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Perímetro de exclusión en Talagante y Melipilla sigue sin mejorar el transporte público
El Ciudadano
Por Francisco Caamaño
A más de un año de la implementación del perímetro de exclusión en las provincias de Talagante y Melipilla, los vecinos siguen esperando las mejoras prometidas en el transporte público. Pese a la millonaria inyección de recursos por parte del Ministerio de Transporte a las empresas privadas de pasajeros, la calidad del servicio no solo no ha mejorado, sino que ha empeorado en diversos aspectos, generando un creciente descontento ciudadano.
Los habitantes de comunas como Melipilla, Padre Hurtado, Isla de Maipo, Talagante, Peñaflor y El Monte continúan enfrentando serios problemas para trasladarse diariamente. La baja frecuencia de los buses, especialmente en horarios punta, las micros llenas que no se detienen en los paraderos y los constantes malos tratos a estudiantes y adultos mayores reflejan un sistema colapsado y sin fiscalización efectiva. Además, los usuarios han debido enfrentar un alza en las tarifas, sin que ello se traduzca en mejoras en la calidad del servicio.
Millonario subsidio sin resultados
El perímetro de exclusión, que comenzó a gestionarse en noviembre de 2022, establecía un convenio entre el Ministerio de Transporte y las siete empresas monopólicas que operan en la zona: Bupesa, Tasacoop, Líder, Islaval, Ruta Bus 78, Autobuses Melipilla-Santiago y Transber. A cambio de un millonario subsidio, estas compañías debían garantizar mejoras en frecuencia, calidad de la flota y un sistema de fiscalización con GPS para monitorear su desempeño. Sin embargo, a la fecha, solo dos de estos compromisos (GPS y Aplicación Movil) han sido cumplidos.
Vecinos denuncian que el Ministerio de Transporte y el Seremi de la Región Metropolitana no han realizado fiscalizaciones efectivas ni aplicado sanciones a las empresas que incumplen con el servicio. Pese a que el contrato estipula que las líneas con un cumplimiento inferior al 70% pueden ser canceladas y reemplazadas por nuevos operadores, esto no ha ocurrido, permitiendo que las mismas compañías sigan operando sin mejoras sustanciales.
Ausencia de fiscalización y falta de transparencia
Mientras tanto, el Estado sigue destinando miles de millones de pesos anuales a estas empresas sin que exista un control efectivo sobre el uso de los recursos y sin que los habitantes de la zona vean mejoras en su calidad de vida.
El descontento de la ciudadanía va en aumento y las organizaciones comunales por el transporte han comenzado a exigir explicaciones y acciones concretas al Ministerio de Transporte. La falta de avances en el perímetro de exclusión demuestra que las promesas de regulación y mejora del servicio han sido, hasta ahora, solo un anuncio vacío.
Por Francisco Caamaño
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