Personas en quiebra se duplican en último año y liquidaciones de empresa caen 41%

El Observatorio Estadístico de la Superintendencia de Insolvencia y Reemprendimiento presentó un balance que evidencia importantes contrastes en las cifras de 2024. La entidad pública, autónoma, pero vinculada al Ejecutivo a través del Ministerio de Economía, tiene la misión de fiscalizar los procedimientos concursales regulados por la Ley N.º 20.720.

El análisis mostró una disminución del 41% en el número de empresas declaradas en quiebra, que bajó de 1.097 casos en 2023 a 652 en 2024. En contraste, los procesos de renegociación de deudas de personas naturales aumentaron un 144%, pasando de 807 casos a 1.968. Asimismo, las liquidaciones (quiebras) de personas naturales se duplicaron, con 4.709 casos en 2024 frente a los 2.329 del año anterior, lo que representa un aumento del 102%.

Respecto a los procedimientos concursales de empresas, las reorganizaciones aumentaron de 49 casos en 2023 a 70 en 2024, lo que equivale a un incremento de 43%.

Entre las reorganizaciones más destacadas se encuentran empresas como Inmobiliaria Chamizero, Andacor (operadora de El Colorado y Farellones), Multitiendas Corona, Constructora Armas y Club de La Unión. Por otro lado, las liquidaciones incluyeron a empresas como la papelera Dimar, con 50 años de trayectoria; la publicitaria Glöbal; y EvoluSun, adjudicataria del programa Casa Solar en Puente Alto.

Análisis

Ricardo Reveco, socio de Carey, destacó una estabilización en la baja de las liquidaciones empresariales, aunque con una alta incidencia en los sectores inmobiliario y de la construcción. “Las industrias inmobiliaria y de la construcción aún no logran recuperarse. Es crucial implementar políticas públicas que prevengan estas quiebras, especialmente en empresas que podrían contribuir a reducir el déficit habitacional”, señaló. Además, mencionó la ausencia de procedimientos de reorganización extrajudicial, un mecanismo común en otros países, como Estados Unidos, bajo el modelo de Chapter 11.

Otro desafío relevante es la falta de financiamiento DIP (debtor-in-possession). Según Reveco, casos como LATAM y WOM han optado por procesos concursales en Estados Unidos, evidenciando deficiencias en el mercado y la regulación local.

“Es probable que durante 2025 continúe la tendencia de que empresas relevantes que requieran financiamiento DIP, como ocurrió con LATAM y WOM, opten por iniciar sus procesos concursales en Estados Unidos por razones de conveniencia. Esto evidencia una falencia del mercado chileno para retener esos casos, a menos que se implementen cambios significativos en la regulación y el mercado local. En este aspecto, también estamos ‘al debe’”, señaló.

La liquidadora Valeria Cañas subrayó el impacto de la reforma de la Ley N.º 20.720, que desde agosto de 2023 clasificó a las personas naturales que emiten boletas de honorarios como deudoras individuales, y no como empresas. “Para una visión precisa, es fundamental contar con estadísticas depuradas que reflejen exclusivamente las liquidaciones empresariales”, explicó. Según los datos más recientes, los sectores con mayor incidencia en las quiebras fueron el comercio mayorista y minorista (23,16%), la construcción (20,72%) y la industria manufacturera (13,81%).

Variables

Luis Felipe Castañeda, socio de Castañeda y Pino, afirmó que 2024 fue un año marcado por una notable variabilidad. “Comenzó con una aparente tendencia a la baja en materia de insolvencia y reorganizaciones; sin embargo, en el segundo semestre el panorama cambió, registrándose un aumento significativo en el número de reorganizaciones y, en menor medida, pero también relevante, de liquidaciones”, explicó.

El experto destacó que el mercado inmobiliario es actualmente el más afectado. “Estamos enfrentando lo que se denomina una ‘tormenta perfecta’. Las cifras económicas no son alentadoras, a pesar del optimismo del gobierno, y las tasas de interés han contribuido a complicar aún más el escenario. Además, el exceso de oferta en el mercado inmobiliario, con grandes stocks de oficinas y departamentos que no han logrado venderse a pesar de las ofertas de precios, ha llevado a muchas constructoras e inmobiliarias a incumplir sus obligaciones financieras, especialmente con la banca y los acreedores de capital preferente. En muchos casos, esto ha derivado no solo en reorganizaciones, sino en liquidaciones”, sostuvo.

Castañeda proyectó que esta situación se mantendrá durante gran parte de 2025 y que los efectos podrían extenderse a otros sectores vinculados al mercado inmobiliario, como el consumo masivo y los proveedores de materiales de construcción. “Es importante no perder de vista al sector agrícola, que también podría verse afectado directa o indirectamente”, agregó.

Por su parte, el Superintendente Hugo Sánchez recordó que la actualización de la Ley 20.720 introdujo nuevos procedimientos simplificados para personas y especialmente para micro y pequeñas empresas (MIPEs) “Esperamos que estos procedimientos sigan creciendo en número, ya que son más accesibles, menos costosos y con menos burocracia, lo que reduce la duración de estos procedimientos de manera significativa. Este año continuaremos fortaleciendo nuestro trabajo en educación financiera a través de charlas y capacitaciones en todo el país para que las personas sobreendeudadas y las mipes en insolvencia conozcan oportunamente sus derechos y las opciones que tienen para superar sus problemas financieros”.

El Superintendente, también resaltó el impacto de la nueva Ley de Insolvencia, vigente desde agosto de 2023, “la cual ha facilitado el acceso a la renegociación al incluir a quienes emiten boletas de honorarios. Actualmente, el 67% de las solicitudes corresponden a personas en esta situación tributaria”.