Coquimbo, 20° Cielos despejados Pensiones alimenticias: ¿Responsabilidad compartida o carga desigual?
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Pensiones alimenticias: ¿Responsabilidad compartida o carga desigual?
El Ciudadano
Por Daniela Tapia
El debate sobre las pensiones alimenticias en Chile sigue siendo una fuente constante de conflicto y desigualdad. Mientras el sistema legal establece que ambos padres deben contribuir al bienestar de sus hijos, en la práctica, las madres suelen cargar con la mayor parte de la responsabilidad, tanto en términos económicos, emocionales, como en lo relacionado con las labores de cuidado.
Esto plantea una pregunta fundamental: ¿Las pensiones alimenticias, tanto en su origen como en el monto establecido por la ley, protegen realmente los derechos de los niños, niñas y adolescentes? ¿Acaso estos mínimos legales reflejan un estándar basado en principios de responsabilidad compartida o simplemente perpetúan una carga desigual impuesta por expectativas de género profundamente arraigadas?
Tradicionalmente, se ha asumido que las mujeres son las principales responsables del cuidado de los hijos, mientras que los hombres tienen el rol de proveedores. En una sociedad arraigada y fundada por el machismo preponderante, pareciera que esto es la regla general. Sin embargo, sabemos que, en la actualidad, muchas mujeres trabajan fuera del hogar y contribuyen económicamente al sustento de sus familias. Más aún, en muchos casos, son las únicas fuentes de ingresos en sus hogares.
A pesar de esto, el sistema de pensiones alimenticias sigue operando bajo la premisa de que ellas deben asumir el cuidado diario de los hijos, incluso cuando esto significa enfrentar dificultades financieras debido a los altos costos, como los de las salas cunas en Chile. Recordemos que, según un estudio realizado por Edenred (2025), este año las mensualidades en esos recintos experimentaron alzas, con montos que, en todo el país, podrían llegar incluso a los $600 mil.
Si el mínimo de pensión alimenticia es de $204.200 por hijo y $153.150 si se tienen dos o más, ¿cómo podría una madre acceder a una sala cuna para su hijo y trabajar si el promedio de las mensualidades en esas instituciones bordea los $477.000? Parece una tarea imposible, ¿verdad? A esto se suma el hecho de que el retraso en los pagos o el incumplimiento de las pensiones por parte de los padres no custodios es una problemática recurrente. En la mayoría de los casos, las madres deben compensar esa falta con sus propios ingresos y esfuerzos.
Resulta imperativo, por tanto, abrir un debate sobre la equidad en el cuidado y manutención de los hijos. Un sistema más justo debería garantizar que ambos progenitores contribuyan de manera igualitaria, no sólo en términos económicos, sino también en el tiempo y la dedicación que requieren los hijos, incluyendo las labores de cuidado.
Es fundamental cuestionar el gran peso y la carga que implica dejar que estas responsabilidades recaigan al 100% en las madres, tanto a nivel social, cultural como financiero. Para lograrlo, es clave fortalecer los mecanismos de fiscalización y cumplimiento de las pensiones alimenticias, y garantizar que los procesos legales para el cobro de las deudas de pensión sean cada vez más eficientes, rápidos y sin tantas trabas judiciales.
Hemos visto cómo el sistema con la nueva ley de responsabilidad parental se ha fortalecido, pero no ha sido suficiente. En la aplicación de la ley, hay cientos de tribunales que no cumplen con los plazos establecidos, lo que genera retrasos excesivos para las miles de madres que esperan con urgencia el dinero adeudado.
El cambio cultural es esencial para avanzar hacia una verdadera corresponsabilidad parental. Mientras las expectativas de género sigan imponiendo el cuidado infantil como una tarea mayoritariamente femenina, las mujeres seguirán enfrentando una doble o triple carga. Reformar el sistema de pensiones alimenticias no sólo es una cuestión de justicia económica, sino también de equidad en la crianza, permitiendo que tanto madres como padres ejerzan su rol de manera equilibrada y en beneficio del bienestar de sus hijos.
Es esencial que todas las instituciones del Estado comprendan la problemática y la desigualdad e injusticia en la que millones de madres siguen viviendo en nuestro país. Tengo la confianza y seguridad que un país más justo y equitativo para ellas sí es posible. Mientras eso no suceda, desde mi vereda como abogada, seguiré trabajando día a día por las millones de mujeres y madres que lo necesiten.
Por Daniela Tapia
Abogada. Estudio jurídico Abogada Virtual
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