutaria, lo que implicaría su revisión en la Comisión Primera del Senado y una revisión automática por parte de la Corte Constitucional.

“La reforma a la salud, al tocar el núcleo esencial del derecho a la salud, debe ser tramitada como una Ley Estatutaria. Cuando el ciudadano pierde el derecho a elegir quién lo asegura, se está tocando el núcleo esencial del derecho; por eso, exigimos que se respeten las normas y defenderemos que se mejore sin destruir el sistema actual”, escribió Valencia en su cuenta de X.

Modificaciones estructurales y procedimiento estatutario

Valencia subraya que el derecho a la salud ha adquirido un carácter de derecho fundamental autónomo desde la Sentencia T-760/08 y la Ley 1751 de 2015. Esta transformación normativa otorga a la salud un estatus superior que no tenía cuando se aprobó la Ley 100 de 1993, que ahora se considera insuficiente para abordar las reformas actuales. Según la senadora, modificar el sistema de seguridad social en salud a través de una ley ordinaria sería una violación de la constitución y un intento de eludir los controles establecidos para la revisión de leyes de gran impacto.

El proyecto de Ley presentado por el Ministro de Salud propone cambios significativos en la estructura del sistema de seguridad social en salud, incluyendo la posible estatización del sistema y la modificación del modelo mixto actual que permite a los ciudadanos elegir su asegurador. Valencia advierte que estas modificaciones podrían poner en riesgo la calidad y continuidad de los servicios de salud, así como la libertad de empresa, al favorecer un modelo estatal que podría resultar en un monopolio en la prestación de servicios.

En su carta, la senadora destaca que el proyecto de ley plantea “modificaciones estructurales” que requieren una deliberación constitucional extensa. La reforma no solo alteraría el modelo de aseguramiento, sino que también introduciría un nuevo esquema operativo con los Centros de Atención Primaria en Salud (CAPS) y las Instituciones de Salud del Estado (ISI), lo que podría generar conflictos de competencias y complicaciones en la transición del sistema.

Valencia enfatiza que, si el proyecto no es tramitado como una ley estatutaria, se configuraría un “vicio de procedimiento insubsanable”, que podría llevar a que la Corte Constitucional declare la ley como inconstitucional en caso de ser aprobada.

Hasta el momento, el Gobierno no ha respondido formalmente a la solicitud de la senadora Valencia. Sin embargo, mientras el Congreso avanza en la discusión del proyecto, la oposición continúa haciendo eco de sus preocupaciones, insistiendo en que cualquier cambio significativo en el sistema de salud debe ser abordado con el debido proceso constitucional para garantizar la protección de los derechos fundamentales de los ciudadanos.